*El investigador nicaragüense, Manuel Orozco, director del programa de Migración, Remesas y Desarrollo de Diálogo Interamericano analiza el contexto del plan del régimen Ortega-Murillo para mantener el poder dentro de su familia.
**¿Rosario Murillo o Laureano Ortega? ¿Quién sucederá a un envejecido Daniel Ortega?
***El jurista Uriel Pineda explica a Expediente Público que los Ortega y su círculo de confianza buscan esta sucesión para eludir las acusaciones por crímenes de lesa humanidad.
Expediente Público
En Nicaragua, Daniel Ortega, quien gobierna desde 2007, su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo, y su círculo de confianza, requieren una sucesión “en vida” que les permita mantener el poder y la impunidad requerida ante los crímenes de lesa humanidad cometidos.
Según el politólogo e investigador nicaragüense, Manuel Orozco, director del programa de Migración, Remesas y Desarrollo de Diálogo Interamericano, garantizar el poder con una sucesión dinástica, es un plan en marcha desde mediados del 2019, y avanza con más fuerza este año, desde que se dieron cuenta que son más impopulares.
Orozco explica esto en su publicación “Esfuerzos de mitigación de riesgos de radicalización y sucesión dinástica en Nicaragua”, en la que expone que el régimen construyó todo un andamiaje para tener total “control” en el país centroamericano.
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El “aislamiento internacional, el monopolio de la fuerza, la captura del Estado, la criminalización de la democracia y la propaganda” son parte de la arquitectura del poder político que usa la familia Ortega Murillo para sostenerse en el poder, señala el documento.
En Nicaragua, las decisiones del país pasan por la pareja regente, y sus hijos. Detrás de Daniel Ortega está su esposa, Rosario Murillo, que tiene el “control político”, y de sus hijos, Laureano Ortega es un “personaje que no hay que subestimar”, explicó Orozco a Expediente Público.
“El plan realmente es de un control político de parte de ella y por lo menos uno de los hijos. Pero, realmente todos los hijos están involucrados en el Gobierno, entonces aquí hay una dinastía con el control del Gobierno”, señaló Orozco.
Rosario y Laureano, los favoritos
Para sostenerse en el poder, el régimen no solo incumplió los acuerdos de marzo de 2019, en el que se comprometían a liberar a los presos políticos, y tomar acciones en favor del restablecimiento democrático.
Sino que emprendió un “ataque frontal contra la democracia y el estado de derecho construyendo una nueva base política de control social”, señala el análisis del experto.
Antes y después del fraude electoral de 2021, el régimen continuó su cacería, encarcelando y expulsando del país a ciudadanos nicaragüenses. Y en 2023, entró a una etapa diferente de “control político que consiste en esta concentración del poder”, enfatizó Orozco a Expediente Público.
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Según el politólogo, la concentración de poder está dentro del plan de sucesión dinástica donde, en el corto plazo, Daniel Ortega le pasará las riendas a Rosario con un cogobierno o un equipo gobernante de su propia familia.
“El principal actor político es Laureano Ortega”, explica el investigador de Diálogo Interamericano, un centro de pensamiento ubicado en Washington D.C.
Sobre Laureano Ortega, agregó que “es un personaje que ha sabido navegar el círculo político de su familia con suficiente astucia, escogiendo espacios en donde él sabe manejarse muy bien, como es el contexto internacional, las relaciones con los países como Rusia”.
Desde 2012, Ortega y Murillo lo nombraron asesor presidencial para la promoción de inversiones, comercio y cooperación internacional. En ocasiones, Laureano Ortega, funge como canciller de facto firmando acuerdos importantes y representando al país.
Evadir justicia a toda costa
Ortega lleva 17 años gobernando de forma consecutiva y a raíz de la crisis sociopolítica de 2018, que dejó a 355 personas asesinadas, está obligado a mantener el “ejercicio del poder para evitar la rendición de cuentas” por los crímenes de lesa humanidad, considera el consultor independiente en materia de derechos humanos, Uriel Pineda.
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Pineda refuerza la teoría de que en las elecciones generales de 2026 es posible que no se vea a Daniel Ortega como candidato para presidente, sino a Rosario Murillo.
“La sucesión que tiene que hacer Daniel Ortega para evitar que un desorden pueda derivar en una nueva situación social, que ponga en riesgo la permanencia del régimen en el poder, tiene que ser una sucesión en vida (…). Tiene que transmitir ese mando en vida”, reiteró Pineda a Expediente Público.
Nicaragua, enfatiza Orozco, se enrumba hacia una “estabilización política y económica”, en la que Daniel Ortega le entregará “el poder a ella como presidente para que (Rosario Murillo) asuma el rol antes de las elecciones (de 2026) y haga campaña en las elecciones”.
Además, no se descarta que hagan una “alianza o pacto” con alguno de los partidos colaboracionistas para “formalizar el fraude”, afirmó Orozco.
El Ejército colaborador
El Ejército de Nicaragua es “actor político clave”, y una de las fuentes de sostenimiento en el poder del régimen. En particular, los militares retirados son “cómplices de la captura del Estado y la represión” en el país centroamericano, sugiere el análisis publicado por Diálogo Interamericano.
De este análisis se deduce que, los oficiales militares retirados que trabajan en la policía, en otros organismos gubernamentales o en el Ejército son un “elemento común que define a los leales al régimen”.
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“El tema clave es quién va a ser el principal aliado de ella. Y en este momento, todos los que son leales al círculo de poder, lo son por Daniel Ortega, no por Rosario Murillo”, manifestó Orozco.
La interrupción en la sucesión de mando del Ejército es un plan de Ortega para “refrendar justamente esa lealtad”, añade Pineda.
