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Nicaragua inicia ruta para salir de OEA, mientras EE. UU. suspende ingreso total a funcionarios del régimen sandinista

*Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó declaratoria que insta a Daniel Ortega a denunciar la Carta de la OEA y rechazando la resolución que surgió en la Asamblea General.

**Experto en asuntos internacionales afirma que la salida de la OEA traerá consecuencias diplomáticas y económicas a Nicaragua.

***Estados Unidos continuó respondiendo al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo y suspendió el ingreso a ese país a funcionarios y sus allegados.

Expediente Público

Mientras el Parlamento nicaragüense aprobó una declaración en la que instó al régimen de Daniel Ortega denunciar la Carta de la Organización de Estados Americanos (OEA) y retire a Nicaragua de ese organismo regional, Estados Unidos suspendió el ingreso como inmigrantes o no inmigrantes a todos los funcionarios de la administración orteguista que están vinculados a los abusos y graves violaciones de derechos humanos, incluyendo a su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo.

La proclamación firmada por el presidente Joe Biden fue dada a conocer este 16 de noviembre, el mismo día que los legisladores nicaragüenses aprobaron la denominada “Declaración de la Asamblea Nacional ante las reiteradas acciones injerencistas de la Organización de los Estados Americanos en los asuntos internos del Estado de Nicaragua”, que insta al presidente Ortega a denunciar la Carta de la OEA, siguiendo el mecanismo estipulado en el artículo 143 del instrumento.  

Un total de 83 diputados votaron a favor de la declaración que rechaza la resolución aprobada el 12 de noviembre del 2021, en el marco de la 51 Asamblea General de la OEA, por 25 Estados miembros del organismo regional en la que declararon que las elecciones no tienen legitimidad democrática.  

Los diputados nicaragüenses afirman que resolución de la OEA violenta el “principio de no intervención en los asuntos internos de otros Estados”.  

El artículo 143 de la Carta Constitutiva de la OEA indica que cualquier miembro puede denunciarla mediante comunicación escrita a la Secretaría General.  

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No obstante, deberán transcurrir dos años para cesar de todos los derechos a partir de la fecha en que la Secretaría General reciba la notificación de denuncia, para que el país quede “desligado” del foro regional.  

Un analista de asuntos internacionales, que prefirió el anonimato, explicó a Expediente Público que el artículo 143, sin embargo, indica que el Estado que denuncia tendrá que “haber cumplido con las obligaciones emanadas de la Carta”, para quedar desligado.  

El presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, afirmó que la OEA es un organismo “desprestigiado y desacreditado”.

Para Porras el organismo hemisférico con sede en Washington es un organismo identificado como una “especie de ministerio de colonia del imperio yanqui”.  

A través de la declaración los legisladores nicaragüenses invitan a los demás Poderes del Estado de Nicaragua y al ejército a pronunciarse ante “este reprochable acto injerencista” de la OEA y continuar defendiendo la “soberanía y dignidad de nuestra patria”.  

Hasta ahora solo Venezuela denunció la Carta Constitutiva de la OEA, en 2017, y dos años después procedió su salida.

La oposición venezolana, sin embargo, tomó el control en el organismo nombrando a Gustavo Tarre Briceño como su nuevo representante.  

El analista en asuntos internacionales recordó que Nicaragua acarrearía con varias consecuencias si sale de la OEA.  

“Tendrían varios problemas en todos los ámbitos donde el sistema interamericano juega un papel importante en el país, cuestiones políticas, electorales, económicas, de salud, educación y agricultura”, explicó el analista en asuntos internacionales.  

Salida de la OEA: mayor aislamiento 

Si fuese suspendida del organismo hemisférico, Nicaragua podría enfrentarse, en primer lugar, a consecuencias diplomáticas, es decir “mayor aislamiento de la comunidad internacional”.  

“El hecho de pedir la salida del organismo hemisférico creado en 1948 donde se encuentran todos los Estados americanos, a excepción de Cuba, representa entrar al club de los países indeseables ya que no respetan los derechos humanos, ni las libertades, mucho menos la formación de una democracia, la separación de poderes y el Estado de derecho”, explicó el experto en asuntos internacionales.  

El país centroamericano dejaría de pertenecer a una organización internacional que fue creada para “evitar conflictos armados y para actuar con los demás países miembros en igualdad de condiciones”.  

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Nicaragua perdería su derecho de participación en las sesiones de la Asamblea General y en los organismos que conforman la OEA, como la Junta Interamericana de Defensa. 

Además, dejaría de percibir cooperación financiera y técnica de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), contraviniendo el artículo 5 de la Constitución que reconoce como principios de la nación “la libre cooperación internacional”.  

“Con la salida se atenta con ese otro principio (…) No tendría participación en el Comité Jurídico Interamericano (CIJ) órgano desde donde los principales juristas de los países miembros de la OEA avanzan, desarrollan progresivamente y codifican el derecho internacional americano”, agregó el experto en asuntos internacionales.  

En la Asamblea General de la OEA solo Nicaragua, por medio de su representante, votó en contra de la resolución que instruye al Consejo Permanente emitir sus consideraciones a más tardar el 30 de noviembre, sobre una “evaluación colectiva”, en la que deciden si convocan o no a una sesión extraordinaria para aplicar el artículo 21 de la Carta Democrática Interamericana al país centroamericano. 

«Estarían abandonando el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, lo que conlleva a ser un país no observador de los principios de unos derechos basados en la dignidad humana, pisoteando de esa forma aun más los derechos de los nicaragüenses y un grave retroceso en el avance de dichos derechos», agregó el analista en derecho internacional.

Consecuencias económicas  

Las implicaciones de mayor peso serían las económicas, es decir se suspenderían los préstamos y ayudas provenientes de fuentes multilaterales, lo que sería un duro golpe sobre todo tratándose de un país que ya atraviesa una grave crisis sociopolítica y económica.  

