*Directivos parlamentarios, funcionarios del poder judicial y de la Unidad de Análisis Financieros de Nicaragua se agregan a Lista Engel, así como dos expresidentes salvadoreños corruptos protegidos por el régimen de Daniel Ortega.
**En Honduras se agrega al presidente del Partido Liberal, el empresario Yani Rosenthal.
***Persecutores judiciales de periodistas son incorporados por Estados Unidos en el listado de corrupción en Guatemala.
Expediente Público
El Departamento de Estado saludó este 19 de julio al régimen de Daniel Ortega, con una fuerte tanda de 13 de sus funcionarios nicaragüenses sancionados bajo la denominada Lista Engel de actores corruptos y antidemocráticos de Centroamérica, además de dos expresidentes salvadoreños protegidos por el régimen de Nicaragua.
La designación se da mientras el régimen de Ortega conmemora hoy el 44 aniversario de la llamada revolución sandinista.
El año pasado 23 jueces y fiscales fueron designados. Esta vez, encabeza la lista la actual procuradora general Wendy Morales, por «utilizar» su cargo para confiscar propiedades a opositores y a más de tres mil ONG’s que han sido confiscadas y cerradas ilegalmente.
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Matthew Miller, portavoz del Departamento de Estado, declaró la tarde de este miércoles que «esta lista identifica a las personas que a sabiendas se han involucrado en actos que socavan los procesos o las instituciones democráticas, en actos de corrupción significativos o en la obstrucción de investigaciones sobre tales actos de corrupción en Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador».
Ortega como los nazis
En febrero de este año 222 opositores que estuvieron detenidos ilegalmente hasta tres años sin poder ver a sus familias, sin derecho a abogado y sentenciados en juicios ilegales, fueron desterrados de Nicaragua a Estados Unidos. Ortega ordenó que se les quitara la nacionalidad nicaragüense.
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También Ortega y su esposa Rosario Murillo, exigieron que estos funcionarios señalados confiscaran los bienes de estas personas, se les retiró sus registros ciudadanos, títulos y hasta sus pensiones.
La desnacionalización solo se había visto durante la Alemania nazi y en regímenes dictatoriales y sangrientos como el de Augusto Pinochet en Chile.
En abril de 2018 se desató una crisis sociopolítica en Nicaragua debido a protestas sociales que dejaron al menos 355 muertos a manos de grupos de choque, paramilitares, policías y soldados del Ejército que dispararon contra civiles y hasta menores de edad a quienes incluso por órdenes de Ortega y su esposa Rosario Murillo se les negó la atención médica en hospitales estatales y privados.
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La lista Engel se creó en 2021 para designar a actores corruptos de Guatemala, Honduras y El Salvador. Las sanciones incluyen la cancelación de visas o permiso de ingresar a Estados Unidos, así como la congelación de bienes en ese país.
En ellas están cuatro miembros de la actual Junta Directiva de la Asamblea Nacional (Parlamento) de Nicaragua: Arlin Alonso, Gladis Báez y Loria Dixon de la bancada del Frente Sandinista, así como Alejandro Mejía Ferreti, del partido colaboracionista Alianza Liberal Nicaragüense (ALN).
Los parlamentarios fueron señalados por quitarle la nacionalidad a cientos de ciudadanos nicaragüenses.
Sanción a la UAF que persigue solo a opositores
Incluye la lista a los exmilitares Denis Membreño, director de la Unidad de Análisis Financiero y su subdirector, Aldo Sáenz, por «socavar procesos o instituciones democráticas al participar en una campaña coordinada para reprimir la disidencia utilizando su cargo para facilitar la incautación de activos de 94 disidentes políticos en el exilio y 222 expresos políticos, sin base legal alguna”.
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También fue designada Marta Díaz, vicesuperintendente de Bancos de Nicaragua «por proporcionar información financiera» de opositores, y Sagrario Benavides, subdirectora del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) por actuar políticamente para «cancelar y confiscar las pensiones de los adversarios políticos sin una base legal».
