Crisis por nombramiento de fiscales sume en incertidumbre a Honduras

Crisis de gobernabilidad por nombramiento de fiscales sume en incertidumbre a Honduras  

*Elección de fiscales “interinos” en Honduras está lejos de ser una base para la instalación de la CICIH. Comienza a mencionarse la Carta Democrática en la OEA. 

**Estados Unidos y otros miembros de la comunidad internacional señalan preocupación por crisis institucional en Honduras. 

***Con la proximidad del año electoral, mayor violencia e incertidumbre se avizora en Honduras, según analistas. 


Aimée Cárcamo, Sharon Ardon y Yarely Madrid
Expediente Público

El nombramiento provisional de un fiscal general y adjunto, por medio de una Comisión parlamentaria, y en medio de una violenta jornada en el Congreso Nacional, encendió una alerta roja en la comunidad internacional sobre la crisis en Honduras.

Estados Unidos manifestó preocupación por la crisis de gobernabilidad mientras expertos consultados por Expediente Público temen que fracase el establecimiento de un mecanismo internacional contra la corrupción en este país centroamericano.

El optimismo que despertaron los comicios masivos de 2021, con la elección de la primera presidenta en la historia hondureña, se ha erosionado, señalan analistas del ámbito nacional e internacional consultados por Expediente Público.

La forma de hacer política sigue siendo prácticamente la misma, dijeron.

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Alarma en la comunidad internacional

Para Eric Olson, director de políticas e iniciativas estratégicas de la Fundación Internacional de Seattle (SIF), los mensajes públicos de los funcionarios como la embajadora de Estados Unidos en Honduras, Laura Dogu, indican el nivel de alarma y de preocupación que existen por los acontecimientos de los últimos días.

El conflicto parlamentario entre el oficialismo del gobierno de Libertad y Refundación (Libre) y la oposición es “un tema de preocupación para los gobernantes y las autoridades de Estados Unidos”.

La inquietud se extiende también a la sociedad civil, organizaciones filantrópicas, sector privado y fundaciones, antes eran optimistas de que Honduras superaría sus conflictos internos y políticos, pero que ahora dudan, dijo Olson a Expediente Público.

“En general hay una preocupación, una alarma por esos hechos y la falta de respeto a los deberes del Congreso”, agregó en referencia a la pausa de dos meses en las sesiones.

«Alerto roja» por crisis en Honduras

A su vez, la directora del Programa de Independencia Judicial de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), Úrsula Indacochea, declaró a Expediente Público que la violencia en el Congreso hondureño y la escalada de tensión entre las fuerzas políticas son vistas por la comunidad internacional “como una alerta roja respecto de lo que podría pasar en los siguientes meses”.

Muestran “una incapacidad de las fuerzas políticas para ceder sus posiciones y llegar a consensos necesarios”, afirmó.

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Para Indacochea, las élites políticas tienen clara la importancia de mantener control sobre la Fiscalía, ya sea para garantizar impunidad o también para neutralizar los esfuerzos de justicia que vienen desde diversos sectores.

La forma de hacer política sigue siendo casi la misma, y eso es preocupante desde un punto de vista democrático, indicó.

“Si cada vez que se cambia de gobierno las instituciones van a cambiar de mano, entonces estamos debilitando la institucionalidad democrática y por tanto debilitando la democracia”, sentenció.

¿Qué pasará con la CICIH?

En relación al futuro de una Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH), una promesa del Gobierno de la presidenta Xiomara Castro, Eric Olson, indicó que “todos queremos que haya una CICIH poderosa, con muchas capacidades”, pero ese sueño se aleja cada vez más.

El hecho de que ya se van a cumplir dos años del actual Gobierno y que no se sabe mucho de lo que está pasando con las negociaciones más la falta de decisión política y consensos para la elección del fiscal general aleja cada vez más la posibilidad de una CICIH fuerte.

La negociación sigue en la primera fase del Memorando de Entendimiento firmado con las Naciones Unidas en diciembre de 2022.

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Diputados fallan a los hondureños

Olson expresó que la elección del fiscal general y adjunto interinos con los nueve votos de la Comisión Permanente no es una buena respuesta a la demanda ciudadana de una justicia neutral e independiente.

Parece más una maniobra política, lo cual daña tanto al Poder Judicial, los intereses ciudadanos y socava el Estado de Derecho, dijo.

Mientras, Indacochea reflexionó que la elección de fiscales provisionales es muy problemática de cara a la llegada de la CICIH, porque vuelve a esas autoridades vulnerables frente a las fuerzas que las eligieron y que podrían reemplazarlas.

A su criterio el nombramiento “no es justamente el escenario que se necesita para establecer una CICIH”, ya que se necesita una fiscalía independiente del poder político.

