Congreso Honduras

Sombras de ilegalidad en junta directiva del Congreso agudizan crisis política en Honduras

*Implica que “todo lo que hagan no tenga validez”, incluyendo la elección de los magistrados y del nuevo fiscal general, según abogado constitucionalista Juan Carlos Barrientos.

**Para el investigador del ERIC-SJ, Joaquín Mejía Portillo, el asunto quedó dirimido por la Sala Constitucional y desde el momento que los diputados acatan la autoridad de Luis Redondo.

***Según el diputado de Libre, Marco Eliud Girón, hay intereses para que no se realice votación que legitime a la junta directiva, para que Redondo “siga algunos intereses”.


Expediente Público

¿Es o no legal la junta directiva del Congreso Nacional de Honduras que encabeza el diputado Luis Redondo? Aunque las opiniones están divididas, las dudas sobre la legitimidad del actual parlamento hondureño y la aparente falta de voluntad para resolverlas solo acrecientan la crisis política en que se encuentra este país centroamericano desde el golpe de Estado de 2009.

Las sombras de ilegalidad en el Legislativo hondureño cobran especial relevancia debido a que el próximo año deberá elegir a los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia y al fiscal general del Estado.

De allí que, para quienes sostienen que la junta directiva es ilegal, el escenario es grave porque implica que “todo lo que hagan no tenga validez, incluyendo todos los decretos que han emitido hasta el día de hoy”, según declaró a Expediente Público el abogado constitucionalista Juan Carlos Barrientos.

Redondo fue juramentado como presidente del Congreso el pasado 23 de enero, en medio de una crisis parlamentaria sin parangón en la historia reciente de Honduras.

Su nombramiento fue parte del acuerdo suscrito el mes anterior a las elecciones del 28 de noviembre de 2021 entre su partido, Salvador de Honduras (PSH) y el Libertad y Refundación (Libre), cuya alianza llevó a Xiomara Castro al poder.

Sin embargo, el 21 de enero de este año, una facción de Libre consumó lo que Castro calificaría después como una “traición”, al juramentar a Jorge Cálix como presidente de la junta directiva provisional del Congreso Nacional sin permitir que se propusieran otras candidaturas, entre ellas la de Redondo.

Para el investigador del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC-SJ) Joaquín Mejía Rivera, con ese acto se irrespetó el procedimiento que establece la Ley Orgánica “y en ese sentido diríamos que se violentó la ley, por tanto esa directiva de Jorge Cálix tenía vicios de ilegalidad”.

El 23 de enero, cuando debía elegirse la junta directiva en propiedad, que suele ser la misma que la provisional, Cálix cambió el lugar de la sesión y la trasladó a un club campestre ubicado a casi una hora de la capital. Para Mejía Rivera, esa acción “implica un fraude de ley porque era imposible que los diputados que ya estaban en el Congreso, en el centro de Tegucigalpa, pudieran llegar a tiempo a esa convocatoria”.

El asunto fue de mal en peor, ya que ese día se realizaron dos sesiones, una en Bosques de Zambrano, donde Cálix fue juramentado como presidente del Congreso; y otra en el edificio legislativo, con Redondo jurando como su titular.

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Junta directiva es ilegal

Pero mientras Cálix fue elegido con el voto de cerca de veinte diputados propietarios de Libre, más 44 del Partido Nacional, alrededor de quince del Partido Liberal y uno del Partido Anticorrupción (Pac), Redondo fue elegido por diputados suplentes en su mayoría.

En la sesión de Redondo “no había quórum” y tampoco justificación de los diputados que se autoconvocaron en Bosques de Zambrano, dijo Mejía Rivera, en alusión al artículo 197 de la Constitución sobre la obligatoriedad de los parlamentarios de asistir a las sesiones y que en caso de inasistencia o abandono injustificado serán expulsados y no podrán optar a cargos públicos durante diez años.

Esa sustitución de los diputados propietarios por los suplentes fue con base en el artículo 49 de la ley orgánica que “reformó Mauricio Oliva para su conveniencia y que lo criticó Libre y lo criticó Luis Redondo”, dijo Mejía Rivera, quien también es investigador del Equipo Jurídico por los Derechos Humanos (EJDH).

Según el artículo arriba mencionado: “El presidente del Congreso Nacional determinará el número de diputados suplentes de cada una de las bancadas políticas que pueden participar con voz y voto en el Pleno”.

“Obviamente la junta directiva de Luis Redondo tiene vicios de ilegalidad por la forma, tiene vicios de inconstitucionalidad, no tanto por su incorporación (de los diputados suplentes), sino porque se utilizó un artículo que en mi opinión es inconstitucional”, dijo Mejía Rivera.

Para el abogado Barrientos la junta directiva de Redondo “es ilegal por la sencilla razón de que fue electa por suplentes” y aunque la ley orgánica permite que estos voten en ausencia de los diputados propietarios, “es hasta que esté electo el presidente del Congreso que este procede a incorporar a los suplentes (…) aparte de que se necesita tener por lo menos 65 diputados (propietarios) y en esa reunión solamente participaron 44”.

Aunque Cálix terminó firmando un acuerdo para respetar la junta directiva de Redondo, la legalidad de esta sigue en entredicho.

