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OEA y EE.UU. coordinan desconocimiento de Daniel Ortega como gobernante de Nicaragua «por quiebre de la democracia”

*Ricardo Zúniga, secretario adjunto principal de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado confirmó que Estados Unidos sigue evaluando medidas diplomáticas y económicas que contribuyan a dar cuentas.

**El funcionario estadounidense estimó que la Ley Renacer permitirá “tomar medidas contra actores nicaragüenses corruptos” tras farsa electoral.

***La secretaría general de la OEA pidió la anulación de las votaciones del 7 de noviembre y señaló que Nicaragua vive una “erosión democrática”.

****Guillermo Osorno, excandidato presidencial por el partido Camino Cristiano Nicaragüense (CCN) denunció anomalías y sugiere repetir votaciones.

Expediente Público

En el marco de la Asamblea General que celebra la Organización de Estados Americanos (OEA) a partir de este 10 de noviembre, la administración del gobierno de Estados Unidos (EE.UU.) de Joe Biden demandó a los países de América promover la “rendición de cuentas” de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo en este foro regional, cuya secretaría general que preside Luis Almagro solicitó la anulación de los comicios del 7 de noviembre en Nicaragua.

El domingo el régimen Ortega y Murillo “consolidó su control autocrático sobre el pueblo nicaragüense al llevar a cabo una farsa electoral”, señaló este 9 de noviembre Ricardo Zúniga, secretario adjunto principal de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos durante una conferencia con medios de la región.

Ortega y Murillo, quienes se reeligieron automáticamente en las votaciones del 7 de noviembre, con sus acciones convirtieron a “Nicaragua en una República donde reina el miedo” y donde no queda duda que existe hoy “es una dictadura”, dijo el funcionario estadounidense.

“He hablado con numerosos nicaragüenses acerca de lo que desean, y lo que estamos oyendo es que quieren que se libere de prisión a sus seres queridos, quieren que se invaliden las leyes represivas que limitan la libertad de expresión y restringen a la sociedad civil, quieren un gobierno que rinda cuentas y que esto incluya un sistema político transparente que permita inversiones a largo plazo y mayores oportunidades laborales, y un sistema judicial al servicio del pueblo, quieren poder elegir a sus líderes en elecciones libres y justas”, dijo el funcionario de la administración Biden.

Zúniga anunció que los países de las Américas, a lo largo de tres días que dura la Asamblea General de la OEA, discutirán la respuesta que darán a lo que denomina la “destrucción de la democracia”.

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“La región debe ahora promover la rendición de cuentas por parte del gobierno de Ortega y Murillo e impulsar acciones en virtud de la Carta Democrática Interamericana”, afirmó Zúniga.

En diciembre de 2018, en una reunión extraordinaria, el Consejo Permanente de la OEA, luego de conocer el informe final del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que estableció indicios de crímenes de lesa humanidad durante la represión de las protestas, decidió activar la Carta Democrática Interamericana a la luz del artículo 20.

El artículo 20 establece que “en caso de que en un Estado Miembro se produzca una alteración del orden constitucional que afecte gravemente su orden democrático, cualquier Estado Miembro o el secretario general podrá solicitar la convocatoria inmediata del Consejo Permanente para realizar una apreciación colectiva de la situación y adoptar las decisiones que estime conveniente”.

El pasado 7 de noviembre el régimen de Ortega y Murillo privó a los nicaragüenses de una “elección libre y justa” y desencadenó una respuesta de la población que optó por quedarse en casa, afirmó Zúniga.

“Con la pantomima de elección que tuvo lugar el 7 de noviembre Nicaragua ha pasado de ser una democracia frágil a convertirse en un régimen completamente autocrático”, mencionó Zúniga.

Según estimaciones del observatorio electoral Urnas Abiertas la abstención en los recientes comicios rondó el 81.5%. El Poder Electoral alardeó de un 65% de participación, pero sin cifras auditables o verificables.

OEA: “Quiebre de la democracia”

El Consejo Supremo Electoral (CSE), controlado por magistrados afines al partido Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), en su segundo informe dado a conocer un día después de las votaciones, adjudicó a Ortega el 75.22% de los votos para garantizarle el cuarto mandato consecutivo para el periodo 2022-2026.

