Expediente Abierto publicó el informe “¿Más seguridad? Análisis de la eficacia del gasto en seguridad y defensa en Centroamérica”. La investigación advierte sobre una tendencia creciente en la región: la militarización de tareas de seguridad interna y la adopción de modelos de “mano dura”.
Expediente Público
En Centroamérica existe una tendencia al aumento de recursos para seguridad y defensa, pero los resultados no siguen la misma trayectoria. Así lo muestra el informe de Expediente Abierto “¿Más seguridad? Análisis de la eficacia del gasto en seguridad y defensa en Centroamérica”.
Durante varios meses, investigadores de este centro de pensamiento analizaron los presupuestos de seguridad y defensa de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, así como indicadores relacionados con homicidios, narcotráfico, crimen organizado y violencia.
“Lo que encontramos es que la región, año tras año, destina más recursos a seguridad y defensa, pero los resultados no siempre avanzan en la misma dirección. No existe una relación excesivamente fuerte entre más presupuesto y más seguridad”, explicó a Expediente Público uno de los investigadores, quien solicitó reservar su identidad por razones de seguridad.
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Con base en cifras oficiales, los investigadores analizaron los presupuestos de seguridad y defensa ejecutados entre 2020 y 2024, y los presupuestos asignados en 2025 y 2026.
El estudio muestra que, en 2020, la región gastó casi USD 3,800 en seguridad y defensa, mientras que para este año asignó USD 6,000 millones. Todos los países han incrementado su presupuesto, pero solo El Salvador y Honduras han logrado disminuir la tasa de homicidios, aunque el nivel de violencia de este último país sigue siendo el más elevado de la región.
De acuerdo con el estudio, ambos países son los que más recursos asignan a seguridad y defensa. El presupuesto en estas áreas representa el 2.7 % del Producto Interno Bruto (PIB) de El Salvador y el 2,4 % del de Honduras. Del otro lado está Costa Rica, que deriva un valor equivalente al 0.7 % de su PIB.
Según el especialista de Expediente Abierto consultado, el problema no radica únicamente en cuánto dinero se asigna, sino en cómo se planifica, ejecuta y evalúa el gasto. “La calidad del gasto es el gran tema pendiente de Centroamérica”, afirmó.
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Panamá: mucho presupuesto, resultados limitados
Panamá es uno de los países centroamericanos que no tienen ejército. Su gasto se concentra en seguridad interna, el cual ha incrementado en los últimos años. En 2020, el país ejecutó USD 769 millones en esta área y, en 2026, asignó USD 985 millones. Esto representa el 1.03 % de su PIB.
Sin embargo, los investigadores advierten que el aumento del gasto no ha estado acompañado de mejoras en los indicadores de seguridad. En 2020, hubo 11.6 homicidios por cada 100 mil habitantes, mientras que en 2024 la cifra subió a 12.9.
El estudio identifica problemas de eficiencia institucional y señala que los incrementos presupuestarios no han logrado contener el crecimiento de algunas actividades criminales vinculadas al tráfico de drogas y al lavado de dinero.
Para Expediente Abierto, Panamá constituye uno de los ejemplos más claros de cómo una mayor disponibilidad de recursos no garantiza automáticamente mejores resultados si no existen una planificación adecuada y mecanismos efectivos de evaluación.
Costa Rica: la democracia más fuerte enfrenta una nueva amenaza
Durante décadas, Costa Rica fue considerada uno de los países más seguros de la región. Sin ejército y con instituciones democráticas relativamente sólidas, el país logró mantenerse al margen de muchos de los problemas que afectaban a sus vecinos.
Según el informe de Expediente Abierto, Costa Rica ha incrementado los recursos destinados a la seguridad interna. En 2020 gastó USD 425 millones y en 2026 asignó USD 720 millones.
Sin embargo, los indicadores de violencia criminal también aumentaron. En 2020, hubo 11.2 homicidios por cada 100 mil habitantes, mientras que en 2024 la cifra subió a 16.6.
El caso costarricense genera preocupación porque demuestra que incluso instituciones democráticas fuertes pueden enfrentar dificultades para responder a organizaciones criminales cada vez más sofisticadas.
Además, el estudio señala que algunos sectores políticos de Costa Rica observan con interés las políticas de seguridad implementadas en El Salvador, una tendencia que abre un debate sobre los límites entre seguridad y democracia.
Nicaragua: un caso atípico con falta de información confiable
El informe de Expediente Abierto identifica señales preocupantes sobre la posible penetración del crimen organizado y una creciente opacidad institucional en Nicaragua.
Al respecto, el documento señala: “Una de las preocupaciones más graves es que grupos organizados del narcotráfico operarían abiertamente en el país, en contubernio con las autoridades, pese a que estas proclaman a Nicaragua como un muro de contención”.
