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Libertad de prensa en crisis en cuatro países centroamericanos

*En la posición 165 (de 180), Honduras es el peor calificado; seguido de Nicaragua, que cayó 39 posiciones, hasta el lugar 160, según el informe de Reporteros sin Fronteras.

**El Salvador bajó 30 posiciones y se ubica en el puesto 112. Guatemala descendió al puesto 124. En la posición 8 del mundo, Costa Rica es el único de Centroamérica bien evaluado. 


Expediente público

La Libertad de prensa se encuentra en estado muy grave o difícil en cuatro países centroamericanos, reveló Reporteros sin Fronteras (RSF) en su índice mundial de Libertad de Prensa, divulgado este 3 de mayo, con motivo del Día Mundial de la Libertad de Prensa. 

La situación es “muy grave”en Honduras y Nicaragua, mientras que es calificada de “difícil” en El Salvador y Guatemala. Belice es calificada de “regular” y Panamá como “problemática”. 

Solo Costa Rica tiene una calificación buena en Centroamérica -en el puesto número 8 del mundo- y el informe señala que “los periodistas pueden ejercer el oficio sin obstáculos y trabajan dentro de un sólido marco jurídico, en términos de libertad de expresión”.  

Honduras es el que peor calificación muestra y aparece en la posición 165 de 180 países evaluados, mientras que Nicaragua presenta el caso más dramático con un retroceso en 39 posiciones y está en el puesto 160. El Salvador también cayó 30 posiciones en el índice donde se ubica en el puesto 112. Guatemala también cayó ocho posiciones y llegó al puesto 124, según el índice de la organización internacional. 

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Nicaragua: una auténtica pesadilla 

Para RSF, la prensa independiente nicaragüense “sigue viviendo una auténtica pesadilla: censura, intimidaciones, amenazas” desde la reelección del presidente Daniel Ortega, en noviembre de 2021, para un cuarto mandato consecutivo. 

“Los periodistas están estigmatizados y afrontan campañas de acoso, detenciones arbitrarias y amenazas de muerte. Muchos han tenido que abandonar el país”, dice el informe de RSF. 

La organización sostiene que en Nicaragua, “prácticamente no existen medios de comunicación independientes, a raíz de la nueva e intensa ola de represión que el régimen de Daniel Ortega emprendió contra políticos opositores, organizaciones civiles y medios independientes, en mayo de 2021”.  

RSF explica que “los únicos medios que siguen informando sobre los abusos del gobierno son los digitales, cuyos periodistas están mayoritariamente en el exilio” y advierte que los pocos que continúan funcionando, como Radio Corporación o el noticiero Acción 10, evitan criticar al régimen por temor a represalias. 

Reporteros sin Fronteras denuncia en su informe la ocupación del diario La Prensa y recuerda la confiscación de los medios Confidencial y 100% Noticias.  

“Éste es uno de los muchos atropellos que se enmarcan en la ola de detenciones de directores y periodistas de distintos medios, acusados por casos de blanqueo de capitales o de traición, en los que no constan pruebas en su contra”, señala el informe. 

RSF también denuncia la condena del periodista deportivo Miguel Mendoza, utilizando la Ley Especial de Ciberdelitos, “por el simple hecho de criticar al gobierno en las redes sociales”. 

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La organización sostiene que “no es seguro ejercer periodismo independiente en Nicaragua. Los periodistas que permanecen dentro del país trabajan muy discretamente y ni  siquiera firman sus artículos para evitar represalias”.  

“Trabajar con una cámara de video o fotográfica en la vía pública pone en peligro a la persona que la usa y suele ser confiscada. Ya prácticamente no se realizan reportajes a pie de calle”, subraya RSF. 

El Colectivo de Derechos Humanos “Nicaragua Nunca Más” sostiene que el gremio de periodistas independientes continúa “bajo persecución, hostigamientos, amenaza, censura, quema o expropiación de medios de comunicación, desplazamientos forzados dentro y fuera del país, entre otras graves violaciones contra las personas de prensa”. 

Para el director de Confidencial, Carlos Fernando Chamorro, quien tuvo que exiliarse en Costa Rica por la persecución del régimen de Managua, “las organizaciones defensoras de derechos humanos, están haciendo una extraordinaria labor para denunciar la persecución de la prensa. Pero hacen falta muchas más historias sobre la realidad de Nicaragua bajo estado policial”.  

