* Expediente Público entrevistó a Adam Isacson, director de Supervisión de la Defensa de la Oficina de Washington para Asuntos Latinos (WOLA).
* Sostiene que la política migratoria de EE. UU. — caracterizada por las limitaciones al asilo y las deportaciones masivas— agudizará los problemas en países castigados por la violencia, la pobreza y el autoritarismo.
* Advierte que una estrategia centrada en descabezar cárteles y ampliar el militarismo ignora que el crimen organizado no busca necesariamente destruir al Estado, sino penetrarlo y corromperlo.
Tomás Guevara y Natalia López / Expediente Público / Washington
La política migratoria de la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está creando una “olla de presión” en algunos países latinoamericanos, advierte Adam Isacson, director de Supervisión de la Defensa de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés). Como consecuencia, añade, se producirán estallidos sociales y un agravamiento de las crisis económicas.
Expediente Público conversó con él durante la undécima Conferencia de Seguridad Hemisférica en la Universidad Internacional de Florida (FIU, por sus siglas en inglés), para analizar la situación regional en asuntos como la migración, el crimen organizado y la presión social acumulada.
Isacson sostiene que, durante años, la migración ha funcionado como “válvula de escape” frente a los problemas de violencia, inseguridad ciudadana, pobreza, represión y autoritarismo en países como Nicaragua, Honduras, Haití, Cuba y Venezuela, entre otros.
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“Tenían la posibilidad de, ‘bueno, hay muchos desempleados, envíalos a Estados Unidos y ellos envían remesas’. Tienen muchos disidentes haciendo problemas, ‘envíalos a Estados Unidos’ y ya no tenían que preocuparse de ellos; pero ahora están siendo devueltos y no pueden salir”, explica el experto.
Por esto, afirma que una política estadounidense que pretende deportar hasta un millón de inmigrantes irregulares cada año y prohibir el ingreso de más indocumentados, así como dificultar los procesos para la migración regulada, traerá consecuencias preocupantes para Latinoamérica.
De este fenómeno, plantea, surgen más interrogantes: ¿qué sucederá cuando se produzca un aumento de la población desocupada y de los disidentes que ya no pueden emigrar, mientras, al mismo tiempo, se reducen las remesas? “Es una olla de presión”, se contesta.
¿Quién es Adam Isacson?
Con estas variables puestas sobre la mesa, este experto —que ha trabajado por más de tres décadas en asuntos latinoamericanos— cree que, como efecto de la actual política migratoria de EE. UU., “puede haber estallidos sociales, incluso en algunos países democráticos porque hay muchos desempleados y pobres”.
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El acoso del ICE
Alicia (nombre protegido por seguridad) es una nicaragüense que buscaba asilo en EE. UU. Una Corte de Inmigración de Virginia rechazó su solicitud hace unas semanas y le ordenó la deportación voluntaria. Desde entonces —relató a Expediente Público— el acoso por parte de la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para que abandone el país ha sido constante.
No le instalaron grillete para monitorear su ubicación, pero la oficina migratoria le requisó el pasaporte y sus funcionarios la llaman constantemente para darle el ultimátum de salida.
“Me tengo que estar reportando e insisten si uno ya tiene el pasaje. Yo había comprado uno con escala en Miami, que me salía más barato, y ahora ya no lo puedo usar porque tiene que ser un vuelo que salga de Estados Unidos”, dijo entre lágrimas.
En Nicaragua le esperan su familia y la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo. En el país nada ha cambiado desde que lo abandonó en 2022 gracias al Programa de Parole Humanitario, que le permitió entrar a Estados Unidos de forma regular.
Alicia evita dar detalles de su disidencia, pues quiere evitar que se reactive la represión en su contra cuando esté de vuelta en Nicaragua.
Lea: La migración irregular, un buen negocio para el crimen organizado
Desde su llegada al poder para un segundo mandato, el 20 de enero de 2025, Trump canceló el programa instalado por su antecesor, Joe Biden, para proteger a unos 500,000 migrantes de Nicaragua, Cuba, Venezuela y Haití. Tras varias disputas legales, el caso llegó a la Corte Suprema de EE. UU., que respaldó la decisión presidencial el 30 de mayo de 2025.
Así, miles de nicaragüenses, venezolanos, cubanos y haitianos quedaron desamparados y sujetos a deportación.
En los procesos de asilo, hay una fuerte presión desde el Departamento de Justicia y del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) hacia los fiscales para cerrar los casos en cortes y proceder a las deportaciones lo más rápido posible, según registros de la organización civil American Immigration Council.
Los inmigrantes solicitantes de asilo son fáciles de localizar al tener registros de datos biométricos y dirección postal, a diferencia de los migrantes irregulares que entraron por la frontera sur de EE. UU. sin haber sido detectados ni sometidos a ningún control dentro del país.
“Ellos (el ICE) saben la situación de uno. Por eso le quitan el pasaporte, porque saben también que sin ese documento uno no tiene cómo renovarlo fuera de Nicaragua y no puede hacer nada aquí”, afirmó Alicia.
Para Adam Isacson, es preocupante que el gobierno de Estados Unidos esté quitando el derecho de asilo. «Están buscando, con varias medidas, acabar con los casos de asilo que estén pendientes en cortes migratorias de Estados Unidos”, señaló.
Ver también: Gobierno de Trump presiona a migrantes indocumentados a irse de EE.UU.
Medios de comunicación estadounidenses, como NPR, publicaron a finales de mayo que el Departamento de Justicia de EE. UU. ha programado audiencias masivas, de más de cien inmigrantes a la vez.
