* El experto en seguridad nacional Guido Torres advierte que China, Rusia e Irán, así como organizaciones criminales, utilizan herramientas de guerra irregular en Latinoamérica.
* El uso de drones y tecnologías de difícil detección por parte de actores no estatales en el hemisferio occidental obliga a plantearse una respuesta para hacer frente a amenazas.
* China tiene predominancia en el espectro de telecomunicaciones y construye centros de datos, cables de fibra óptica e infraestructura satelital en Latinoamérica, con escasa regulación.
Tomás Guevara, Natalia López / Expediente Público / Washington
Latinoamérica ya es un escenario de la guerra irregular. Así se denomina al conflicto silencioso que conducen potencias económicas y militares, así como redes criminales, para controlar las redes digitales, la infraestructura crítica y los sistemas de vigilancia satelital.
Guido Torres, director ejecutivo de la Irregular Warfare Initiative (IWI), una organización estadounidense sin fines de lucro que reúne a profesionales, militares, académicos y políticos en el campo de la guerra irregular, habló con Expediente Público durante la undécima Conferencia de Seguridad Hemisférica, en la Universidad Internacional de Florida (FIU, por sus siglas en inglés).
El especialista explicó los alcances de ese tipo de conflicto entre potencias extrahemisféricas que aspiran al control estratégico de Latinoamérica.
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A diferencia de los conflictos abiertos, como los que se observan en otras latitudes del planeta, con impactos de misiles y ataques de artillería por tierra y aire, la guerra irregular se abre paso en esta región carcomiendo sistemas, posicionando bases operativas y tomando el control de sectores estratégicos.
La región, según Torres, lleva tiempo recorriendo este camino con actores geopolíticos como China, Rusia e Irán, que utilizan una batería de acciones para lograr el control del continente, en claro desafío a Estados Unidos.
La vigilancia digital, el espionaje, la compilación de bases de datos, la instalación de centros de observación satelital, la propaganda y la desinformación son consideradas, entre otras, estrategias de guerra irregular.
Para este experto, una de las características de la guerra irregular en nuestro tiempo es la dificultad de atribuir las acciones a un solo actor.
Las acciones, “desde una perspectiva de guerra irregular, es difícil atribuirlas a un actor específico; muchas veces, si es una operación cibernética, una operación de influencia o de desinformación, un actor estatal no quiere que le sea atribuida, por razones obvias”, explicó Torres.
Esta situación —según Torres— abre la puerta a potencias globales e incluso a grupos criminales para actuar en los espacios sensibles como las plataformas digitales, las redes financieras, los sectores informáticos y tecnológicos, donde la vigilancia y exposición política son mínimas.
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Una preocupación del Congreso de EE. UU.
El Congreso de Estados Unidos aprobó en 1961 la primera Ley de Autorización de Defensa Nacional (NDAA, por sus siglas en inglés) para delinear los tipos de conflicto y asignar fondos especiales del presupuesto para hacer frente a esos retos.
Cada año, el Congreso realiza una actualización de las potenciales amenazas dentro de los comités del Senado y la Casa de Representantes en el legislativo federal para asignar los recursos y así desplegar las capacidades de respuesta.
Los registros del Congreso, en Washington, dejan ver que existe claridad sobre dos tipologías de conflicto: por un lado, la guerra abierta en campo de batalla y, por otro, la guerra irregular.
En esta última, “Estados y actores no estatales llevan a cabo campañas para asegurar o coaccionar a otros Estados o grupos mediante actividades indirectas, no atribuibles o asimétricas”, señala un artículo Understanding Irregular Warfare, (Entendiendo la guerra irregular) publicado por la revista U.S. Army.
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Los riesgos en Latinoamérica
Para Torres, en Latinoamérica confluyen una serie de actores estatales y no estatales, desde China, Rusia e Irán hasta redes transnacionales del crimen, que en algunos casos actúan de manera interconectada para romper los diques de defensa creados de forma individual por los países.
Uno de los riesgos de América Latina es que avanza a pasos agigantados para digitalizar sus plataformas económicas, productivas, educativas y de telecomunicaciones, pero con pocas normativas de control que puedan evitar ser blanco de ataques de esos actores.
Según Torres, las organizaciones narcoterroristas utilizan herramientas de guerra irregular para responder a la presión de los gobiernos que intentan desarticular sus operaciones.
Como ejemplo, en México, el pasado 22 de febrero, varias redes criminales paralizaron medio país como respuesta a las fuerzas del Estado, que intentaron responder al accionar del crimen organizado.
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El operativo que condujo a la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), desencadenó la respuesta violenta de los criminales, que incluyó asesinatos, ataques a sedes policiales, incendios y enfrentamientos en más de 20 estados del país, mientras la mitad de la población permanecía confinada en sus domicilios por temor.
Si un escenario como ese se extrapolara a las plataformas digitales y de información en un país con pocos resguardos, los daños serían colosales; por ejemplo, la paralización de los sistemas bancarios, la interrupción de las operaciones de las oficinas gubernamentales y hasta el robo de datos sensibles de los ciudadanos.