“No tendría más acceso alguno a préstamos y cooperación del BID, lo que por razones obvias no les conviene, además de dejar de ser un miembro del BID (Banco Interamericano de Desarrollo)”, advirtió el analista en asuntos internacionales. 

El diputado sandinista Carlos Emilio López reiteró la importancia de retirar a Nicaragua de ese organismo regional.  

“La OEA actúa contraria a su normativa interna (…) Estamos actuando con sentido de dignidad, de nacionalismo. Con esta declaración estamos afirmando que en Nicaragua manda el pueblo y no la potencia del Norte ni sus peones y voceros”, señaló López.  

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Manuel Orozco, director del programa de Migración, Remesas y Desarrollo del Diálogo Interamericano criticó la posición de los organismos financieros internacionales que en muchos casos han “obviado la naturaleza dictatorial de un régimen”. 

“Nicaragua se ha venido endeudando por lo menos en un 15%de su gasto público con financiamiento del Fondo Monetario, del Banco Centroamericano de Integración Económica, con muy poca auditoría de cómo el gasto se está implementando”, señaló Orozco durante un foro en el que se analizaron los escenarios postelectorales.  

El actual contexto en el que se encuentra el país centroamericano es uno donde “hay un rechazo completo a la legitimidad del proceso y el resultado electoral”, señaló Orozco.  

Para Orozco se necesita que la comunidad internacional cambie el balance de poder en el que se encuentra Nicaragua, no a través de Rusia, ni Cuba, ni Venezuela, por que afirmó que estos no tienen recursos, si no a través de Honduras, ya que es el país que «le ha estado autorizando los préstamos en el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para seguir endeudándose y oxigenando fondos para mantener favores políticos y económicas a su grupo de poder del círculo de Daniel Ortega».

Estados Unidos responde al régimen  

Estados Unidos en respuesta a la “pantomima” de elecciones celebradas el 7 de noviembre dictó una proclamación sobre suspensión de ingreso como inmigrantes y no inmigrantes contra todos los “responsables de políticas o acciones que atenten contra la democracia en Nicaragua”.  

La medida de Estados Unidos es en contra de miembros del gobierno de Nicaragua, encabezado por Ortega, incluida su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo, y otros actores que “formulan, implementan o se benefician de políticas o acciones que socavan o lesionan las instituciones democráticas o impiden el retorno a la democracia en Nicaragua”.  

El gobierno de Biden impide el ingreso a Estados Unidos a funcionarios electos y su personal, alcaldes, vicealcaldes o secretarios políticos que “planificaron, ordenaron, asistieron, ayudaron e incitaron, cometieron o participaron de otra manera, incluso a través de la responsabilidad del mando, en abusos graves o violaciones de los derechos humanos para castigar a manifestantes pacíficos o negar las libertades fundamentales de los nicaragüenses o quien intentó o conspiró para hacerlo”.  

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Funcionarios de los servicios de seguridad de Nicaragua, incluidos el Ejército de Nicaragua, PNN, la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía, los grupos parapoliciales y los grupos paramilitares, así como funcionarios de la administración penitenciaria de Nicaragua y altos miembros del Poder Judicial, Ministerio Público y Ministerio del Interior de Nicaragua.  

La administración del gobierno estadounidense también prohíbe el ingreso de miembros de ministerios del gobierno de Nicaragua, agencias reguladoras, empresas paraestatales, administradores y profesores de educación superior, y funcionarios electos que “hayan emprendido acciones, incluidos abusos de derechos humanos, para negar servicios a quienes realizan esfuerzos pacíficos para exigir el retorno a la democracia en Nicaragua”. 

Aquellas personas de instancias no gubernamentales que actúan como agentes o actúan a instancias de los miembros del gobierno de Nicaragua, incluidos los funcionarios electos y su personal.  

“La impunidad generalizada de los delitos cometidos contra actores de la oposición; la persistente corrupción que practican los funcionarios del gobierno nicaragüense en el desempeño de funciones públicas que ha erosionado las instituciones democráticas; y el continuo fracaso del presidente Daniel Ortega, la vicepresidenta Rosario Murillo, los funcionarios del gobierno de Nicaragua y otros para apoyar el estado de derecho, los derechos humanos y otros principios de alta prioridad para Estados Unidos exigen una respuesta contundente”, señala la proclama del gobierno estadounidense. 

Los funcionarios mencionados en la sección 1 de la proclamación que no podrán ingresar al territorio de Estados Unidos serán identificadas por el Secretario de Estado, o cualquier persona designada. La proclamación permanecerá en vigor hasta que el presidente Biden la dé por terminada.

«El Secretario de Estado recomendará, según las circunstancias, si el presidente debe continuar, modificar o dar por terminada esta proclamación», señala el texto de la misma.

 Esta semana Estados Unidos, Canadá y Reino Unido sancionaron a funcionarios del régimen orteguista vinculados a las distintas formas de represión contra los nicaragüenses.

Igual medida en los años ochenta

En 1988 el entonces presidente Ronald Reagan firmó una proclama similar a la rubricada por Biden a la luz de unas tensas relaciones entre los Estados Unidos y Nicaragua, incluida la expulsión injustificada de Nicaragua del 11 de julio de 1988 del embajador de los Estados Unidos y otros siete diplomáticos estadounidense.

La medida de los años ochenta afectó a funcionarios y empleados del gobierno de Nicaragua o del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) que poseían pasaportes diplomáticos u oficiales; y personas que, sin importar el tipo de pasaporte que poseían, eran consideradas por el Secretario de Estado o su designado como funcionarios o empleados del gobierno de Nicaragua o del FSLN.

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