* Un foro del Center for Strategic and International Studies (CSIS) analizó el impacto global de la represión transnacional y la necesidad urgente de justicia.
* Los participantes expusieron cómo el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha destruido todo rastro de separación de poderes.
* Los panelistas concluyeron unánimemente que la comunidad internacional debe actuar con firmeza frente a la privación arbitraria de la nacionalidad.
Yarely Madrid / Expediente Público
El despliegue de una política de represión transnacional, destinada a silenciar y castigar las voces disidentes en el exilio, se ha convertido en el eje central de las denuncias internacionales sobre la crisis en Nicaragua.
Para abordar la gravedad de estas violaciones a las libertades fundamentales, que trascienden fronteras, el Center for Strategic and International Studies (CSIS) organizó este 29 de mayo el foro «Nicaragua Under Repression: Human Rights, Accountability, and Exile».
Este encuentro tuvo como propósito desglosar las principales conclusiones del informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) de la ONU, el cual documenta cómo el aparato del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha perfeccionado sus tácticas de hostigamiento extraterritorial para asfixiar a sus ciudadanos en el extranjero.
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El panel estuvo integrado por Jan-Michael Simon, presidente del GHREN; la educadora y activista exiliada Rosalía Gutiérrez-Huete Miller; y Juan Lorenzo Holmann Chamorro, gerente general del diario La Prensa, quienes expusieron las dimensiones técnicas y humanas de un sistema represivo de alcance global.
La apatridia, un delito internacional
Simon abrió su intervención explicando el impacto legal y humanitario que tiene la privación de la nacionalidad aplicada por el régimen nicaragüense. El experto de la ONU recordó que el primer gran acercamiento del grupo a este problema ocurrió justo antes de publicar su informe de 2023, coincidiendo con la expulsión masiva de presos políticos.
Simon destacó la similitud de estas tácticas con las prácticas históricas más oscuras de regímenes totalitarios del siglo XX.
El despojo oficial de los derechos ciudadanos ha sido tipificado formalmente por el grupo de expertos de la ONU como un delito internacional de persecución política.
«En el derecho penal internacional, hemos calificado esto como persecución por motivos políticos junto con actos prohibidos de deportación”, explicó.
Para Simon, el marco normativo de las convenciones globales sirve precisamente para identificar y condenar la gravedad de estas conductas de represión estatal.
El presidente del GHREN alertó sobre miles de nicaragüenses en el exterior que padecen una privación de nacionalidad de facto debido a los bloqueos institucionales de la dictadura.
Entre estas prácticas recurrentes se encuentran la denegación de pasaportes, la prohibición de reingreso al país y la retención de documentos de identidad esenciales. Esta estrategia gubernamental asfixia la capacidad de las personas para regularizar su estatus migratorio o solicitar asilo en las naciones de acogida.
«Lo que es aún más preocupante no son aquellos que son apátridas de jure, que son 452 en la actualidad, sino los miles que están despojados de facto de su nacionalidad, ya sea porque el régimen les niega los pasaportes y prohíbe su reingreso al país, o les niega documentos personales clave para, por ejemplo, presentar un caso en el proceso de asilo», indicó.
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Alertas financieras para hostigar
Simon manifestó cómo el régimen utiliza indebidamente los sistemas financieros internacionales para perseguir y hostigar económicamente a los ciudadanos exiliados.
El presidente del mecanismo detalló que las autoridades de Managua «lanzan falsas alertas rojas en mecanismos de prevención de lavado de dinero para que los proveedores de servicios privados marquen a las personas en el exilio».
Esta manipulación de los sistemas de cumplimiento privado bloquea el acceso de los exiliados a cuentas bancarias y servicios económicos esenciales.
Además del hostigamiento financiero, el informe del grupo, publicado el pasado marzo, documenta el abuso sistemático de los canales de cooperación policial internacional y el ciberespacio.
Según se describe en el documento, el gobierno recurre a la inserción de notificaciones falsas dentro del sistema de la Interpol. A esto se suman campañas organizadas de hackeo y ataques cibernéticos dirigidos contra las redes de comunicación de los exiliados y medios independientes.
Simon enfatizó la urgencia de que los países receptores identifiquen todo este catálogo de agresiones para proteger adecuadamente a las comunidades refugiadas.
«Lo que para mí es importante aquí es que los países de acogida sean realmente conscientes de cuál es todo el portafolio de la represión transnacional y actúen al respecto”, indicó.
En búsqueda de justicia internacional
Además, Simon analizó las vías legales disponibles para procesar las violaciones a los derechos humanos.
El especialista reconoció la complejidad del escenario judicial debido a que el Estado de Nicaragua no es firmante del Estatuto de Roma, el tratado internacional que fundó y rige la Corte Penal Internacional (CPI). A pesar de esta limitación inicial, el presidente del grupo de expertos subrayó que existen alternativas jurídicas viables basadas en la naturaleza de los abusos.
«Existe la posibilidad de activar la jurisdicción de la Corte Penal Internacional a través del carácter transfronterizo de los crímenes fundamentales», afirmó y explicó que la deportación y la persecución extraterritorial constituyen conductas idóneas para fundamentar esta competencia judicial internacional.