Brasil, Colombia y otros países latinoamericanos también han experimentado las capacidades de accionar de las redes criminales cuando son cercadas por las fuerzas del Estado.
China, la infraestructura digital y vulnerabilidades
En Colombia, según Torres, se observa “un enorme aumento de ataques con drones contra las fuerzas de seguridad”. Los peritajes demuestran que se están utilizando drones conectados a fibra óptica.
Esta tecnología permite maniobrar un aparato no tripulado conectado a un cable que brinda fiabilidad y precisión para alcanzar sus objetivos, sin que pueda ser detectado por equipos tecnológicos tradicionales.
Empresas chinas como Dekam Optical Communication Technology, con sede en Dongguan, (China), se han convertido en líderes globales en la fabricación de cables de fibra óptica.
Esta compañía reconoce en su sitio web que, en “el mundo actual, los drones son un componente indispensable en el campo de batalla, ya que pueden usarse para espiar, atacar y apuntar”.
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Los drones tradicionales tienen problemas para funcionar con alta eficiencia en entornos urbanos, bosques y lugares con interferencia al Sistema de Posicionamiento Global, (GPS), y “ahí es donde los cables de fibra óptica para drones entran en escena”, explica la compañía Dekam en su sitio web.
Telecomunicaciones, centros de datos y cables submarinos
Para Torres, el debate actual no debería limitarse a cuánto puede influir la tecnología de Huawei en los teléfonos portátiles o en la expansión de las redes 5G, que han concentrado buena parte de la discusión pública sobre la influencia china.
Desde su perspectiva, la preocupación actual debería enfocarse más en seguir de cerca la construcción de un ecosistema tecnológico que incluye telecomunicaciones, centros de datos y cables submarinos, que están generando dependencias en muchos países.
“Hay que mirar más profundo que lo obvio de Huawei y 5G. (China) está construyendo centros de datos por todo el hemisferio occidental, centros de datos que tienen masas de información a las que también pueden tener acceso”, enfatiza.
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“Las naciones del hemisferio occidental enfrentan ese desafío; están digitalizando toda su infraestructura, pero al mismo tiempo no tienen los marcos regulatorios ni los aspectos de gobernanza realmente establecidos”, afirma.
Escasa regulación en América Latina
Un informe de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), publicado en 2025 a partir de los datos de su Rastreador Regulatorio de TICs, detectó que en Latinoamérica solo cinco países cuentan con marcos normativos para la regulación de tecnología avanzada, considerada en el lenguaje técnico como “de cuarta generación”.
La lista la componen Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica y República Dominicana.
Torres cree que la región necesita conectividad e inversión en infraestructura moderna, pero que estas pueden llegar acompañadas de riesgos si los Estados no definen reglas claras sobre el acceso a datos, la seguridad y la soberanía tecnológica.
Los seguimientos de la IWI indican que los gobiernos y las empresas no han desarrollado conciencia sobre los riesgos tecnológicos y muchas veces reaccionan tarde, cuando han experimentado daños por ataques cibernéticos.
“Las empresas están ahí para hacer dinero, pero hasta que tienen un ataque de ransomware o algún tipo de ataque de ciberseguridad, el director financiero no va a priorizar realmente la ciberseguridad”, afirma Torres.
El tiempo que se acorta
El experto añade que los países latinoamericanos aún tienen tiempo para implementar acciones de protección de sus infraestructuras digitales; sin embargo, advierte que el daño acumulado cuenta y que, a medida que se posponen esas decisiones, el riesgo a largo plazo es mayor.
“Siempre hay tiempo. La pregunta es cuánto daño se ha hecho porque, cuanto más rápido avancen y empiecen a construir capacidades (los países), menos riesgo en el largo plazo enfrentarán”, explica.
Torres cree que la inversión en seguridad digital no debe verse como una decisión únicamente técnica, sino como una forma de proteger la actividad económica, la soberanía nacional y la seguridad íntegra del Estado.
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En la actualidad, las altas tecnologías no deben valorarse sólo por sus usos científicos, comerciales y civiles, pues también pueden utilizarse para espiar, seguir movimientos de fuerzas de seguridad y recolectar información estratégica, advierte Torres.
“Las capacidades espaciales son usadas por todos. A veces no creo que la gente comprenda cuán dependientes somos del espacio. Muchos países han invertido en este hemisferio por el acceso que tiene a regiones polares, a satélites de órbita baja y a otras capacidades”, ahonda.
En este panorama, los países de la región no deben actuar aislados para combatir las amenazas. “Cuanto más avancemos, mejor podremos asegurar el hemisferio occidental como un colectivo”, apunta.
Torres cierra con una precisión de lo que ven en la IWI: Latinoamérica es un claro escenario de competencia estratégica y la guerra irregular ha entrado de forma sutil por varios frentes.
Queda en manos de los tomadores de decisiones y de sus sociedades actuar antes de que las dependencias limiten sus capacidades de respuesta, pues muchos de los problemas que se observan dispersos son parte del mismo tablero de amenazas.
