* La administración de Donald Trump estudia imponer aranceles adicionales del 10 % y del 12.5 % a 60 países que importan productos elaborados con explotación laboral.
* En la lista están cinco países centroamericanos: Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica.
* De concretarse esta medida, sería la segunda restricción comercial contra el régimen de Daniel Ortega, pues la USTR ya le impuso un arancel a finales del año pasado.
Expediente Público
Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica figuran en la lista de 60 países que no cumplen con la prohibición de importar productos elaborados con trabajo forzado, según una investigación de la Oficina del Representante Comercial de EE. UU. (USTR, por sus siglas en inglés).
La administración del presidente Donald Trump anunció la semana pasada que está analizando un nuevo arancel de entre el 10 % y el 12.5 % para esos países, como medida para evitar la distorsión comercial derivada de la explotación laboral.
Washington anunció esta iniciativa luego de que la Corte Suprema de EE. UU. anulara los “aranceles recíprocos” que estuvieron vigentes desde el 2 de abril de 2025 hasta este 20 de febrero de 2026.
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La máxima instancia del sistema judicial estadounidense dictaminó que el mandatario no tiene autoridad para imponer aranceles, aun cuando Trump invocara la aplicación de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA, por sus siglas en inglés).
La reciente investigación de la USTR se denomina “Actos, políticas y prácticas de diversas economías relacionados con la falta de imposición y aplicación efectiva de una prohibición a la importación de mercancías producidas con trabajo forzoso”.
En la lista de 60 países observados constan 16 latinoamericanos. La USTR determinó que 14 de estos no han establecido una prohibición legal a la importación de mercancías producidas total o parcialmente con trabajo forzado.
Estos son: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, República Dominicana, Guyana, Trinidad y Tobago, Uruguay, Venezuela y Nicaragua.
Mientras que otros dos —México y Ecuador— cuentan con legislación, pero no tienen una aplicación efectiva, según la USTR.
El informe señala que la USTR efectuó consultas con todos los países latinoamericanos observados, a excepción de Colombia, Venezuela y Nicaragua, que no aceptaron la solicitud de reunión con Jamieson Greer, quien ocupa el cargo de Representante Comercial de la USTR.
Si bien el informe de la USTR sostiene que los nuevos aranceles serían de 10 % y de 12.5 %, el documento no deja claro con qué criterio se los aplicará a cada país.
En el caso de Nicaragua, de confirmarse este arancel, sería la segunda medida restrictiva en contra de las importaciones provenientes de este país.
‘Impacto mínimo’ al régimen de Daniel Ortega
El informe de la USTR precisa que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo incumple la imposición y la aplicación efectiva de una prohibición a la importación de productos fabricados con trabajo forzoso.
“En la sección V, determinamos que el incumplimiento de imponer y aplicar efectivamente una prohibición a la importación de productos fabricados con trabajo forzoso obstaculiza o restringe el comercio de los Estados Unidos”, remarca la investigación.
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El economista nicaragüense Juan Sebastián Chamorro afirmó a Expediente Público que, si bien la medida abarcaría a regímenes autoritarios como la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, “el impacto es mínimo porque no ofrece un arancel diferenciado, sino el mismo que se les aplicará a todos”.
Para Chamorro, el efecto de este anuncio sería diferente “si, en lugar de ser aranceles generales, fueran específicos para el régimen. Ahí habría una medida severa”, subrayó.
Otra restricción contra Nicaragua
El 10 de diciembre de 2025, la USTR notificó que impondrá un arancel, que se aplicará gradualmente durante los siguientes dos años, a todos los productos nicaragüenses importados que no provengan del Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (CAFTA-DR).
La medida fue hecha como respuesta a los abusos laborales, a la violación de los derechos humanos y libertades fundamentales, y al desmantelamiento del Estado de Derecho en Nicaragua.
Este arancel subirá al 10% en enero de 2027 y, un año más tarde, al 15%, conforme al calendario anunciado por la USTR.
El año pasado, el exjefe de misión de EE. UU. en Nicaragua, Kevin O’Reilly, exhortó a que los ciudadanos nicaragüenses enviaran información sobre los abusos sistemáticos del régimen a la USTR.
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El centro de pensamiento Expediente Abierto efectuó una investigación para analizar el papel que desempeñó el sector empresarial ante la posibilidad de eliminar al régimen del CAFTA-DR. El estudio concluyó que el gremio terminó cerrando filas a favor de la dictadura a cambio de no desestabilizar sus negocios.
El sondeo de Expediente Abierto reveló que una gran mayoría de empresarios solicitó la no aplicación de las medidas. El 67.5% rechazó las sanciones. De este porcentaje, el 43.4% estaba vinculado al sector exportador e importador de tabaco.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de EE. UU. anunció el pasado 16 de abril un paquete de sanciones contra cinco individuos y siete empresas que pertenecen al sector aurífero y están vinculados a la confiscación de propiedades con inversión estadounidense.
La medida fue un golpe al corazón financiero del régimen nicaragüense.
Competencia desigual
En su informe, la USTR argumentó que —conforme la Sección 301 de la Ley de Comercio que data de 1974— es irrazonable que países socios de Washington no cumplan con la prohibición de admitir productos elaborados en un contexto de explotación.
“El hecho de que cada una de las economías investigadas no haya impuesto ni aplicado eficazmente una prohibición a la importación de productos derivados del trabajo forzoso resulta injustificado”, puntualiza el documento.
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Jamieson Greer, como titular de la USTR, afirmó que “esto crea una dinámica en la que los trabajadores estadounidenses se ven obligados a competir globalmente en condiciones desiguales”.
La USTR sostiene que estas condiciones han distorsionado las condiciones del mercado y menoscabado la rentabilidad de las empresas que no utilizan trabajo forzoso porque no respetan la ley.
“La falta de imposición y aplicación efectiva de una prohibición a la importación de productos derivados del trabajo forzoso por parte de cada una de las economías mencionadas perjudica o restringe el comercio de los Estados Unidos, al someter a los productores estadounidenses a una competencia desleal frente a bienes producidos mediante trabajo forzoso”, afirmó Greer a través de un comunicado oficial.