Chamorro sostuvo que “a pesar de la persecución y la censura, los periodistas seguimos informando y haciendo periodismo desde el exilio en plataformas digitales”, pero advierte que “hoy ya no tenemos fuentes que podamos citar en Nicaragua, porque informar y opinar, bajo un régimen totalitario, es un delito que se paga con cárcel”.  

“La criminalización del ejercicio del periodismo se ha extendido a la criminalización generalizada de la libertad de expresión”, dijo Chamorro a Expediente Público. 

El periodista define al periodismo nicaragüense como “de resistencia” y destaca el coraje de los reporteros y su compromiso profesional, ético y político, con el apego a la verdad a cualquier costo y la negativa a aceptar la censura o la autocensura. 

“Un periodismo de resistencia, que obligatoriamente debe ser también periodismo de calidad, porque lo único que nos defiende ante el totalitarismo y la calumnia oficial es la credibilidad ante nuestras audiencias. La confianza de nuestras fuentes, especialmente de los servidores públicos, civiles y militares, sigue siendo clave para contar la crisis del régimen, la corrupción, y la crisis económica y social”, agregó.  

Honduras: “un lento descenso al infierno” 

La prensa hondureña, según Reporteros sin Fronteras “vive un lento descenso al infierno desde hace más de una década, tras el golpe de Estado de 2009” y recuerda que el país “sigue siendo uno de los más mortíferos para el periodismo en el continente americano”. 

Reporteros sin Fronteras advierte que “la connivencia entre los medios y una parte de la clase política constituye un obstáculo para la libertad de expresión” y denuncia que se emprenden regularmente acciones judiciales abusivas contra los periodistas, y las penas de prisión por difamación son habituales. 

“Algunas veces, van acompañadas de la prohibición de volver a ejercer el oficio. El nuevo Código Penal, aprobado en 2020, contiene artículos liberticidas, en especial, la penalización del derecho de manifestación y reunión, y constituye una amenaza para la libertad de prensa”, subraya el informe. 

Según RSF, los periodistas de la prensa afín a la oposición y los medios comunitarios son agredidos con regularidad, y son el blanco de campañas de acoso e intimidación, amenazas de muerte o exilios forzosos.  

“La mayoría de las veces, las agresiones y actos de violencia contra la prensa son cometidos por las fuerzas del orden, en especial por parte de la policía militar y el ejército”, denuncian. 

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La periodista Thelma Mejía López, fundadora del Comité por la Libertad de Expresión de Honduras (C-Libre), dijo a Expediente Público que en “el nuevo Código Penal, los crímenes contra periodistas y la impunidad de los casos, así como la Ley de Secretos, recién derogada, han sido parte de ese panorama, de cerco, al clima de libertad de expresión, entre otros factores”. 

Agregó que “Reporteros sin Fronteras nos indica una abrupta caída de 14 puntos en un año, vamos lentamente al infierno, asegura el informe. Esperemos que esto cambie, pese a los nubarrones que se avecinan”.  

Por su parte, la directora de C-Libre, Amada Ponce, enfatizó que los datos reflejan lo ocurrido al cierre de la gestión de Juan Orlando Hernández y de doce años de gobiernos liderados por el Partido Nacional, que fueron “caracterizados por la violencia, vigilancia y amenazas a los periodistas y comunicadores sociales”. 

En comunicación con Expediente Público, recordó que el proceso electoral de 2021, la protesta social y las restricciones por la pandemia también impactaron en el ejercicio periodístico. En ese sentido, precisó que C-Libre registró más de 96 agresiones a periodistas y comunicadores sociales relacionadas a diferentes temas. 

Ponce mencionó que, en el marco del Examen Periódico Universal, Honduras se ha comprometido a cumplir 24 recomendaciones para combatir la impunidad en los delitos contra periodistas y defensores de derechos humanos, “y eso pasa por adoptar medidas para investigar, perseguir y castigar” esos hechos, pero también hace falta destinar más fondos y mayor voluntad política. 