El presidente del GHREN hizo referencia a precedentes internacionales recientes que validan la aplicación de este criterio de jurisdicción. Citó los casos de las investigaciones sobre los crímenes en Myanmar y las recientes acciones legales respecto a Bielorrusia.
En este último caso, las fiscalías internacionales abrieron investigaciones basadas exactamente en los mismos elementos de conducta transfronteriza identificados en Nicaragua. Estos avances en la jurisprudencia global demuestran que las dictaduras ya no pueden asegurar impunidad total fuera de sus fronteras.
Finalmente, el especialista de la ONU instó a las fiscalías de naciones europeas y americanas a iniciar procesos penales aprovechando la doble nacionalidad de muchas víctimas. Países como España o Alemania cuentan con marcos legales de jurisdicción universal que les permiten perseguir penalmente estos crímenes de lesa humanidad.
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Ciudadanía arrebatada
Rosalía Gutiérrez-Huete Miller aportó una perspectiva humanitaria sobre el impacto personal y político de la pérdida de la nacionalidad.
Durante el foro, relató cómo el régimen descabezó los derechos de casi cuatro centenares de disidentes en febrero de 2023.
Gutiérrez-Huete describió la mezcla de nostalgia por su tierra y la indignación política que esta agresión estatal generó en su vida. Ella perdió la nacionalidad luego de que el régimen desterrara a 222 conciudadanos a Estados Unidos en 2023.
“El 9 de febrero llegaron los 222 al aeropuerto de Dulles. Para cuando aterrizaron, les habían quitado la nacionalidad. El 16 de febrero, solo unos días después, a 94 de nosotros nos despojaron de nuestra nacionalidad. Yo soy la tercera en la lista… Fue un error quitarme la nacionalidad a mí y a los otros 452… al final, es un error porque, ¿quién puede realmente quitarle a uno la nacionalidad? Realmente. Así que elijo pensar que les ha salido el tiro por la culata», manifestó.
A pesar del dolor que representa el exilio forzado y el despojo de sus raíces, la activista enfatizó que la medida tuvo un efecto contrario al esperado por la dictadura. La privación arbitraria de sus derechos legales no logró silenciar su labor de denuncia ni frenar su activismo internacional.
«Me convertí en una fiera, una especie de animal salvaje… En cierto modo, usamos ese término, ‘fiera’, porque puedo ser esa fiera incluso con una sonrisa», describió.
Gutiérrez-Huete Miller también denunció la asfixiante persecución que sufren la Iglesia católica y otras confesiones religiosas dentro de Nicaragua.
La libertad de culto prohibida
La activista relató que la libertad de culto ha sido completamente suprimida y que las actividades eclesiásticas están bajo un control policial absoluto. Las homilías deben ser revisadas previamente por las autoridades y las tradicionales procesiones callejeras han sido prohibidas.
Esta política de silenciamiento busca neutralizar la capacidad de convocatoria de los líderes religiosos.
A pesar del despliegue de espías gubernamentales que graban las misas y persiguen a los feligreses al salir de los templos, la activista destacó la resiliencia del pueblo. Los ciudadanos continúan celebrando sus festividades.
De acuerdo con Gutiérrez-Huete Miller, estas manifestaciones comunitarias demuestran que el espíritu de resistencia y los valores de la población nicaragüense no pueden ser borrados por la violencia del Estado.
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Periodismo perseguido
Por su parte, Juan Lorenzo Holmann Chamorro expuso las extremas dificultades que enfrenta el periodismo independiente bajo el control absoluto de la dictadura.
El gerente general de La Prensa relató que el ejercicio periodístico ha sido completamente criminalizado dentro del territorio nacional. A diferencia de otros regímenes autoritarios de la región donde aún persisten agencias informativas locales, en Nicaragua informar es catalogado como un delito de Estado, señaló.
Esta persecución obligó a las redacciones independientes a desplazarse por completo hacia el exilio para salvaguardar sus vidas y su libertad.
Holmann describió detalladamente los desafíos logísticos, financieros y de verificación que implica coordinar un medio de comunicación desde el extranjero.
“Incluso en la publicidad, la gente en Nicaragua no se va a anunciar en ninguno de estos medios independientes porque tienen miedo de que el gobierno vaya tras ellos. Y realmente lo entiendo, es algo comprensible… Necesitamos ayuda para seguir haciendo nuestro trabajo», afirmó.
El acceso a la información se ha vuelto más lento debido a los rigurosos procesos de verificación necesarios para proteger a las fuentes internas del peligro de represalias.
«Tenemos nuestras fuentes en Nicaragua que nos siguen alimentando… La parte más difícil de hacerlo desde el exilio es ir y verificar si la información es correcta. Por lo tanto, el periodismo en el exilio va un poco más lento en el sentido de que no es tan dinámico porque tienes que verificar para poder decirle la verdad a la sociedad”, apuntó.
Frente a este escenario adverso, el director enfatizó el valor del oficio: «Aunque estemos fuera de Nicaragua, somos la voz del interior de Nicaragua».
