Nicaragua, lista Engel

Nicaragua: los 23 jueces y fiscales del régimen en lista Engel por simulacros judiciales 

*Departamento de Estado aún no oficializa al Congreso la ampliación de la lista Engel que incluye a funcionarios señalados de corrupción y crímenes en Centroamérica. 


Expediente Público

Un reporte del Departamento de Estado de Estados Unidos, divulgado por el periodista Jeff Ernest, indica que al menos 23 fiscales y jueces nicaragüenses ingresarían a la lista de actores corruptos o implicados en crímenes de conformidad con la Sección 353(b) de la Ley de Compromiso Mejorado del Triángulo Norte, conocida como lista Engel, por su principal impulsor, el congresista Eliot Engel. El Departamento de Estado aún no hace oficial el listado que incluye además a funcionarios y exfuncionarios de El Salvador, Honduras y Guatemala.

“Bajo la Sección 353, las personas extranjeras identificadas en el informe presentado al Congreso generalmente no son elegibles para visas y admisión a los Estados Unidos y cualquier visado vigente será revocado inmediatamente y cualquier otro visado o entrada válido cancelada”, indica el reporte. 

“Este informe incluye a las personas que el secretario (de Estado) ha determinado que han participado en la actividad pertinente basada en información creíble o denuncias de la conducta en cuestión, de informes de los medios de comunicación y otras fuentes”, agrega el documento.

Tras el informe hecho público por Ernest, fuentes de las embajadas en El Salvador y Nicaragua consultadas por Expediente Público respondieron que hasta el viernes 15 de julio, el reporte que periódicamente se envía a los comités de Relaciones Exteriores del Congreso todavía estaba en desarrollo, y que cuando estuviera listo se publicaría en las vías oficiales. 

El Departamento de Estado confirmó el 9 de marzo a los primeros nueve funcionarios que ingresaron a la lista: los diputados Gustavo Porras, Wilfredo Navarro, Wálmaro Gutiérrez, Edwin Castro y María Osuna, los magistrados electorales Brenda Rocha, Cairo Amador y Lumberto Campbell, así como la jueza Karen Chavarría.

El pasado 13 de junio el secretario de Estado Antony Blinken anunció, sin mencionar nombres, que cancelaba 93 visas a funcionarios de Gobernación, jueces, fiscales y diputados de Nicaragua por “socavar la democracia”, esto entre las últimas acciones de Washington contra el régimen de Daniel Ortega en Nicaragua, en la palestra internacional por violaciones a los derechos humanos y corrupción.

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Los jueces de la lista Engel

La Casa Blanca, el Departamento de Estado y el Tesoro, han sancionado a magistrados y jueces, pero en la lista Engel solo la jueza Chavarría fue incluida en marzo. 

La nueva lista incluye, hasta el momento, a otros trece jueces nicaragüenses, como Erick Ramón Laguna Averruz, quien “condenó y sentenció a líderes prodemocráticos a pesar de los vagos y falsos cargos de socavar la integridad nacional”, entre ellos, el activista Alexis Peralta y el campesino sin filiación política Santos Camilo Bellorín. También estaría en la lista Rosa Velia Baca Cardoza, por el simulacro de juicio contra el activista Donald Alvarenga. 

Melvin Leopoldo Vargas García condenó y sentenció a la joven Samantha Jirón. Ángel Jancarlos Fernández González condenó y sentenció a los empresarios Luis Rivas, Michael Healy y Álvaro Vargas; a los exsandinistas Dora María Téllez y Víctor Hugo Tinoco, así como al analista José Antonio Peraza.

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Por su parte, Nancy Del Carmen Aguirre Gudiel condenó y sentenció a Irving Larios, mientras Irma Oralya Laguna Cruz a la activista Evelyn Pinto. 

El juez Luden Martín Quiroz García, “socavó los procesos democráticos o instituciones cuando condenó y sentenció a líderes prodemocráticos por vagos y falsos cargos de ‘socavar la integridad nacional’ en los falsos juicios de la líder de oposición Ana Margarita Vijil, el periodista Miguel Mendoza y el exdiplomático Mauricio Díaz. 

Criminalizar a opositores

También procesó a la excandidata presidencial Cristiana Chamorro, y a su hermano Pedro Joaquín Chamorro Barrios, como a los empleados de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH), Pedro Vásquez, Walter Gómez y Marcos Fletes; y a la exdiputada María Fernanda Flores. 

