* Vicecanciller de Honduras a Expediente Público: con Lista Engel Estados Unidos “no quiso mantener la armonía» «como sí la mantuvo» con Juan Orlando Hernández.
**Eric Olson, director de Políticas e Iniciativas Estratégicas del Seattle International Foundation, señala que es el momento de que funcionarios de Honduras y EE.UU. muestren “madurez” para superar el impasse.
***Secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, inicia visita el 26 de julio y se espera relaje las tensiones con el Gobierno de Xiomara Castro.
Expediente Público
La publicación oficial de la Lista Engel por el Departamento de Estado, el miércoles 20 de julio, “posiblemente” conlleva un mensaje del Gobierno de Estados Unidos sobre la falta de confianza en algunos de los miembros de la Presidencia de Xiomara Castro, “pero no es un ataque o un rompimiento” con Honduras, señaló a Expediente Público, Eric Olson, director de Políticas e Iniciativas Estratégicas del Seattle International Foundation.
Dos diputados afines al partido de la presidenta Castro, Libertad y Refundación; un asesor presidencial, un exjerarca policial extraditado por narcotráfico y uno de los coautores intelectuales del asesinato de la ambientalista Berta Cáceres son parte de los 15 hondureños incluidos por el Departamento de Estado de Estados Unidos en la Lista Engel.
También un exministro del Trabajo y un exviceministro de Salud en el Gobierno del presidente Porfirio Lobo Sosa (2010-2014) y ocho exfuncionarios del gobierno de Juan Orlando Hernández.
Tras oficializarse el listado, el Gobierno de Honduras emitió un comunicado, donde rechazó por tratarse de “una política intervencionista”, “injerencista” y estar “políticamente motivado”. Además, altos funcionarios como el canciller Eduardo Enrique Reina y el expresidente Manuel Zelaya Rosales, esposo de la presidenta y su asesor, hicieron fuertes cuestionamientos a la acción del Departamento de Estado.
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La tensión entre las administraciones de Tegucigalpa y Washington D.C. antecede la visita del secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, al país centroamericano para reunirse con la presidenta Castro y dar seguimiento a los acuerdos sobre temas migratorios.
Mayorkas estará los días 26 y 27 de julio. Durante su visita sostendrá encuentros con el canciller Eduardo Enrique Reina, el ministro de Seguridad, Ramón Sabillón, y otros altos funcionarios, según anunció la agencia por escrito.
No es injerencia, es desconfianza
Para Olson, no se trata de una actitud “injerencista”, sino una muestra que el Gobierno estadounidense no confía en esas personas “y que van a tener mucho cuidado” al tratar con ellas. Enfatizó que los gobiernos, incluido el de Honduras, tienen la potestad de escoger a sus autoridades, “pero eso no obliga a Estados Unidos a aceptar personas” de las que tienen información que “no son aptas” para la función pública.
Lo que se advierte en el comunicado “es la típica reacción de todo Gobierno, ya sea de izquierda, de derecha o centro”. Estimó que lo importante aquí es “superar esto y buscar una agenda común de construcción en cuanto al fortalecimiento del Estado de derecho en Honduras” y el combate a la corrupción.
“Es un momento difícil, complicado en las relaciones, pero creo que se pueden superar. Pero va a depender de, vamos a decir, la madurez de las autoridades hondureñas y de Estados Unidos de superar un momento de malestar y buscar la manera de avanzar en los temas que mutuamente quieren adoptar y construir juntos”, dijo Olson a Expediente Público.
El analista consideró que los grandes temas, como la cooperación para frenar la migración irregular y asistencia financiera, no se verán afectados a menos que los funcionarios se queden “en esa reacción confrontativa”, por lo que sugirió, especialmente a los hondureños “que no se queden atorados en ese momento”.
Sobre la lucha anticorrupción en el presente gobierno, consideró que se están haciendo esfuerzos importantes con el nombramiento de personas, como el exfiscal Edmundo Orellana en la Secretaría de Transparencia, y aliados importantes de la sociedad civil. “Desde mi punto de vista es un momento de esperanza donde podemos imaginar una nueva política en Honduras de combatir y enfrentarse a la corrupción”.
Vicecanciller: Es un mecanismo de presión
El vicecanciller, Antonio García dijo a Expediente Público que la lista Engel es un mensaje “de presión de Estados Unidos” en momentos en que está por elegirse la nueva Corte Suprema de Justicia (CSJ), “y una manera de poner presión y dar un mensaje de que se necesita un poder independiente, que fomente la transparencia”.
