*Abigaíl Hernández, miembro del Comité Ejecutivo de Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN), confirmó a Expediente Público que la Fiscalía retomó la citatoria a periodistas ante el anuncio del juicio contra Cristiana Chamorro.
**La defensora de derechos humanos Haydeé Castillo, señaló que el proceso es una estrategia del régimen que atenta contra la libertad de expresión en el país centroamericano.
***Unos 65 periodistas salieron al exilio en el segundo semestre de 2021 a partir de las investigaciones contra Fundación Violeta Barrios de Chamorro.
Expediente Público
El juicio que inicia este 3 de marzo contra la periodista Cristiana Chamorro Barrios, exaspirante presidencial y expresidenta de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH), es la representación gráfica de la constante persecución del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo contra la prensa independiente y la libertad de expresión en Nicaragua, coincidieron periodistas y defensores de derechos humanos.
La audiencia del juicio por los supuestos delitos de gestión abusiva, falsedad ideológica, apropiación y retención indebida y lavado de dinero, bienes y activos en contra de Chamorro, se realizará en la Dirección de Auxilio Judicial, conocida como “El nuevo Chipote”, una cárcel ubicada al sur de Managua.
“Es un mensaje directo en contra de la libertad de expresión y de amenaza al periodismo en su colectividad, así lo tenemos que interpretar y entender”, señaló en entrevista con Expediente Público la defensora de derechos humanos, Haydeé Castillo.
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Chamorro Barrios, de 68 años, está bajo arresto domiciliario desde el 2 de junio de 2021, tras un allanamiento de más de cinco horas que realizó la Policía Nacional en su domicilio ubicado al sur de la capital nicaragüense.
Abigail Hernández, miembro del Comité Ejecutivo de Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN), señaló que el caso en contra de Chamorro es una “agresión al periodismo” nicaragüense que desde 2018 sufre los ataques del régimen Ortega y Murillo.
“Obviamente que lo tomamos como una agresión a la prensa independiente (…) Todo es parte de una estrategia que iba dirigida en dos direcciones: por un lado, un juicio político contra Cristiana Chamorro para limitar su carrera política, pero también era una oportunidad de mapear a la prensa independiente, de identificar nombres, rostros”, denunció Hernández.
El origen de la investigación
El régimen inició en contra de Chamorro Barrios una investigación por presunto lavado de dinero a través de la Fundación que dirigía, coincidentemente justo en el momento que ella hizo pública su aspiración de participar en las cuestionadas y no reconocidas elecciones presidenciales de noviembre de 2021.
En abril de 2021, Chamorro estableció un acercamiento con el Comité Nacional de Enlace de la Alianza Ciudadana para conocer información adicional sobre el proceso de inscripción y selección de candidato presidencial de esa plataforma política que posteriormente fue desarticulada por el régimen.
El 20 de mayo de 2021, Chamorro recibió del Ministerio de Gobernación una cita sobre la investigación en contra de la Fundación que dirigió por más de dos décadas. La periodista acudió a rendir cuentas con “honestidad y transparencia”, según describió ella misma en su cuenta de Twitter.
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“La Fundación Violeta Barrios es un referente de libertad de expresión y del poder del periodismo, de lo que debería ser un periodismo libre para que tengamos una sociedad libre (…) Es un mensaje para todo el periodismo en el país, pero yo creo que no están pudiendo por mucho que han querido con todos esos juicios”, enfatizó Castillo.
La periodista es hija de la exmandataria nicaragüense Violeta Barrios de Chamorro (1990-1997) y el mártir de las libertades públicas, Pedro Joaquín Chamorro, asesinado en 1978, durante la dictadura de Anastasio Somoza Debayle.
“Cristiana, durante más de una década desde la Fundación trabajó por lograr que existiese en el periodismo nicaragüense una pluralidad de voces, desde la Fundación muchos medios de comunicación emergentes tuvieron la oportunidad de compartir, se trabajó muchísimo por la capacitación y profesionalización del gremio periodístico”, dijo Hernández.
En menos de 24 horas, el Ministerio Público acusó a la aspirante presidencial por el delito de lavado de dinero y activos, impuso retención migratoria y casa por cárcel en un caso que también estigmatiza a periodistas independientes de Nicaragua.
Ataque a la prensa independiente
La Fundación que dirigió desde 1998 cerró operaciones el 5 de febrero de 2021 ante su negativa de someterse a la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, Ley 1040, aprobada el 15 de octubre de 2020 por la Asamblea Nacional.
“Jamás nos someteremos a los caprichos de la dictadura”, escribió la periodista desde su cuenta en la red social Twitter días antes de ser detenida.