La secretaría general de la OEA, en un comunicado dado a conocer este 9 de noviembre, confirmó que el resultado de las elecciones describe la “erosión y quiebre democrático” en Nicaragua.

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“Nicaragua ha atravesado una violenta erosión democrática, que ha conducido, mediante un proceso viciado, al quiebre de su régimen democrático conforme a los principios y normas del sistema interamericano”, señaló el comunicado de la OEA.

Las votaciones en Nicaragua se realizaron bajo una situación de profunda crisis política, con opositores presos, entre ellos siete precandidatos presidenciales, partidos opositores a quienes se les canceló la personería jurídica y miles de exiliados, por lo que no se descarta que el tema sea abordado en la Asamblea general, el órgano supremo de la OEA.

“La comunidad internacional debe exigir la anulación de las elecciones del domingo 7 de noviembre, y hacer un llamado a la celebración de un nuevo proceso electoral, con garantías, observación electoral y verdadera competencia electoral”, señaló la secretaría general de la OEA.

La Asamblea General de la OEA se celebrará del miércoles al viernes en formato virtual con Guatemala como anfitrión.

En lo que parece ser unas acciones coordinadas con la OEA el funcionario estadounidense alertó que mantendrán una “coalición amplia para apoyar la democracia e instar a una resolución firme” que ayude a tomar medidas adicionales al amparo de la Carta Democrática Interamericana, lo que podría llevar a Nicaragua a ser expulsada de este foro regional aplicando el artículo 21 del instrumento interamericano.

“La expulsión de un país es un asunto muy grave, pero nosotros pensamos que lo importante es presentar los elementos de los hechos que hemos visto ya en Nicaragua, y tener mucha claridad dentro del organismo acerca de con quién estamos tratando de Nicaragua y a quién estamos tratando de ayudar como comunidad internacional”, insistió Zúniga.

La OEA toma la decisión de suspender a un Estado miembro cuando tiene el voto afirmativo de los dos tercios de los países que la conforman, es decir se necesitan un total de 23 votos a favor de la aprobación de una resolución que ordene la suspensión inmediata del estado de Nicaragua.

“Los países de la OEA deben exigir juntos la restauración de la democracia en Nicaragua y liberación inmediata e incondicional de los presos políticos detenidos por ejercer sus derechos humanos”, mencionó Zúniga.

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La cita en el marco de la Asamblea General, en la que podría debatirse el futuro de Nicaragua en este foro, se realiza luego de que 26 de los 34 Estados miembros activos de la OEA aprobaron el 20 de octubre de 2021 una resolución demandando elecciones libres y la liberación de las personas presas políticas.

Edgard Parrales, exembajador y representante permanente de Nicaragua ante la OEA en los años ochenta, dijo a Expediente Público que este es momento que se debe aplicar el artículo 21 de la Carta Democrática Interamericana, porque se “agotaron todas las posibilidades” para lograr el restablecimiento de la democracia en el país centroamericano.

“Si no lo trabajan o no lo mueven esta vez, yo creo que la OEA tendría que declararse en fracaso con relación al caso de Nicaragua, pero sí entiendo que están decididos a hacerlo, porque prácticamente todos los países, sino la gran mayoría de ellos, están en contra de esta barbarie, de esta falsedad y han decidido tomar una decisión en contra la dictadura Ortega y Murillo, de manera que sí creo que se va a tomar la decisión de sancionar a Nicaragua”, explicó el exdiplomático nicaragüense.

EE. UU: Ley Renacer permitirá tomar medidas

El secretario adjunto principal de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, afirmó que el gobierno de Estados Unidos seguirá evaluando “medidas diplomáticas y económicas que contribuyan a que el gobierno de Ortega y Murillo rinda cuentas” y eso incluye “imponer costos” sobre los cómplices del régimen.

El pasado 3 de noviembre la Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos aprobó con 387 votos a favor y 35 en contra, la Ley para Reforzar el Cumplimiento de Condiciones para la Reforma Electoral en Nicaragua (Ley Renacer, por sus siglas en inglés), una de las armas con las que cuenta el gobierno estadounidense y que está a la espera de la firma del presidente Biden.