El 18 de julio el Congreso Nacional aprobó una nueva Ley de la Junta Nominadora de los magistrados en medio de fuertes cuestionamientos de la oposición y sociedad civil, porque no se eliminó la intervención política del proceso. En los próximos días se debe convocar a la Junta Nominadora para que desarrolle su trabajo el resto del año y que los magistrados sean electos a finales de enero o en febrero de 2023.
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Para el vicecanciller García, esa tendría que ser la explicación de esa lista, “porque de lo contrario, uno se pregunta por qué el año pasado la administración de los Estados Unidos no nombró a ningún funcionario de Juan Orlando Hernández, ni al mismo, sabiendo que había muchos corruptos”.
Destacó que en esta ocasión, en tres casos en particular (los funcionarios afines al Gobierno de Libre), las motivaciones de acusación son cuestionables y el Gobierno de Estados Unidos “no quiso mantener la armonía con Honduras, como sí la mantuvo hace un año con Hernández”.
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«No bajaremos la cabeza»
Consideró que “un comunicado fuerte del Gobierno de Honduras, como el que se emitió, no va a comprometer las relaciones con Estados Unidos porque obviamente ellos esperaban de Honduras una respuesta y no una respuesta suave”.
Desde que asumió la presidenta Castro, Honduras ha recibido la visita de varios funcionarios estadounidenses, como la vicepresidenta Kamala Harris o la jefa del Comando Sur, Laura Richardson, y la del secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas.
Sin embargo, ante la Lista Engel, García manifiesta que guardar silencio por parte del Gobierno hondureño hubiese sido una manera de aceptar esa injerencia y una muestra de sumisión hacia Estados Unidos.
“Creo que este Gobierno se caracteriza por dejar claro que hay mucha dignidad y que los tiempos han cambiado. No estamos acostumbrados a bajar la cabeza y a decir ‘sí’, a quedarse callado, como ha sido la norma siempre aquí en Honduras. Creo que ya es tiempo de tener dignidad, dar y pedir y recibir respeto”, acotó.
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Dos diputados y un asesor presidencial
Uno de los señalados en la Lista Engel es el actual vicepresidente del Congreso Nacional (parlamento), Rasel Tomé, del partido Libre, quien durante el Gobierno de José Manuel Zelaya fue gerente de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) en los años 2006-2008.
Estados Unidos lo señala de haber usado su cargo para apropiarse indebidamente de aproximadamente $327,000 de fondos públicos.
También se le conoce por su papel como abogado de la familia Rosenthal y más recientemente por haber presentado la polémica Ley de Amnistía, publicada en el diario oficial La Gaceta el 4 de febrero del 2020. Aunque la Sala Penal de la Corte Suprema inhabilitó a Tomé para ejercer como diputado, la decisión no ha sido acatada.
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Tomé emitió un comunicado y brindó una conferencia de prensa, donde señaló que su conflicto con la justicia se originó en los años en que estuvo al frente de Conatel, donde resolvió negar una frecuencia televisiva a un conocido empresario hondureño y la asignó al Gobierno para el funcionamiento del estatal canal 8.
Calificó de “ataque” hacia su persona el ser incluido en la Lista Engel y que esto se deriva de los grupos de poder de Honduras y de “los corruptos lobistas de Washington”, molestos porque desde el Congreso “cortaron la cabeza a las ZEDE” (Zonas de Empleo y Desarrollo Económico); derogaron fideicomisos, recuperaron los ríos y cuencas, cancelaron contratos a las empresas generadoras de energía térmica y se van sentando “las bases para una nueva Corte Suprema de Justicia”.
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El caso del diputado Edgardo Casaña
El también vicepresidente del parlamento, Edgardo Casaña, aparece por “corrupción significativa” al hacer, en el año 2010, “una reestructuración indebida del Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (Inprema) para beneficiar con más de cinco millones de dólares a aliados políticos y electores con el propósito de asegurar los votos y mantener el poder político”, según describe el documento del Departamento de Estado. El Congreso hondureño tiene 7 vicepresidentes y 5 vicepresidentes alternos.
En junio del 2022 solicitó acogerse al decreto de amnistía aprobado por el Congreso Nacional; sin embargo, la petición le fue denegada.
