Honduras MIO

Misión internacional teme “partidización y politización extrema” en elección de nuevos magistrados hondureños

*Juan Jiménez Mayor, exvocero de la desaparecida MACCIH junto a los abogados Claudia Martin, Edison Lanza y Jaime Arellano conforman la Misión Internacional que inició su trabajo pidiendo a la Junta Nominadora mayor transparencia y acceso a la información de los candidatos.

** Incorporar a la Uferco en el marco del proceso de selección de los magistrados de la Corte Suprema, es otra de las recomendaciones.

***El proceso de selección no es claro en los temas del acoso sexual, la violencia sexual y violencia doméstica. Los primeros datos estiman que para los 15 cargos de magistrados , se autopostularon 132 hombres y apenas 53 mujeres, lo que va en contra de la equidad de género.


Expediente Público

Una “partidización y politización extrema” teme que ocurra en la elección de los nuevos 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia de Honduras, la Misión Internacional de Observación (MIO) del Proceso de Selección, quienes este miércoles 16 de noviembre presentaron sus primeras recomendaciones a la Junta Nominadora encargada de la selección de los cargos.

La Misión está integrada por los abogados Juan Jiménez Mayor (Perú), exvocero de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), Claudia Martin (Argentina), Edison Lanza (Uruguay) y Jaime Arellano (Chile), quien es el secretario ejecutivo.

Arellano, secretario de la MIO-Honduras alertó que “la renovación total de la Corte Suprema no es la mejor de las soluciones o diseños. En los países donde hay sistemas comparados, lo que vemos son renovaciones parciales, lo que evita una partidización y politización extrema de la renovación de la Corte Suprema. Nos parece que esa va a ser una de las recomendaciones que haremos probablemente al final”, apuntó.

El grupo de expertos se reunió el 15 de noviembre con trece de los catorce integrantes, propietarios y suplentes, de la Junta Nominadora en la capital, Tegucigalpa. La misión de observadores planteó que a futuro la elección de los 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia se haga parcialmente.

Si bien los observadores coincidieron en que el esfuerzo que está realizando la Junta Nominadora es histórico y que el proceso al que se aviene Honduras para elegir a la Corte Suprema es único a nivel internacional, señalaron varios obstáculos.

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Falta de transparencia

Uno de los principales señalamientos, o desafíos, planteados por los observadores fue la falta de información por parte de la Junta Nominadora en relación a los hombres y las mujeres autopostulantes al cargo de magistrado.

Aunque reconoció que lo anterior tiene que ver con problemas de presupuesto que tuvo la Junta al principio, que debió solicitar recursos al Congreso Nacional, y del escaso tiempo para un proceso tan complejo, Edison Lanza planteó que en el portal de transparencia hay un desafío con la subida “de toda la documentación y las actas que se van generando, y la información de transparencia activa que se requiere”.

Mencionó que la sociedad civil ha hecho pedidos de acceso a información a la Junta Nominadora y que los plazos se están agotando, por lo que esperan que esta “cumpla con los estándares de transparencia” y responda a esas solicitudes.

También consideró como razonable el desafío planteado por la sociedad civil para que se ponga a disposición del público no solo la hoja de vida de candidatos y candidatas, “sino también aquellos aspectos del expediente que han aportado en su postulación”.

Hondureños deben conocer a postulantes

“Hay un desafío que la sociedad civil marcó y que nosotros vemos como muy razonable y es tener a disposición no solo la hoja de vida de candidatas y candidatos, sino también aquellos aspectos del expediente que han aportado en su postulación”, aunque “salvaguardando los datos personales sensibles” como cuentas bancarias, dijo el jurista uruguayo.

Sin embargo, consideró que todo el resto de la información debe estar a disposición porque va a permitir en el proceso que se avecina, de investigación de los autopostulantes, “la posibilidad de contrastar la información que declararon” con la que consiga la Junta y la sociedad civil.

Eso es un aspecto fundamental para saber si omitieron información relevante o si presentaron información que no es veraz o tiene imprecisiones, y permitirá un examen general “de una cuestión muy importante que es mayor en el proceso, que es el de probidad e integridad”, acotó.

 
 
 
 

Idoneidad de los candidatos

Además de la capacidad, la idoneidad es uno de los factores fundamentales de los candidatos y candidatas, dijo Jiménez Mayor en la conferencia.

“En las reuniones que hemos tenido estos días aquí en Honduras, hemos apreciado una preocupación específicamente por el tema de idoneidad e integridad de los candidatos”, expresó.

Para el exvocero de la MACCIH “las personas que tengan cuestionamientos, no deberían pasar el proceso meritocrático de la Junta Nominadora”, es decir, aquellas que tengan “manchas” en lo profesional o en lo personal.