Los registros indican que la mayoría de los citados acuden sin abogado. Esto le sucedió a Alicia, pues el despacho al que había pagado para que la representara no acudió a la cita.
Otros inmigrantes no reciben la notificación de manera adecuada para poder asistir a la audiencia y, si no se presentan, el juez emite la orden de deportación automática. La organización Trac Immigration estima que el sistema tiene más de 2,3 millones de casos activos de asilo pendientes de resolución en todo Estados Unidos.
Isacson considera que, además, la política migratoria está encaminada “a sembrar temor con las redadas” del ICE. Estos operativos se llevan a cabo con oficiales enmascarados. Además, hay evidencias de “la miseria que existe dentro de esos centros de detención y, por supuesto, con eso tratan de espantar a los migrantes”, apunta Isacson.
Un nuevo informe de la organización no gubernamental Human Rights Watch (HRW), difundido el pasado 27 de mayo, detalla que miles de migrantes cubanos deportados por EE. UU. están varados en México en un “limbo legal” tras sufrir malos tratos en los centros de detención del ICE.
Según HRW, unos 4300 inmigrantes cubanos que habían vivido en EE. UU. por décadas han sido arrestados y expulsados del país sin una valoración individual de su situación.
“Estados Unidos debe garantizar que los procesos de deportación cuenten con una evaluación individualizada de los casos, incluyendo las necesidades de protección, y que la detención de migrantes sea excepcional y adecuada”, señala el informe.
El documento expone que, en 14 meses de la administración Trump, el número de deportados a México suma más de 13,000 migrantes de terceros países. La mayoría son cubanos, pero también han sido expulsados centroamericanos y de otras naciones.
México no ha reconocido la existencia formal de algún acuerdo para este tipo de deportaciones denunciadas por HRW. La presidenta Claudia Sheinbaum ha justificado que son recibidos en la frontera norte por “razones humanitarias”.
Criminalización de los migrantes
El experto de WOLA sostiene que, en Estados Unidos, se han mezclado diversas cuestiones bajo el discurso de la seguridad nacional, incluida la migración, lo cual ha generado confusión.
Isacson señala que existen narrativas que intentan vincular a los migrantes con organizaciones criminales bajo el argumento de que, al haber pagado para cruzar las zonas controladas por tales agrupaciones en Centroamérica y México, estos ya formarían parte de dicha red delictiva.
Además, hay casos en que los migrantes han sido víctimas de trata. Esto —afirma Isacson— no cuenta para la política actual, pues parte de la base de un riesgo para la seguridad nacional. Para el especialista, este enfoque es “oportunista y no responde a los hechos (…), pero hasta el momento esos argumentos siguen siendo evaluados por las cortes elegidas y no hemos llegado al final”.
Este experto sostiene que, a medida que aumentan las agrupaciones criminales en la lista de organizaciones señaladas como terroristas, se intensifica la narrativa gubernamental de vincular a los migrantes con esos grupos. Se dice, por ejemplo, que, “al pagar a un coyote para llegar a EE. UU., hicieron transacciones con terrorismo y entonces representan amenaza”, describe Isacson.
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Algunos países latinoamericanos han expresado su preocupación por las deportaciones masivas desde Estados Unidos, advirtiendo que esto acarrearía un impacto desestabilizador a sus economías.
Los gobiernos de Belice, Brasil, Colombia, Cuba, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México y Venezuela sentaron una postura unificada en enero de 2025 con una declaración de rechazo a la “criminalización en todas las etapas del ciclo migratorio”. Así se lee en el documento firmado al final del encuentro realizado en México.
Los ministros y viceministros de relaciones exteriores de los países participantes suscribieron el documento, que consta de 14 apartados en los que destacan sus compromisos con la búsqueda de soluciones ante la inmigración irregular, sin dejar de lado sus preocupaciones sobre los planes de Estados Unidos —a inicios de la administración Trump— de proceder a deportaciones masivas.
En los debates del encuentro las representaciones oficiales plantearon sus preocupaciones que las deportaciones masivas y la reintegración de miles de deportados saturaría sus mercados laborales.
Además, el retorno forzado de personas y familias a zonas controladas por el crimen organizado las pondría en grave riesgo, según la declaración final del encuentro.
Los cárteles y la corrupción
Isacson afirma que la militarización en Latinoamérica como respuesta al narcotráfico es una apuesta arriesgada, pues en la región confluyen la corrupción y las graves violaciones a derechos humanos.
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Además, advierte que, cuando la cooperación en seguridad se basa en una visión militarizada y sin contrapesos, los militares aumentan su poder frente a la sociedad civil. Para él, esto contradice los procesos de democratización que se implementaron en la región durante décadas, con los cuales se logró someter el poder militar al orden civil constitucional.
“Sin poner énfasis en los derechos humanos, la anticorrupción y la rendición de cuentas, si ese fortalecimiento viene con esa visión tan terrorista y sin los controles necesarios, obvio, vamos a ver a países donde los militares tienen mucho más poder que los civiles”, explicó.
Desde su perspectiva, la ciudadanía estaría más expuesta a abusos de derechos humanos perpetrados por la fuerza pública.
Además, esta presión armada —según Isacson— solo empujaría a los grupos criminales a adaptarse para seguir operando mediante la corrupción y la penetración en las instituciones.
“Esos grupos que están en la lista (de organizaciones terroristas) en vez de tratar de tomar el poder, en vez de tratar de atacar al Estado, prefieren penetrar al Estado, controlar, corromper al Estado”, apuntó experto.
Y concluyó que la estrategia de descabezar las estructuras criminales atacándolas con la fuerza militar “ignora el oxígeno que respiran estos grupos”.