El Salvador bajo las amenazas de Bukele 

El Salvador cayó 30 posiciones desde el año anterior y Reporteros sin Fronteras subraya que “los medios son víctimas de la violencia generalizada que reina en El Salvador”.  

“Desde que accedió a la presidencia, en junio de 2019, el presidente Nayib Bukele ataca y amenaza a los periodistas críticos con su gobierno”, dice el informe. 

“El presidente Nayib Bukele hostiga a los periodistas con la peligrosa táctica de presentar a los medios como enemigos del pueblo”, señala RSF.  

El informe también critica que todas las informaciones relativas a la pandemia han sido declaradas confidenciales y que el gobierno ha neutralizado, mediante decreto, al ente que garantiza el respeto a la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP).  

“El discurso dominante contrario a la prensa hace que los periodistas se enfrenten a ataques constantes en las redes sociales y, en algunos casos, a amenazas contra su integridad física y su equipo de trabajo. La mayoría de los periodistas víctimas de agresiones han sido mujeres”, señala RSF. 

La organización también recuerda que 35 periodistas y miembros de la sociedad civilhan sufrido escuchas telefónicas gracias al tristemente famoso software de espionaje Pegasus, entre junio de 2020 y noviembre de 2021” y recuerda que aunque “ningún periodista ha sido asesinado en El Salvador, la policía ha perpetrado agresiones a profesionales de la información durante sus coberturas sin ninguna justificación legal y, peor, sin ninguna sanción”. 

Para el presidente de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), César Castro Fagoaga “esta nueva calificación solo refleja la grave y profunda realidad que hay contra la prensa ahora mismo en el país”. 

“Creo que la nueva calificación de El Salvador que cayó 30 puntos en el índice de Reporteros sin Fronteras es una fotografía de este momento, muy congruente en reflejar cómo un gobierno está criminalizando la labor periodística, creo que ese informe y esa posición de El Salvador refleja la realidad que tenemos ahora mismo, una realidad que por desgracia no se quiere ver en El Salvador, pero que es evidente para cualquiera que analice lo que está sucediendo en el país”, dijo Castro Fagoaga a Expediente Público. 

Castro señaló que “El Salvador ha construido una avenida para limitar el ejercicio periodístico y las bases de esa avenida han sido no solo ese discurso constante de odio que busca hacer creer falsamente que los periodistas somos los enemigos o estamos aliados con criminales, sino todas aquellas reformas legales que quieren criminalizar el ejercicio periodístico”. 

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Guatemala, un derecho constantemente vulnerado 

Reporteros sin Fronteras también señala su preocupación por la situación de Guatemala, donde la libertad de expresión “es constantemente vulnerado por autoridades y actores políticos”.  

“Los periodistas y medios que investigan o critican actos de corrupción y violaciones a derechos humanos suelen padecer represalias, como campañas de acoso y persecución penal”, señala el informe. 

RSF destaca que la revelación de investigaciones periodísticas sobre actos de corrupción, violaciones a derechos humanos o acciones ilícitas por parte de compañías privadas ocasiona que los periodistas y medios responsables sean blanco de campañas de desprestigio en redes sociales, que pueden llegar hasta el acoso policial y la criminalización, con la anuencia del Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia.   

La organización advierte que “la seguridad de los periodistas se ha degradado en los últimos años y no existen políticas públicas para su protección. Las campañas de difamación, el acoso policial y las agresiones físicas y verbales son los principales atropellos que sufren en el ejercicio de su labor”. 

“Después de los regímenes militares, estamos peor que nunca”, aseguró el procurador de Derechos Humanos, Augusto Jordan, al conocer el informe. 

“Hoy en Guatemala estamos viviendo una de las épocas en las que la libertad de prensa está bien asediada, hay intentos, con una visión autoritaria del gobierno de Alejandro Giammattei de socavar la democracia a partir de criminalizar a periodistas, también hay un ataque permanente en redes sociales y hay al menos dos periodistas que tuvieron que salir del país”, aseguró Jordan a Expediente Público.  

Cuba el peor calificado 

Cuba es el país con la peor calificación de libertad de prensa en la región. Ocupa el puesto 173 de 180 evaluados. Venezuela ocupa el puesto 159, una caída de 11 puntos respecto a 2021. Colombia y México también aparecen calificados como “difícil” en la situación de Libertad de Prensa.  

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