La directora de registro de propiedad Valeria Halleslevens, fue agregada por participar en la campaña contra opositores, que incluye la confiscación de bienes de miles de organizaciones políticas y líderes antigubernamentales.
También fueron designados las magistradas de Apelación Rosa Solís y Ángela Dávila, y el director de Registro de la Corte Suprema de Justicia, Eduardo Ortega, también por suprimir la nacionalidad a 316 nicaragüenses opositores.
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Guatemala: perseguidores de periodistas
En un momento que se debate la segunda vuelta electoral en Guatemala, la lista Engel agregó a 10 funcionarios más, la mayoría actores judiciales que condenaron al director de El Periódico, José Rubén Zamora y a otros periodistas. El año pasado fueron designadas 16 personas.
La fiscal Cinthia Monterroso, los jueces Fredy Orellana y Jimmy Bremer, presentaron cargos penales sin fundamentos y con motivaciones políticas contra periodistas por ejercer su libertad de expresión.
En la lista de Guatemala está Joviel Acevedo Ayala, líder del Sindicato de Trabajadores de la Educación por dar apoyo político a cambio de sobornos, así como Edgar Navarro, expresidente administrador del mercado mayorista de energía, el actual presidente del Instituto Nacional de Electrificación, Melvin Quijivix y Omar Barrios, presidente de la Comisión Nacional Portuaria, así como Gendri Reyes, extitular de Gobernación, el rector de la Universidad de San Carlos Walter Mazariegos, son también parte de la lista de designados.
Un total de 36 guatemaltecos han sido nombrados “actores corruptos y antidemocráticos” en la lista que se publica anualmente.
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Honduras: casos de corrupción
Unos 37 hondureños han sido designados en la lista anual de actores corruptos y antidemocráticos que elabora el Departamento de Estado de EEUU, este año la lista incluye al exgerente de Inversión Estratégica, Alex Moraes, por malversar fondos para atacar la pandemia de COVID-19.
Yani Benjamín Rosenthal Hidalgo, el actual presidente del Partido Liberal en Honduras, excandidato a la presidencia que pagó condena por narcotráfico, se le incluyó en la lista porque «socavó procesos o instituciones democráticas al manipular el resultado de la elección de la Corte Suprema de Justicia en 2023 para su beneficio personal y político.
Rosenthal también usó su influencia con los funcionarios del Gobierno para eludir la responsabilidad por aparentes violaciones de la ley hondureña por parte de su compañía de cable de propiedad familiar».
Además: 34 funcionarios, empresarios y políticos de El Salvador y Guatemala en lista de corruptos de EE.UU.
Otros hondureños que ingresan a la lista son Alexander López, alcalde de El Progreso y secretario general del Consejo Ejecutivo Central del Partido Liberal, quien incurrió en corrupción significativa al adjudicar indebidamente contratos municipales multimillonarios a sus aliados políticos.
Edna Yolany Batres Cruz, exministra de Salud, por confabularse con funcionarios de esa institución y empresarios del sector privado para adjudicar indebidamente contratos gubernamentales.
Además, están Jesús Arturo Mejía Arita, exgerente general de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica de Honduras (ENEE), y Marcelo Antonio Chimirri Castro, exdirector de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones, entre otros.
Solo seis salvadoreños
Por El Salvador dos expresidentes nacionalizados nicaragüenses Mauricio Funes y Salvador Sánchez Cerén y cuatro empresarios, la mayoría banqueros fueron designados. Estos exmandatarios salvadoreños escaparon a Nicaragua donde Ortega los protege dándoles nacionalidad para que no enfrenten los cargos de corrupción y malversación de fondos públicos en su país.
En los dos años anteriores habían nombrado a otros 20 actores corruptos y antidemocráticos.
El expresidente del Centro Internacional de Ferias y Convenciones José Menéndez, el expresidente del Banco Hipotecario, Carlos Ortiz, y su vicepresidente Carlos Cruz, el exoficial Jolman Ayala fueron también designados por sobornos y lavado de dinero.