Recientemente, la directora del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA, entidad de la sociedad civil) Gabriela Castellanos reiteró ante los medios que la junta directiva del Congreso es ilegal y el presidente del Comité Central del Partido Liberal, Yani Rosenthal, propuso su ratificación y ofreció los votos de la bancada con el fin de que “se legalicen y se legitimen”.

“Yo no me explico por qué no lo quieren resolver, repitiendo la elección”, dijo al respecto el abogado Barrientos, pues el consenso ya lo tienen también con el Partido Nacional. Los dos partidos “les han ofrecido los votos”, sostuvo.

Intereses oscuros

“Nosotros en la crisis del Legislativo también propusimos que hiciéramos una nueva votación”, dijo a Expediente Público el diputado de Libertad y Refundación, Marco Eliud Girón, uno de los que apoyó a Cálix.

“Pero me parece a mí que hay intereses de mantenerlo de esa forma (a Redondo)” porque así “él va a hacer o va a seguir dictámenes de ciertos intereses, me parece a mí que eso podría ser. Esa es mi sospecha”, declaró Girón, quien duda que se realice una nueva votación porque “la intención es mantenerlo así, ese es mi punto de vista, es mantenerlo así precisamente para que él siga algunos intereses”.

Para el abogado Mejía Rivera “la pregunta que hay que hacernos es si realmente la junta directiva de Luis Redondo subsanó el vicio inicial con que comenzó todo”.

Pero a su juicio “jurídicamente el problema se resolvió” luego que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema no admitió un recurso de inconstitucionalidad presentado en enero contra la directiva de Redondo.

“La Sala de lo Constitucional entendió que el problema no era jurídico, sino que era político (…) entonces en mi opinión ahí se cierra el camino constitucional”, dijo Rivera Portillo. “Y estamos hablando de una sala de un Poder Judicial controlado por el Partido Nacional”, acotó.

Además, consideró que a nivel interno el asunto está finiquitado pues los diputados que califican de “ilegal” la junta directiva acuden a las sesiones.

“¿Por qué están votando si creen que es ilegal? ¿por qué se someten a esa autoridad?”, y “¿por qué no han hecho más en términos legales si creen que hay algo que se puede hacer”, cuestionó Mejía Rivera.

Expediente Público solicitó una entrevista al jefe de la bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano, y le envió varias preguntas por Whatsapp, pero no respondió.

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Mensajes contradictorios

Para el analista del International Crisis Group, Tiziano Breda, uno de los posibles obstáculos para una CICIH podría ser “la incertidumbre legal que podría dejar su instalación aprobada por una junta directiva cuya legalidad es dudosa”.

La solución sería votar nuevamente, aunque después de seis meses desde que se instaló la primera legislatura “no creo que sea realista pensar que eso pueda ocurrir”, dijo Breda a Expediente Público.

Señaló que sobre este tema hay mensajes contradictorios a nivel internacional, ya que por un lado la embajadora de Estados Unidos, Laura Dogu, y la representante de Naciones Unidas, Alice Shackelford, se han reunido con Redondo, con lo que “reconocieron de facto esta elección a pesar de las fallas legales”.

Por otro lado, en la lista Engel “se incluye a Rasel Tomé, que es el vicepresidente de la junta directiva, lo que para mí sugiere que es una señal de inconformidad de alguna forma”. Un segundo vicepresidente del Congreso, Edgardo Casaña, también aparece en la lista dada a conocer por el Departamento de Estado.

Más acción que palabras

En esa línea, Mejía Rivera recordó que Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos (OEA) “negociaron con un ‘narcodictador’, negociaron con Juan Orlando Hernández, sabiendo que la reelección era ilegal y que hubo fraude electoral, entonces yo creo que esto también es la realpolitik”.

Y señaló que con el tema de la CICIH, las condiciones que puso la ONU no tienen nada que ver con la junta directiva, sino que con la ley de la junta nominadora, la ley de secretos oficiales, la ley de colaboración eficaz y una nueva ley para las altas magistraturas del Estado.

A su juicio, lo que debe hacer el CNA, los partidos políticos o quien crea que hay vicios de nulidad en el Congreso Nacional es tomar las acciones legales pertinentes, como se hizo con la reelección presidencial, hasta lograr que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitiera una opinión consultiva en donde dijo que esta no es un derecho humano, que fue “la mentira sobre la cual se dictó la sentencia para permitir a Juan Orlando Hernández ser presidente otra vez”.

Entonces todo lo que hizo Hernández en su segundo gobierno fue ilegal, “ahora la pregunta: ¿Es posible revertir todo eso? No. Entonces ahí el derecho es sobrepasado por la realidad política, y lo mismo pasa ahora, por eso yo siempre insistí que el conflicto en el Congreso Nacional no es un asunto jurídico, es un asunto político”, dijo el investigador del ERIC-SJ.

“Si finalmente hay interés en que fortalezcamos el país lo lógico es realizar las acciones que se consideren pertinentes”, porque “Honduras está en una etapa de transición, vivimos en una crisis permanente desde el golpe de Estado que no se ha resuelto y estar con la misma vaina también de la junta directiva del Congresos Nacional abona a esa crisis”, puntualizó.

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