Otro juez, William Irving Howard López, ejecutó el simulacro judicial contra Nidia Barbosa. 

Verónica Fiallos Moncada, jueza, socavó los procesos democráticos o instituciones cuando condenó y sentenció a un líder prodemocrático por vagos, cargos falsos de «socavar la integridad nacional» en el juicio falso de Douglas Cerros, ciudadano sin afiliación política. 

Félix Ernesto Salmerón Moreno ejecutó los juicios contra los excandidatos presidenciales Juan Sebastián Chamorro, Félix Maradiaga, Arturo Cruz, y Medardo Mairena; los líderes cívicos Pedro Mena, José Pallais, Violeta Granera, Tamara Dávila, José Quintanilla Hernández, Róger Reyes; y el líder empresarial José Adán Aguerri. 

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Rolando Salvador Sanarrusia Munguía actuó contra el activista opositor Yoel Sandino. Nadia Camila Tardencilla Rodríguez contra los líderes estudiantiles Lesther Alemán y Max Jerez, el ex candidato presidencial Miguel Mora, el exdiplomático y analista político Edgar Parrales, así como el gerente del diario La Prensa Juan Lorenzo Holmann, y el experto electoral Harry Chávez.

Ulisa Yahoska Tapia Silva, por su parte, enjuició a Yaser Vado y Yader Parajón, al excanciller Francisco Aguirre Sacasa, la líder opositora Suyen Barahona, el líder cívico Freddy Navas, la abogada de derechos humanos María Oviedo, el excandidato presidencial Noel Vidaurre, y el comentarista político Jaime Arellano.

Fiscales y verdugos

El reporte de funcionarios del Ministerio Público de Nicaragua incluye a diez fiscales. Una jurista nicaragüense que prefirió el anonimato, explicó que se trata de funcionarios del sistema de justicia penal que participaron en las acusaciones contra opositores en el contexto electoral de 2021.

Una parte de los inlistados son fiscales con trayectoria, pero sin profesionalismo, caracterizados por su servilismo o fanatismo al sistema represivo del presidente Daniel Ortega, mencionó la fuente. 

El fiscal Jorge Jarquín, por ejemplo, era asistente de fiscal hace un año, pero fue ascendido porque acompañó al fiscal Manuel Rugama en los interrogatorios y hostigamientos a periodistas durante al caso contra la Fundación Violeta Barrios, indicó. 

La abogada penalista manifestó que el Departamento de Estado debería visibilizar más a los jefes de estos fiscales, quienes dirigen los hilos del sistema judicial y las acusaciones contra los presos políticos. 

Una de las sancionadas es Yubelca del Carmen Pérez Alvarado, por “presentar cargos falsos con el fin de encarcelar a opositores al régimen en el período previo a las elecciones nacionales” de noviembre de 2021. 

Crean falsos cargos

También está Carlos Rafael Espinoza Castilla por “atentar contra procesos democráticos o instituciones mediante el ejercicio de la discreción procesal para presentar cargos falsos para encarcelar a los opositores al régimen en el período previo a las elecciones nacionales”. 

Se incluye a Perla de los Ángeles Baca, fiscal jefe del Departamento de Chinandega y Luis Alberto Mena Gámez, fiscal de Nueva Segovia, quien “desvirtuó procesos o instituciones democráticos cuando ejercía discrecionalidad procesal para llevar la causa del régimen contra el preso político Douglas Cerros y pretender cargos espurios, condenas y sentencias severas contra ciudadanos que son críticos con el gobierno”.

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Jorge Luis Arias Jarquín, fiscal en Managua, también presentó cargos falsos con el fin de encarcelar a opositores en el período previo a las elecciones nacionales, lo mismo Martha Ileana Morales Mendoza, fiscal y directora de Planeación del Ministerio Público. 

María Francis Pérez Mojica, fiscal de Nueva Segovia, lideró el caso del régimen contra el activista por la democracia y preso político Donald Alvarenga. 

Otros fiscales que participaron en el encarcelamiento de opositores en el contexto de las elecciones nacionales de 2021 son Marling de Jesús Castro Rodríguez y Andrea del Carmen Salas. 

También Auxiliadora del Carmen Sequeira Suazo, fiscal de Estelí, mediante el ejercicio de la discrecionalidad procesal para el caso del régimen contra el activista prodemocrático y preso político Alexis Peralta y promoviendo cargos espurios, condenas y sentencias severas contra opositores al régimen. 

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