“No solo hay prebendas de naturaleza económica, sino que hay reformas jurídicas en el marco normativo del Ejército que le permiten a Daniel Ortega tener un control más serio sobre el Ejército”, explica Pineda.
Por otro lado, el régimen ha “reconfigurado una élite económica a través de este modelo de captura del Estado dentro de las filas Ortega-Murillo, forzando las confiscaciones y la extorsión fiscal, así como la expulsión de personas que ahora sostienen el 30% del ingreso nacional del país a través de las remesas”, añade el análisis del centro de pensamiento.
“Nicaragua tiene una renta tributaria de casi 3,000 millones de dólares gracias a las remesas”, reconoció Orozco.
Relaciones con Rusia
Dentro de este modelo represivo, según Orozco, hay “ansiedad dentro algunos sectores”, especialmente militares, porque en el marco de este plan de sucesión dinástica, ellos “no saben cuál va a ser su futuro”.
“Es básicamente arrastrar los pies, e ir apoyando al Gobierno a regañadientes. Pero, si ella (Rosario Murillo) escoge a un sucesor del general del Estado Mayor en los próximos 18 meses, aquí se llega a renovar un acuerdo político con el Ejército”, explica Orozco.
Organismos de derechos humanos apuntan al Ejército de Nicaragua como una de las instituciones señaladas de cometer ejecuciones extrajudiciales de campesinos, incluso desde antes de 2018.
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Según Manuel Orozco, el Ejército tiene bien definido que quiere “mantener viva” a la institución, de ahí la “obsesión de (el jefe del Ejército Julio César) Avilés en su lealtad con Ortega de seguir manteniendo las relaciones con Rusia”, que es hasta ahora el principal proveedor de material bélico de Nicaragua.
Estrategia dictatorial funcional
El régimen, según el análisis de Diálogo Interamericano, no solo incumple sus obligaciones jurídicas internacionales y construye alianzas con Estados parias, sino que debilita el activismo cívico y la esperanza de democratización en el país utilizando el “miedo y la detención como medio para contener la disidencia”.
En un segundo análisis titulado “Captura de Estado en Nicaragua: el caso de la presión internacional”, Orozco expone que el régimen utiliza el endeudamiento internacional para sostener su aparato económico, apoyado de la captura de todas las instituciones del Estado.
Además, usa las leyes para confiscar bienes en beneficio del círculo de poder y los ingresos fiscales para sostener el sistema cleptocrático, refiere el análisis.
El análisis señala que Nicaragua ha incrementado su deuda externa con instituciones financieras internacionales como el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para “construir o ampliar carreteras en zonas que benefician a pocos”.
La deuda con China
Mientras la financiación se ha “reorientado a obras públicas sobre todo en momentos de escasa inclusión social en un país con una importante escasez de recursos”, los contratos con el Estado para la ejecución de estos proyectos, especialmente en infraestructura, se “concentra en unas pocas empresas a través de procesos de licitación poco transparente”.
“Ya Nicaragua llegó al 60% de ese endeudamiento. Típicamente, cuando llegas a un 62% se considera como que ya es más difícil de otorgar préstamos”, explica Orozco.
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En este contexto, el análisis señala que Nicaragua está “diversificando o ampliando su deuda con otros acreedores” como China, con quien adquirió un financiamiento de US$482 millones para la construcción del aeropuerto Punta Huete.
La obra la desarrollará una empresa estatal china que tiene un amplio historial de corrupción en América Latina, tal y como destaca Expediente Público.
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Orozco sostuvo que “Nicaragua realmente no es un sitio estratégico para China”.
“La construcción del aeropuerto, eso realmente es ruido, pero hay plata de por medio que se va a desembolsar y que unas empresas vinculadas al régimen van a hacerse cargo de invertir el dinero en construcción”, añadió.
Altos funcionarios beneficiados
La captura del Estado se da en aquellos casos en la que “los altos funcionarios públicos pueden dedicarse a la malversación de fondos, la extorsión o la intimidación del sector privado con el fin de enriquecerse a sí mismos, a sus familias y a sus asociados”, refiere el informe.
Desmontar el modelo de captura de Estado que prevalece en Nicaragua es un desafío gigantesco, debido a que requiere la eliminación de la estructura que gira en torno a la familia en el poder.
“Han logrado manejar la macroeconomía con una estabilidad tan buena que le ha permitido al Fondo Monetario cerrarle la boca, han logrado administrar la deuda externa sin que nadie se dé cuenta de que ya el país excedió su capacidad de endeudamiento, han logrado mantener la captura de Estado con corrupción, con extorsión tributaria, con endeudamiento externo sin crear un caos económico”, reforzó Orozco.
Mitigar el riesgo
Las instituciones financieras internacionales y la comunidad internacional en general deben “escudriñar, monitorear y auditar cada préstamo que actualmente otorgan al régimen”, prosigue el análisis.
No obstante, en el país centroamericano el régimen continúa su radicalización y la comunidad internacional “está haciendo poco”, consideró Orozco.
El politólogo de Diálogo Interamericano señaló que hay 11 diferentes mecanismos de presión externa que deberían de estar implementándose, aunque “la clave de esto está en manos de los nicaragüenses”.
Para mitigar esta realidad consideran necesario establecer una vía hacia la transición democrática que empieza por debilitar esos pilares de represión.
“Implica cuestionar la falta de autoridad moral del régimen, minimizar las fuentes materiales de control y lograr que los disidentes dentro del círculo reconozcan y promulguen reformas políticas”.
Para Orozco, revertir este plan de sucesión depende del movimiento cívico nicaragüense y “requiere de mucha preparación, de convencimiento, de motivación y confianza en saber decir lo que está ocurriendo en Nicaragua”.
