Berta Valle y Victoria Cárdenas denuncian detenciones de sus maridos. Lucharán para que estas elecciones no sean reconocidas como legítimas por la comunidad internacional.

Esposas de precandidatos presidenciales presos en Nicaragua demandan su libertad

*Berta Valle y Victoria Cárdenas continúan sus acciones con la comunidad internacional para lograr que sus esposos, Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro sean liberados por el régimen de Daniel Ortega.

**Durante la participación en una conferencia en el Wilson Center, en Washington DC, advirtieron que si no liberan a los seis precandidatos presidenciales, las elecciones de noviembre en Nicaragua no deben ser reconocidas como legítimas.


Expediente Público

Si hay algo que Berta Valle y Victoria Cárdenas tienen claro es que no se darán por vencidas en luchar por la liberación de sus esposos, los precandidatos opositores nicaragüenses Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro. Ambos fueron encarcelados por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo desde hace más de 40 días, acusándolos con la llamada «Ley de los Pueblos» por supuestamente gestionar sanciones en la comunidad internacional contra funcionarios y el mismo gobierno de Nicaragua por abusos a los derechos humanos.

Ambas mujeres han visitado esta semana Washington, la capital de Estado Unidos, para abogar por la liberación de sus esposos y de los más de 140 presos políticos que están detenidos en las cárceles nicaragüenses.

“Quiero a mi esposo de regreso”, dijo emocionada hasta las lágrimas Valle, durante una entrevista junto a Cárdenas en un programa de The Wilson Center titulado “La crisis latente de Nicaragua y la respuesta política de Estados Unidos”, este 22 de julio.

“Quisiera volver a Nicaragua, estar exiliada tres años no es fácil. Es duro hablar cada noche con mi hija Alejandra cuando pregunta por qué su papá no está junto a ella”, dijo Valle, esposa de Maradiaga, uno de los aspirantes presidenciales detenido.

Valle y Cárdenas brindaron dramáticos testimonios sobre el arresto y desaparición de sus esposos a manos de fuerzas de seguridad del régimen Ortega-Murillo.

“Es una violación dramática de sus derechos humanos. Está detenido sin razones legales. Sus abogados no tienen acceso a él, está en total indefensión”, denunció Cárdenas, esposa de Chamorro.

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14 meses sin ver a Maradiaga 

Berta Valle calificó la detención de su esposo como un “secuestro” e hizo un recuento de toda la campaña represiva que ha sufrido Maradiaga, un destacado politólogo que buscaba ser candidato presidencial en los cuestionados comicios del 7 de noviembre en Nicaragua.

“Félix fue técnicamente secuestrado el 8 de junio cuando asistía a una entrevista en la Fiscalía. Después de eso fue detenido por la Policía, golpeado en el rostro y llevado con destino desconocido. No sabemos cómo está, si ha recibido sus medicamentos, si come. Él está técnicamente desaparecido”, denunció Valle, quien describió la situación como “desesperante”.

La expresentadora de televisión recordó que la persecución de Maradiaga inició mucho antes del 2018, desde que cuando fue a las calles a protestar y denunció que Daniel Ortega pretendía constituir una dictadura en Nicaragua.

“Desde 2018, la persecución fue más dura, fue golpeado varias veces. Tuvo que salir del país, también mi hija Alejandra y yo tuvimos que exiliarnos”, relató en el programa de The Wilson Center.

Antes de ser detenido, Migración y Extranjería de Nicaragua le quitó el pasaporte a Maradiaga sin justificación, “lo que lo ha convertido en un prisionero dentro de Nicaragua por más de un año”, dijo su esposa.

Luego, desde septiembre de 2020, la Policía empezó a perseguirlo, había patrullas detrás de él las 24 horas de los siete días de la semana y le prohibieron salir de la casa, imponiéndole de facto arresto domiciliar.

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“No podemos volver a Nicaragua” 

Virginia Cárdenas afirmó que no puede volver a Nicaragua después del brutal allanamiento policial y la detención de su esposo Juan Sebastián Chamorro, el pasado 8 de junio.

“Juan Sebastián fue sacado violentamente de nuestra casa, sin orden de arresto. Se lo llevaron, allanaron ilegalmente mi casa por cuatro horas, revisaron cada esquina de la casa y se llevaron lo que quisieron. Mi hija y yo no podemos volver” al país centroamericano, denunció Cárdenas, quien también ha sufrido el asedio fiscal por parte del régimen.

En los más de 40 días que Juan Sebastián Chamorro lleva detenido a su familia no se le ha permitido verlo y se le ha negado que un abogado de su preferencia asuma su defensa. Por solicitud de la Fiscalía, a Chamorro se le impuso 90 días de arresto mientras siguen las «investigaciones», el mismo período de cárcel cumplen los otros 26 políticos y empresarios opositores y periodistas independientes que también fueron acusados de «traición» por el gobierno de Ortega.

“Mi esposo es un pacifista y cree en la democracia, en una transición democrática y ha estado luchando por un cambio en Nicaragua. Él ama a Nicaragua y ha decidido trabajar por Nicaragua”, dijo Cárdenas.

La esposa de Juan Sebastián relató que la represión se ha intensificado a tal nivel que hasta llevarle comida a la cárcel de máxima seguridad conocida como El Chipote, ubicado al sur de Managua, la capital, es cada vez más difícil: “solo aceptan agua y no sabemos si se la entregan”.