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¿Intervendrá la OEA?  

La crisis en el Congreso hondureño generó el inusual mensaje del embajador de Estados Unidos ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Frank Mora. Para Indacochea es una señal de que la crisis en Honduras podría convertirse en un tema de Carta Democrática Interamericana o que se pueda tratar en el foro político de ese organismo. 

“Cuando se producen situaciones graves de quiebre constitucional hemos visto que el Departamento de Estado se ha pronunciado, pero que se pronuncie el representante de Estados Unidos ante la OEA manda un mensaje de preocupación desde ese foro”, indicó. 

Explicó que, en la práctica, significa que se podrían adoptar decisiones como enviar una misión o encargar a la Comisión Interamericana que haga un informe detallado de la situación, “el hecho de que la Comisión Interamericana se haya pronunciado apunta en ese sentido”. 

La suspensión de la participación del Estado en la Asamblea General “es la medida más drástica, que no estamos en un escenario así, por supuesto, pero que otros países sí lo han estado”, dijo Indacochea. 

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Poderes fácticos causan crisis

En entrevista con Expediente Público, el analista político hondureño, Manuel Torres Calderón, determinó que detrás de este conflicto de intereses no percibe uno, sino varios poderes fácticos que se posicionan en un proyecto político partidista.

Calderón agregó que el partido oficialista, Libertad y Refundación (Libre), a pesar de ser un “poder fáctico en sí mismo”, en su opinión, “entra en contradicción con círculos tradicionales del poder de las élites».

Torres analizó la posición adoptada por la oposición en este conflicto, recordando que se mostraba dispuesta a negociar con Libre en relación al nombramiento del fiscal.

Per eso “no respondía principalmente a intereses del país”, sino que era fundamentalmente “en la defensa de sus propios intereses”.

Escalada de violencia

La directora para Centroamérica de la Oficina en Washington para asuntos Latinoamericanos (WOLA), Ana María Méndez, manifestó a Expediente Público que la crisis en Honduras comenzó con la paralización del Congreso Nacional y continuó en escalada con un “rompimiento del orden constitucional”.

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Méndez destacó que detrás de la elección de las nuevas autoridades del Ministerio Público existen otras intenciones orientadas a “generar crisis institucional y separación de los poderes, que lleve a lo que muchos han denominado un golpe de Estado”.

A su criterio existe un “temor enorme de perder poder o privilegios, principalmente la impunidad bajo la inmunidad a la que estos autores están sujetos”.

Alertó que el problema puede ir en escalada y que Honduras, lamentablemente, se caracteriza por niveles de violencia muy grandes a nivel no sólo de política, sino del país en sí.

Por último, cuestionó que el gobierno de Honduras se base en la excusa de no intervención y “soberanía” para no aceptar los llamados de Estados Unidos a resolver la problemática de manera democrática.

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Amenazas a la democracia de Honduras

La democracia en Centroamérica está bajo una amenaza muy clara, en unos países más que en otros, dijo Olson. Señala que la misma no existe en Nicaragua y que en El Salvador se apronta a unas elecciones en las que el candidato principal (el presidente Nayib Bukele) debería estar excluido.

Reflexionó que tener un Congreso que funcione, una Fiscalía y un sistema judicial independientes, así como la capacidad de combatir la corrupción, son las bases de un país democrático, con estabilidad y capacidad de crecimiento económico y en el que hay deseo de invertir. Esos elementos faltan en el caso de Honduras.

Olson recordó que con la llegada del actual gobierno había optimismo y hasta la vicepresidente de Estados Unidos, Kamala Harris, estuvo presente en su inauguración. Sin embargo, se erosiona debido a varios factores que dan la impresión de que la democracia en Honduras está debilitada.

La corrupción y la falta de compromisos con principios democráticos atentan contra la salud de Honduras, continuó Olson.

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Honduras y las reformas que necesita

Planteó que, si no hay reformas profundas y una manera diferente de ver al Estado, “no sólo qué voy a aprovechar yo del Estado, sino cómo podemos llegar a consensos para sacar adelante el país y el pueblo”, sin importar cuántas elecciones haya, no cambiará fundamentalmente la cultura que existe en Honduras.

“Nos avecinamos a un escenario incierto”, dijo Torres Calderón por su parte, al recordar que 2024 comienza el año electoral, “si es que no ha sido permanente” en el actual gobierno, con la celebración de las elecciones primarias.

A tenor del acontecer actual, “lo que vamos a ver es mayor confrontación interna, mayor vulnerabilidad social”.

Pero el signo principal que rodea el futuro inmediato del Honduras es la incertidumbre la cual paraliza cualquier tipo de iniciativa económica, dificulta los proyectos sociales e impide la cohesión de la sociedad hondureña, puntualizó.