Para este exdirigente magisterial lo “que hay atrás de todo esto es una franca injerencia por parte del Departamento de Estado para seguir negando el golpe de Estado del 2009”, según dijo a un medio local.
Lamentó que no se incluyan en la lista a quienes “dilapidaron del 2014 al 2018” los recursos del Estado, siendo funcionarios del Gobierno de Juan Orlando Hernández.
El tercer señalado del Gobierno es Enrique Flores Lanza, actual asesor presidencial, y quien fue ministro de la Presidencia de Manuel Zelaya (2006-2009). El Departamento de Estado lo señala de estar involucrado en una “corrupción significativa” al recibir 2 millones de dólares del Banco Central de Honduras (BCH) y “redistribuirlo indebidamente a aliados políticos”.
Se acogió al decreto de amnistía y volvió a Honduras el pasado 18 de marzo después de recibir sobreseimiento definitivo.
«Rechazamos de manera categórica que se manipule con fines políticos una lista tratando de intervenir en los asuntos que solo a los hondureños nos compete resolver”, manifestó Flores Lanzas a medios locales. El funcionario no respondió a solicitud de entrevista de Expediente Público.
Los tres afirmaron que no renunciarán a sus cargos porque dependen directamente de los dictados de su partido, Libre.
“El Tigre” Bonilla
El exdirector de la Policía Nacional de Honduras (2012-2013), Juan Carlos “El Tigre” Bonilla, figura también en la lista Engel.
Estados Unidos lo señala de estar involucrado en una corrupción significativa cuando usó su posición como director de la Policía Nacional para facilitar el movimiento de cocaína a través de Honduras a cambio de sobornos.
El 10 de mayo del 2022, Bonilla fue extraditado a Estados Unidos y su audiencia para determinar su culpabilidad ha sido postergada en dos ocasiones en la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York.
Los fiscales lo mencionan como uno de los principales aliados del expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández, extraditado a la nación norteamericana el pasado 21 de abril por cargos de narcotráfico.
Un crimen emblemático
Otro de los “actores corruptos” es el exgerente de la Empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA) Roberto David Castillo Mejía, declarado culpable de ser coautor intelectual del asesinato de la defensora indígena Berta Cáceres por su oposición a la construcción de una represa hidroeléctrica.
Entre 2006 y 2009, Castillo Mejía fue miembro del Comité Ejecutivo de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) y estuvo involucrado en actos de “corrupción relacionados con contratos gubernamentales” para interferir en el proceso de contratación pública y dirigir los contratos a una empresa en la que tenía un interés económico, señala el Departamento de Estado.
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Corrupción sobre ruedas
La lista Engel incluye también a ocho personas que fueron acusadas por la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC) por el caso conocido como “Corrupción sobre ruedas” y que fue denunciado por la MACCIH.
Los imputados son Harvis Herrera, exgerente administrativo de Casa Presidencial; Elmer Ordóñez, exjefe de control interno del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (Banadesa); Claudia Noriega, coordinadora del proyecto Tarjeta La Cachureca; David Eduardo Ortiz, exgerente financiero de Banadesa; Carol Alvarado, gerente de finanzas de Casa Presidencial; Juan Ramón Maradiaga, exgerente administrativo de Banadesa; Carlos Josué Romero, coordinador del Bono 10 Mil; y Gonzalo Molina, jefe de proveeduría de Banadesa.
“Corrupción sobre ruedas” consistió en el desvío de más de 500 mil dólares, a través de una empresa fachada, provenientes de Banadesa con el llamado Bono 10 Mil, que serían utilizados para proyectos orientados a reducir la pobreza rural. Al final fueron usados para financiar campañas políticas.
Los fondos del Bono 10 Mil se utilizaron también para alquilar vehículos blindados, según las investigaciones.
Dos exministros más
Finalmente, aparecen en la lista Engel el ex viceministro de Salud en el gobierno de Lobo Sosa, Javier Pastor, quien habría aceptado $ 235,000 en sobornos para interferir en un procedimiento de contratación pública para adjudicar indebidamente contratos a aliados políticos y para agilizar los pagos.
Además, el exministro de Trabajo Carlos Montes, también en el gobierno de Lobo Sosa, por actos de corrupción al aceptar sobornos para adjudicar indebidamente contratos a aliados políticos y agilizar los pagos.