La citatoria del Ministerio de Gobernación coincidió con un segundo allanamiento que realizó la Policía orteguista en las oficinas de Esta Semana y Confidencial que dirige su hermano, el periodista Carlos Fernando Chamorro, obligado a un segundo exilio después de esas acciones del régimen.
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Ese mismo día la opositora también recibió la primera cita que envió la fiscal Heydi Ramírez Olivas para que se presentará el 21 de mayo de 2021 al Ministerio Público.
En un posicionamiento público, después de salir del Ministerio Público, Chamorro Barrios reconoció que la acción del régimen en contra de su persona sumado al allanamiento en las oficinas de su hermano, la cancelación de personerías y el acoso que vivieron los precandidatos presidenciales en ese contexto constituía un “ataque directo a la libertad de expresión”.
“Todo el mundo reconoce el gran trabajo de Cristiana Chamorro y de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro que ella presidía, el hecho de que hayan apresado a Cristiana, no solo está vinculado al hecho que ella se propuso como candidata presidencial, ella es también un símbolo de lo que implica la lucha desde Pedro Joaquín Chamorro por las libertades, la libertad de expresión”, mencionó Castillo.
Periodistas en el radar de la Fiscalía
Junto a la ex aspirante presidencial es procesado su hermano, el también periodista Pedro Joaquín Chamorro Barrios por cargos de gestión abusiva, falsedad ideológica, apropiación y retención indebida.
En todo este proceso el Ministerio Público llamó a varios periodistas independientes a rendir declaración en el caso de la Fundación.
“A partir de junio de 2021 el caso de la Fundación significó que más de 40 periodistas fueran citados innecesariamente a la Fiscalía y durante estos interrogatorios los periodistas que fuimos citados experimentamos agresiones de tipo verbal, violencia sicológica, amenazas, intimidación, acoso y hostigamiento (…) Era una forma de enviar mensajes a la prensa independiente para promover la autocensura”, recordó Hernández.
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La organización PCIN recordó que a raíz de la investigación en contra de la Fundación hubo un nuevo exilio forzado de periodistas nicaragüenses. En el último semestre de 2021, PCIN identificó que unos 65 periodistas se sumaron al exilio.
“Muchos han hecho sus exilios públicos, pero la mayoría no hace público su exilio como parte de sus estrategias de seguridad y es válido. Muchos nos contactan hasta que ya están fuera del país y tenemos identificado que hay un desplazamiento dentro del país”, agregó Hernández.
PCIN conoció que algunos de los periodistas que acudieron el año pasado al Ministerio Público fueron citados nuevamente para el juicio en contra de Cristiana.
“La semana pasada hubo citatorios nuevamente a periodistas a instalaciones que no son el Ministerio Público y el juzgado en Managua, nos parece arbitrario”, mencionó la periodista integrante de PCIN.
Excolaboradores sometidos a procesos ilegales
Dos extrabajadores de la FVBCH, Walter Gómez y Marcos Fletes, acusados por los mismos delitos de Cristiana; y Pedro Vásquez, chofer personal de la periodista, quien es acusado de colaborador necesario para el delito de lavado, se suman a la lista de presos políticos llevados al banquillo de los acusados.
Los excolaboradores de la FVBCH cumplen este jueves más de nueve meses desde que fueron arbitrariamente detenidos. El abogado Carlos Guadamuz, defensor del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca + sostiene que a lo largo de este tiempo los extrabajadores de la Fundación han sido sometidos a un proceso “arbitrario y abusivo”.
“Han sido sometidos a indefensión, a incomunicación con sus familiares y con sus abogados. Cabe señalar que los procesos penales a los que han sido sometidos no son verdaderos procesos, el poder judicial no ha garantizado el control constitucional de las actuaciones policiales, ni tampoco ha tutelado el derecho a la salud, a la integridad física y a las garantías del debido proceso”, señaló Guadamuz.
En Nicaragua, el periodista deportivo Miguel Mendoza fue condenado a una pena de nueve años de prisión en un juicio que se realizó el pasado 8 de febrero.
De igual forma, el periodista y exaspirante presidencial Miguel Mora recibió una condena de 13 años de prisión. El comentarista Jaime Arellano, el 24 de febrero fue llevado a juicio y declarado culpable por un juez orteguista.
El gerente general del diario La Prensa, Juan Lorenzo Holmann y los periodistas Samantha Jirón y Lesther Alemán también permanecen en prisión y forman parte de la lista de presos políticos del régimen de Nicaragua.