En los últimos años, Nicaragua ha mantenido una tendencia creciente en la asignación de presupuesto para seguridad y defensa, de acuerdo con las cifras recolectadas por Expediente Abierto. Entre 2020 y 2026, el monto pasó de USD 232 millones a USD 355.6 millones. Este valor representa el 1.8 % de su PIB.
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Sin embargo, los investigadores advierten un incremento de la violencia, a pesar de que las cifras son bajas con respecto a la región. En 2020, hubo 4.4 homicidios por cada 100 mil habitantes, mientras que en 2024 el indicador subió a 6, según fuentes oficiales.
Expediente Abierto señala que no hay información confiable. Los investigadores sostienen que, desde hace varios años, es cada vez más difícil verificar estadísticas oficiales relacionadas con criminalidad y seguridad.
Esta falta de transparencia limita la posibilidad de evaluar con precisión la efectividad de las políticas públicas implementadas por el régimen de Daniel Ortega.
Honduras: el país que más apuesta por los militares
Honduras es uno de los casos más relevantes analizados por Expediente Abierto, por la alta incidencia del ejército en la seguridad interna. De hecho, los investigadores apuntan que esto explica el aumento en el presupuesto de seguridad y defensa en este país en los últimos años.
Según el estudio, en 2020, Honduras gastó USD 577 millones en esas dos áreas, mientras que en 2026 asignó un presupuesto de USD 974 millones.
Los investigadores mencionan que, en este caso, el aumento del gasto sí estuvo acompañado por mejoras en los indicadores de seguridad. En 2020, hubo 37.6 homicidios por cada 100 mil habitantes, mientras que en 2024 la cifra bajó a 25.3. Sin embargo, esta cifra sigue siendo la más alta de la región.
El informe concluye que buena parte del crecimiento presupuestario responde a la expansión de las funciones militares en tareas de seguridad interna. Las Fuerzas Armadas participan en patrullajes urbanos, operaciones contra el narcotráfico, control territorial y estados de excepción.
Además, cerca del 70 % de los recursos se concentra en actividades operativas y de despliegue territorial, lo que evidencia una fuerte dependencia del componente militar para enfrentar la inseguridad.
Los autores advierten que Honduras se ha convertido en uno de los ejemplos más claros de militarización de la seguridad pública en Centroamérica y recomiendan avanzar hacia una reforma que defina con mayor claridad el papel de las Fuerzas Armadas.
El informe señala: “Si bien el crecimiento acumulado en el período es significativo, la tendencia no parece responder únicamente a un proceso tradicional de modernización militar. Por el contrario, el aumento presupuestario está asociado principalmente a la expansión de tareas de seguridad interna y misiones no tradicionales, tales como patrullaje urbano, apoyo a operativos contra el narcotráfico, control territorial, custodia de infraestructura estratégica, participación en estados de excepción y apoyo logístico en emergencias”.
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Guatemala: más recursos, pero sin mejoras sustanciales
Guatemala es el país que más ha aumentado su presupuesto para seguridad y defensa. De acuerdo con el informe de Expediente Abierto, la cifra casi se duplicó entre 2020 y 2026, al pasar de USD 986 millones a USD 1,901 millones. Esto es el 1.5 % del PIB.
A pesar de ello, los resultados permanecen prácticamente estancados. Las tasas de homicidio muestran variaciones moderadas. En 2020, hubo 15.3 homicidios por cada 100 mil habitantes, mientras que en 2024 la cifra subió a 16.1.
La investigación señala que Guatemala presenta una situación particular. Mientras el narcotráfico y el crimen organizado han expandido su presencia territorial, los niveles de homicidios muestran una relativa estabilidad.
Expediente Abierto sostiene que el país enfrenta una transformación del fenómeno criminal. A las pandillas tradicionales se han sumado estructuras vinculadas al narcotráfico transnacional, que operan bajo esquemas de convivencia y control territorial más que mediante enfrentamientos violentos permanentes.
Los investigadores consideran que el caso guatemalteco evidencia problemas estructurales en la planificación y ejecución del gasto público en seguridad, situación que limita el impacto de los recursos asignados.
El Salvador: resultados visibles, interrogantes a futuro
El Salvador constituye el caso más polémico de la región. Bajo la administración de Nayib Bukele, el país incrementó los recursos destinados a seguridad y defensa mientras implementaba un régimen de excepción que permanece vigente desde 2022.
Según el informe de Expediente Abierto, el país gastó USD 779 millones en esas dos áreas en 2020, mientras que asignó USD 1,307 millones en 2026.
Es el único país que muestra una reducción categórica en los indicadores de violencia. En 2020, hubo 19.7 homicidios por cada 100 mil habitantes, mientras que en 2024 la cifra bajó a 1.9.