Jiménez Mayor recordó que en pocos días la Junta Nominadora realizará una etapa de tachas a los candidatos, sobre las que seguramente se harán algunas investigaciones internas.

En el procedimiento de la Junta Nominadora, las investigaciones se hacen primero y las tachas se presentan después. En ese sentido, el secretario ejecutivo de la MIO-Honduras, consideró que era más práctico que fuera a la inversa.

“Pareciera más práctico que las tachas se plantearan en un primer momento y luego viniera la investigación”, ya que las tachas “eventualmente insinúan líneas de investigación”, dijo Arellano.

La Junta Nominadora informó en su reunión con la MIO-Honduras que desde el primer día que comenzaron las autopostulaciones, el 13 de octubre, han recibido al menos quince denuncias y tachas contra los candidatos y candidatas a magistrados, aunque el tiempo para presentar las mismas será la primera quincena de diciembre.

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Consultar a la Uferco

Para Jiménez Mayor, la Junta Nominadora no solo debe tener en cuenta la información que han presentado los autopostulantes sino que debe corroborar con otras instancias como el Ministerio Público, el Poder Judicial, la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) y la Unidad de Inteligencia Financiera, entre otros.

“Hay una serie de entidades que tienen registros que tienen que informar porque hemos recibido un dato de un candidato que no habría sido del todo transparente en informar si tenía o no antecedentes judiciales de algún hecho delictivo. Claro, lo presentó en una jurisdicción donde no tenía ningún proceso”, explicó. De allí la importancia de contar con información de todo el país para realizar una “elección certera”.

En ese sentido, exhortó a las entidades públicas que tienen que enviar información a pedido de la Junta Nominadora para que lo hagan a tiempo.

También se refirió al hecho de que no se está considerando a la Unidad Fiscal Especializada contra Redes de Corrupción (Uferco) como una entidad que podría tener información sobre los candidatos y candidatas.

“Esperamos que la Junta Nominadora pueda también incorporar a la Uferco como una entidad que deberá tener información”, recomendó Jiménez Mayor al recordar que se trata de una unidad élite anticorrupción.

Notariado y las mujeres

Otro de los temas que se abordó en la reunión entre la Junta Nominadora y los observadores internaciones, y que luego fue mencionado en la conferencia, es el requisito que manda que los postulantes al cargo de magistrado deben ser notarios, lo cual redujo notablemente la cantidad de candidatos hombres y mujeres en este proceso.

Para Lanza ese requisito es un “obstáculo en cierto sentido desproporcionado y con algún efecto discriminatorio” ya que el título está sujeto “a un privilegio que otorga la Corte”.

Aunque quitar esa condición requiere una reforma a la Constitución, algo que no está en manos de la Junta Nominadora, se consideró que se trata de una lección aprendida que debe servir para procesos futuros.

Si bien la mayoría de egresados de la Facultad de Derecho son mujeres, quienes junto a los hombres suman una población de unos 30 mil abogados que hay en Honduras, según datos que compartió la Junta Nominadora, la cantidad de mujeres notarias es notablemente menor que la de notarios.

En el registro de notarios del Poder Judicial hasta 2022, 1,322 son hombres y 297, mujeres.

Esto se reflejó en la autopostulación de 132 hombres y apenas 53 mujeres.

Precisamente esa baja afluencia de ese segmento de la población plantea un desafío para hacer cumplir la ley de la Junta Nominadora que manda que del listado de 45 postulantes que se entregará al Congreso Nacional, 23 sean mujeres y 22 hombres. El Congreso Nacional, por su parte, deberá elegir no menos de 7 mujeres magistradas.

“Cómo piensan ustedes trasladar esta paridad en lo concreto, en lo procesal?”, preguntó la abogada Martin. También consultó acerca de la disposición de la ley que contempla que solo los acusados por violencia doméstica con sentencia firme podrán ser inhabilitados para optar al cargo de magistrado.

Vuelven en enero

La jurista argentina se refirió a otro aspecto que es “central en todos los procedimientos de selección a nivel internacional, que es el tema de acoso sexual y el tema de violencia sexual, y yo les quería preguntar dentro del marco de todo este procedimiento dónde este tipo de cuestionamientos debería caer”.

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“La MIO apoyará el proceso con informes parciales en la primera etapa, luego con un informe final, “y ojalá colaborando también con el Congreso Nacional que va a ser otra etapa fundamental”, dijo Arellano, su secretario ejecutivo.

La MIO-Honduras es promovida por la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), Abogados sin Fronteras Canadá y el Centro de Estudio para la Democracia (Cespad).

Su próxima visita al país será en enero de 2023.