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Una vez promulgada la Ley Renacer permitirá “tomar medidas contra actores nicaragüenses corruptos” y revisar la participación de Nicaragua dentro del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y los Estados Unidos (DR-Cafta).

“Muchas personas ya han sido señaladas a través de las sanciones que hemos enumerado, otras personas han sido sanciones a través del retiro de las visas (…) Nos obliga la Ley Renacer a estudiar el papel de Nicaragua dentro del Cafta, nos obliga a trabajar con los gobiernos de Canadá y de la Unión Europea para implementar más sanciones a personas vinculadas a la eliminación de la democracia en Nicaragua”, afirmó Zúniga.

Los gobiernos de Estados Unidos y de Costa Rica fueron los primeros en rechazar los comicios electorales celebrados en Nicaragua el pasado 7 de noviembre. A ellos se unieron los 27 países que conforman la Unión Europea, Chile, Panamá, Colombia, Reino Unido, Uruguay, Suiza, Noruega, Perú, Guatemala, República Dominicana y Canadá.

“Nadie se deja engañar por la farsa electoral del 7 de noviembre, seguiremos solidarios con el pueblo de Nicaragua, continuaremos apoyando sus aspiraciones de elegir a sus autoridades mediante elecciones libres y justas y de recobrar sus libertades democráticas”, advirtió Zúniga.

Camino Cristiano denuncia fraude electoral

El partido Camino Cristiano Nicaragüense que preside el excandidato presidencial Guillermo Osorno, denunció anomalías en el proceso y señaló que los ganadores de los comicios fueron los que no salieron a votar.

“Los que le hicieron daño a este proceso electoral fueron los que adulteraron los votos que de pronto comenzaron a aparecer miles de miles, el Frente siguió sacando grandes cantidades de votos y a Camino Cristiano comenzaron a sacar con dos, tres votos. Lo hicieron mal y dañaron la legalidad que el Frente Sandinista tenía que había ganado con los votos originales, por ese estado se convierte en un estado de ilegalidad”, denunció Osorno.

El representante del partido Camino Cristiano llamó a Ortega a que repitan las elecciones del pasado 7 de noviembre.

“Que lo analice, por qué no da un año más y vayamos el próximo año a un proceso electoral de alcaldías y las nacionales como les llamamos presidenciales y diputaciones”, refirió Osorno.

Osorno confiesa que FSLN no goza de simpatía mayoritaria

El político recordó que en la actualidad el Frente Sandinista no goza de “simpatía” popular. El presidente de Camino Cristiano rechazó ser un partido “colaboracionista” del Frente Sandinista.

“El no voto fue el que ganó y perdemos todos los nicaragüenses, al Frente Sandinista lo hace perder su misma gente, porque si hubieran dejado las boletas a como estaban originalmente el presidente Ortega hubiera ganado, porque con las boletas originales ellos ganaban y eso yo sabía, que si el pueblo no votaba el Frente ganaba”, mencionó Osorno.

El presidente de Camino Cristiano, por primera vez se unió a un clamor de cientos de familias e imploró a Ortega la liberación de los presos políticos.

“Nunca le he pedido nada al presidente Daniel Ortega, al cual le tengo mucho respeto, quiero pedirle al presidente Daniel Ortega que si él puede, con la autoridad que tiene, mandar a sus casas a los presos políticos, él puede hacerlo”, señaló Osorno que le recordó al mandatario que en el pasado también estuvo preso.

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Ortega representa una “amenaza”

La OEA afirma que “no existieron condiciones” para celebrar elecciones de acuerdo con los estándares internacionales.

“Nicaragua no goza de separación de poderes; su autoridad electoral ha sido cooptada por el poder ejecutivo; la libertad de expresión vive bajo ataque; los líderes políticos de la oposición están presos; los partidos políticos opositores son cancelados; no hubo observación electoral independiente; cientos de miles de personas han huido a causa del deterioro de las libertades fundamentales y la falta de garantías para el ejercicio de sus derechos humanos”, señala el comunicado de la secretaría general de la OEA.

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