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Régimen de Nicolas Maduro se “fortalece” tras acuerdos firmados con la oposición en México

*El acuerdo firmado en México supone la recuperación de unos US$3,000 millones congelados en los bancos internacionales a raíz de las sanciones impuestas al régimen venezolano. 

** Carlos Ponce, director del Programa Latinoamericano en la Fundación Memorial de Víctimas del Comunismo, estimó que el régimen de Nicolás Maduro es el único ganador tras estos acuerdos, dado que no se le pusieron condiciones. 


Expediente Público 

Con el acuerdo de “protección social” recientemente alcanzado por el régimen de Nicolás Maduro y la oposición venezolana en México, que permite descongelar millonarios fondos estatales en el extranjero con ayuda de Estados Unidos y autoriza a la petrolera Chevron Corporation a reanudar sus operaciones, el único ganador es el régimen en el poder y no acaba con la profunda crisis que ha provocado estos años el desplazamiento forzado de más de seis millones de personas, afirman especialistas consultados por Expediente Público.  

El acuerdo del 26 de noviembre de 2022 firmado en México tiene como objetivo la recuperación de US$3,000 millones congelados en los bancos internacionales a raíz de las sanciones impuestas al régimen venezolano por violaciones de derechos humanos.  

El dinero será canalizado a través de un fondo fiduciario que diseñará y ejecutará la Organización de Naciones Unidas (ONU) para asistir a venezolanos en extrema pobreza. 

Para Carlos Ponce, director del Programa Latinoamericano en la Fundación Memorial de Víctimas del Comunismo, “la dictadura más bien se fortalece” con este acuerdo.  

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Sin acuerdo electoral 

“La dictadura salió fortalecida, no le pidieron nada a cambio en cuanto a esta ayuda humanitaria, no hay ningún acuerdo electoral, esto simplemente es darle unos recursos a Venezuela para que el Gobierno de Venezuela con supuesta intermediación de Naciones Unidas mejore la situación de salud, alimentaria y de crisis que tiene ahorita, pero ahí no hay ningún avance político, es la misma dictadura que se consolida”, dijo Ponce a Expediente Público.  

La Plataforma Unitaria, una alianza política opositora venezolana, estuvo en el centro de las negociaciones con el régimen en México y firmó el acuerdo humanitario enfocado en programas de educación, salud, seguridad alimentaria, respuesta a inundaciones y electricidad que beneficiarán al pueblo venezolano.  

No es la real “oposición” venezolana 

Para Ángel Prato de Líderes Libres, la supuesta unidad opositora que ha firmado acuerdos recientemente con el régimen de Maduro, no representa a la oposición real del pueblo venezolano. 

“El diálogo no lo está teniendo con la real oposición, ni siquiera con el pueblo, sino; con los mercenarios, con los cómplices de una tiranía que es mal vista por la mayoría de los países”, dijo Prota a Expediente Público

Por otro lado, el activista desmintió que esta unidad que se proclama parte de la oposición liderada por Gerardo Blyde, busque la democracia anhelada en Venezuela, ya que no muestra interés en la crisis de derechos humanos y sanitaria que vive el país. 

“Se olvidaron incluso de lo principal, que son los presos políticos, de civiles que solamente por pensar distinto fueron encadenados, han sido torturados, las mujeres han sido violadas dentro de las cárceles, a los presos políticos los han puesto en cárceles comunes. Lo que se está haciendo en los acuerdos es una deshonra”, reiteró Prato. 

Hasta la fecha, la cifra de personas venezolanas presas políticas, supera las 900 en al menos cinco ciudades: Caracas, Los Teques, San Juan de los Morros, Santa Ana del Táchira y Maturín, según el observatorio Nacional de Derechos Humanos

Sociedad civil vigilante  

“La mesa unitaria no es la oposición, no puede ir a un acuerdo sin reglas, y menos olvidando a los presos políticos” agregó. 

Ponce insistió, sin embargo, que tras esta victoria del chavismo en este escenario, la oposición se mostró “débil”. 

“El chavismo salió fortalecido, mostraron una oposición aún más débil, Estados Unidos ha cedido ante las peticiones del régimen y el régimen está fortalecido”, enfatizó director del Programa Latinoamericano en la Fundación Memorial de Víctimas del Comunismo.  

Clara Ramírez, directora interina de Fundaredes, explicó a Expediente Público que como organización no gubernamental, darán seguimiento a la ejecución de esos fondos y estarán vigilantes de que llegue a las personas que lo necesitan. 

El Estado obstaculiza 

“Si bien se señala que el Estado venezolano no va a manejar ese dinero, sino que se va a manejar a través de agencias de la ONU, durante los últimos años hemos visto que incluso la ONU tiene dificultades para ejecutar, para implementar, temas de ayuda humanitaria para el país, porque si bien lo hace, en algunos casos el Estado no permite que esas implementaciones lleguen a quienes están destinadas”, mencionó Ramírez. 

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La presidenta interina de Fundaredes recalcó que el Estado es el “gran responsable” de la crisis que hoy viven los venezolanos y recordó que este no es el primer diálogo entre la oposición y la administración de Maduro.  