Según Cárdenas, “no hay forma que él pueda usar la ley para defenderse, no hay nada que podamos hacer más que denunciar y pedir a la comunidad internacional que nos ayuden a liberar a nuestros esposos y a todos los presos políticos”.

“No pararemos hasta que nuestros esposos sean liberados”, enfatizó Cárdenas.

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Elecciones ilegítimas

Tanto Valle como Cárdenas cuestionaron la legitimidad de las elecciones del 7 de noviembre próximo bajo las condiciones actuales y con seis precandidatos detenidos.

Además de Juan Sebastián Chamorro y Félix Maradiaga, el régimen sandinista mantiene en cárcel a la precandidata independiente y periodista Cristiana Chamorro Barrios; al periodista y propietario del medio 100% Noticias, Miguel Mora; al catedrático y exembajador Arturo Cruz y al líder campesino Medardo Mairena.

Ellos fueron apresados violentamente y violando todas las garantías legales en una tenebrosa jornada de represión que inició a finales de mayo y se desarrolló en el mes de junio y julio, cuando los policías de Ortega-Murillo arrestaron a 27 personas, entre empresarios, periodistas, activistas políticos, estudiantes, campesinos, exguerrilleros sandinistas y feministas.

El exguerrillero contra Luis Fley, otro precandidato presidencial, se fue al exilio por la persecución sandinista y la abogada y catedrática María Asunción Moreno, quien había anunciado sus intenciones presidenciales, vive en la clandestinidad por la persecución judicial iniciada en su contra a raíz de anunciar sus ambiciones políticas.

“¿Cómo podemos hablar de elecciones libres y justas en Nicaragua cuando tenemos seis precandidatos presidenciales en prisión solo por querer postularse y competir contra Daniel Ortega?”, se pregunta Valle.

Según la esposa de Maradiaga, “Daniel Ortega quiere quedarse en el poder para siempre. Creo que está siguiendo la misma estrategia de Cuba y Venezuela, violando todo tipo de leyes. En Nicaragua no tenemos Estado de Derecho”.

Triunfo de Ortega sería «farsa»

“Si los nicaraguenses lo apoyaran (a Ortega), debería estar abierto a competencia, pero el regimen reacciona de forma desesperada para mantener el poder”, subrayó.

Cárdenas coincidió con Valle en que el resultado de las elecciones de noviembre no puede ser reconocido por la comunidad internacional.

“Esta hubiera sido una oportunidad para el gobierno de demostrar que sí quieren elecciones libres, que den oportunidades a los precandidatos a registrarse, si no los liberan ¿cómo puede la comunidad internacional aceptar esas elecciones como legítimas? “, se preguntó Cárdenas.

“Si ellos siguen desaparecidos, ¿cómo puede haber elecciones? No se puede reconocer la elección como legítima ni a Daniel Ortega como presidente de Nicaragua”, enfatizó.

Para Valle es muy importante que la comunidad internacional se dé cuenta que los nicaragüenses “no tenemos ninguna oportunidad de tener elecciones libres”.

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Sin libertades públicas 

Valle, quien ha sido periodista de televisión por 15 años, describió como “horrible” la situación de la libertad de prensa en Nicaragua. Relató la experiencia de un colega periodista que no podía hacer un reporte sobre el covid-19 porque la gente tenía miedo de hablar.

“La gente no quería hablar sobre el covid-19 porque el gobierno puede encarcelarlos”, explicó.

Los medios independientes están luchando contra la persecución del régimen Ortega-Murillo, la cual ha impuesto leyes que castigan penalmente a los comunicadores que denuncien los abusos de derechos humanos cometidos.

En 2018 hubo más de 80 periodistas exiliados y ahora hay una nueva ola de exilios por las mismas razones de persecución.

Valle recordó los casos de los periodistas Carlos Fernando Chamorro y Miguel Mora, el primero exiliado por segunda vez después que policías allanaron su vivienda y quisieron arrestarlo y el segundo preso político por segunda ocasión. A ambos les confiscaron los edificios de sus medios.

“La libertad de prensa y de expresión está amenazada por un apagón noticioso, los periodistas están amenazados por el gobierno. El régimen tiene control de los medios”, denunció Valle.

Recuento imparable 

Durante la entrevista, el embajador Mark Green, director Ejecutivo de The Wilson Center hizo un recuento de las “innumerables violaciones de derechos humanos” que ha sufrido el pueblo nicaragüense y recordó la detención de más de 140 presos políticos, desde las protestas sociales que iniciaron en abril del 2018 en Nicaragua.

“Queda poco o ningún debido proceso y las instituciones independientes van en rápida desaparición”, expresó Green.

El director del Wilson Center recordó que en 2018, “la acumulación de desesperación permitió a los jóvenes nicaragüenses de todo el país tomar las calles y protestar pacíficamente, lamentablemente, el poder del pueblo fue recibido con crueldad y brutalidad”.

Como respuesta a las protestas, la represión estatal dejó un saldo sangriento de 328 muertes, más de 2,000 heridos y más de 100,000 personas en el exilio.

Green criticó también la nueva ola de detenciones de dirigentes políticos, periodistas y líderes empresariales y denunció cómo el Consejo Supremo Electoral canceló la personería jurídica de dos partidos opositores y recordó que tanto la administración Trump como la administración Biden han impuesto sanciones contra funcionarios e instituciones del régimen de Ortega.

“Pero claramente se necesita hacer más, también necesitamos que los países de América Latina, especialmente en América Central, escuchen los llamados a la libertad y la democracia del pueblo de Nicaragua para ayudarnos a resolver la situación actual en ese país”, dijo Green.

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