“Es un país donde no existe Estado de derecho, donde no hay separación de poderes, donde se criminaliza a todo aquél que actúe o piense diferente a la línea oficial, un Estado donde se cierran medios de comunicación, donde se han expropiado empresas, donde se cuenta con una economía extremadamente inestable”, señaló Ramírez.   

Acuerdo que beneficia a Estados Unidos  

Aunque el acuerdo firmado en México persigue aliviar la crisis humanitaria provocada por la corrupción y las políticas erróneas de Maduro y su predecesor, Hugo Chávez (1954-2013), el ciberactivista y expreso político venezolano, Luis Carlos Díaz, consideró que la recuperación de ese dinero no será suficiente para las necesidades que se viven en esa nación. 

Venezuela sigue teniendo hoy la inflación más alta del mundo. A pesar de que en 2021, ese país cerró con una inflación de 686.4%, en el 2020 se ubicó en 2,959.8%. 

“Se llegó a decir que el dinero que se va a descongelar va para ayuda humanitaria, algo de comida, se pagaría el fondo rotatorio de las vacunas y algo de infraestructura eléctrica, pero ese dinero para una economía como la venezolana tampoco es gran cosa, se diluye muy rápido, muy fácil”, explicó Díaz a Expediente Público.  

Ponce consideró que en el contexto de la crisis humanitaria que vive el país caribeño, que ha obligado el desplazamiento forzoso de millones de personas, Estados Unidos busca la forma de parar la masiva migración venezolana. 

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“Esto es un tema migratorio también, esto es un tema de Estados Unidos dándole unos cuantos millones a Venezuela para que atienda el tema de seguridad alimentaria para que la gente no se siga yendo de Venezuela. Yo creo que por algún lugar va a salir en algún momento un acuerdo migratrio con Estados Unidos para retornar a Venezuela los inmigrantes que se han ido, yo lo veo como un tema netamente político”, mencionó Ponce. 

Las operaciones de Chevron en Venezuela 

Según el servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP por sus siglas en inglés), solo en octubre fueron detenidos en la frontera 22,671 venezolanos. 

En octubre pasado, Estados Unidos comenzó la devolución de migrantes venezolanos a México  y a la vez, inició un plan  con el que se pretende aceptar hasta 24,000 venezolanos a través de un programa de permiso humanitario.  

Aunque Estados Unidos mantiene vigentes la mayor parte de las sanciones, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro emitió la Licencia General de Venezuela (GL) 41, que autoriza a Chevron Corporation reanudar operaciones limitadas de extracción de recursos naturales en Venezuela. 

“Esta acción refleja la política de larga data de Estados Unidos de proporcionar un alivio de sanciones específico basado en pasos concretos que alivian el sufrimiento del pueblo venezolano y apoyan la restauración de la democracia”, advirtió en una nota el Departamento del Tesoro el mismo día en que se firmaron los acuerdos.  

El ciberactivista y expreso político venezolano, Luis Carlos Díaz, explicó a Expediente Público que la flexibilización de la administración de Joe Biden para que la empresa estadounidense Chevron pueda retomar sus actividades, no significa la recuperación de la industria petrolera en Venezuela.  

¿Elecciones transparentes? 

La medida más bien debe verse como un “acto de buena voluntad con limitaciones”, manifestó Díaz. 

“Le permiten operar otra vez, pero nada de ese dinero va para el chavismo, es un dinero que se utiliza para pagar deudas y se va recuperando algo del capital perdido. Entonces, no es que la industria petrolera se va a recuperar de un día para otro, no es que PdVSA va a funcionar, no es que el chavismo va a volver a tener el montón de plata”, señaló Díaz.  

La Plataforma Unitaria confirmó en sus redes sociales que en la próxima fase de negociación con el régimen chavista buscan alcanzar un acuerdo para tener “condiciones electorales”, de cara a las elecciones presidenciales de 2024.  

“¿Cómo logras elecciones transparentes con dictadura? Están en la misma situación de Nicaragua, la misma situación de Cuba, no se logran elecciones transparentes cuando hay una dictadura, lo que se logra es revalidar esos crímenes y lograr la convivencia de unos sectores de oposición”, insistió Ponce. 

Este acercamiento con la oposición, según Ramírez, no invalidan en lo absoluto las pruebas que recoge en su informe la misión internacional independiente de la Organización de Naciones Unidas (ONU), que apuntan directamente al presidente, Nicolás Maduro y a Diosdado Cabello, diputado y vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), como responsables de dirigir los crímenes calificados de lesa humanidad.  

“Que hoy se intente buscar impunidad a través de estos diálogos, es algo que las víctimas no van a permitir”, puntualizó Ramírez.  

La situación de las libertades sigue siendo tan crítica que, según documentación del organismo de derechos humanos Líderes Libres, en menos de 10 meses fueron clausuradas 106 emisoras de radio venezolanas y entre el año 2006 hasta 2022, más de 300 medios de comunicación fueron clausurados, lo que deja al descubierto la falta de mejoría de los derechos humanos.