Expediente Abierto sostiene que el modelo ha mostrado resultados significativos en la reducción de homicidios y el control territorial de las pandillas. Sin embargo, también plantea dudas sobre su sostenibilidad.
La principal preocupación es que se trata de una estrategia altamente dependiente de recursos financieros, encarcelamientos masivos y restricciones excepcionales que podrían ser difíciles de mantener a largo plazo.
El informe advierte que la experiencia salvadoreña se ha convertido en un referente para otros gobiernos de la región, aunque subraya que cada país enfrenta realidades distintas y que no existe una fórmula única para resolver los problemas de seguridad.
Además, los investigadores llaman la atención sobre la creciente opacidad en la información pública relacionada con seguridad, justicia y sistema penitenciario, un elemento que dificulta evaluar con precisión los verdaderos alcances del modelo salvadoreño.
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La calidad del gasto en seguridad, el desafío de Centroamérica
Para los investigadores de Expediente Abierto, uno de los principales problemas es que los presupuestos no siempre están vinculados a objetivos claros y medibles.
El experto de entrevistado explicó que la calidad del gasto debe analizarse desde todo el ciclo presupuestario: formulación, planificación, ejecución, monitoreo y evaluación.
“Hemos encontrado debilidades desde la formulación. Muchas veces los presupuestos no están atados a resultados concretos. Se mide cuánto dinero se ejecutó, pero no necesariamente qué impacto tuvo esa ejecución”, señaló.
El informe advierte que algunos países han retrocedido en materia de planificación y transparencia.
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La creciente militarización de la seguridad
Otro de los hallazgos destacados del informe es la creciente participación de los ejércitos en tareas de seguridad ciudadana.
Tras los acuerdos de paz de la década de 1990, varios países centroamericanos impulsaron una separación entre funciones militares y policiales. La seguridad interna quedaría bajo responsabilidad de cuerpos civiles, mientras que los ejércitos se concentrarían en la defensa nacional.
Sin embargo, esa línea divisoria se ha vuelto cada vez más difusa.
La directora del Instituto de Enseñanza para el Desarrollo Sostenible (IEPADES), Carmen Rosa de León, considera que la región nunca logró consolidar completamente esa separación.
“Siempre se intenta responder a la violencia con la presencia del Ejército. Existe la percepción de que representa más fuerza y genera más confianza en la población, aunque la policía tiene una preparación distinta y más cercana a la ciudadanía”, afirmó a Expediente Público.
La especialista advirtió que esta tendencia puede tener consecuencias importantes. “Al final se equipa más al Ejército y se descuidan políticas de prevención, que deberían ser el corazón de la seguridad ciudadana”, señaló.
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El atractivo modelo salvadoreño
En toda Centroamérica, la estrategia implementada por Bukele se ha convertido en referencia para sectores políticos que buscan respuestas rápidas frente a la inseguridad.
Sin embargo, tanto el informe de Expediente Abierto como diversos especialistas consultados llaman a la cautela.
El investigador de la organización considera que la principal pregunta es si el modelo podrá sostenerse a largo plazo.
“A corto plazo muestra resultados y eficacia, pero existen dudas sobre su sostenibilidad fiscal y sobre los riesgos que plantea para el Estado de Derecho”, indicó.
El investigador salvadoreño Luis Enrique Amaya coincide en que el principal problema para evaluar la estrategia es la falta de información pública.
“Mi impresión es que sí existe una estrategia, pero no es pública. No podemos conocerla con precisión ni evaluarla rigurosamente”, afirmó a Expediente Público.
Según Amaya, la política de seguridad salvadoreña ha tenido dos etapas principales: una primera marcada por negociaciones con pandillas y una segunda basada en el encarcelamiento masivo y prolongado.
Actualmente, El Salvador registra la tasa de encarcelamiento más alta del mundo, con más de 1,600 personas privadas de libertad por cada 100 mil habitantes, según explicó el académico.
No obstante, advierte que existe poca información sobre los costos reales del modelo. “No sabemos cuánto cuesta mantener este sistema ni si será financieramente sostenible en el futuro”, sostuvo.
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Seguridad versus democracia
El informe de Expediente Abierto también pone sobre la mesa un debate que cada vez cobra más relevancia en la región: el equilibrio entre seguridad y democracia.
Los investigadores identificaron un deterioro progresivo en la transparencia institucional y una menor disposición de los gobiernos para compartir información con la sociedad civil.
Esto limita la capacidad de fiscalización y dificulta la construcción de políticas públicas basadas en evidencia.
Para Carmen Rosa de León, la popularidad de los modelos de mano dura responde en gran medida a la búsqueda de resultados inmediatos.
“Los gobiernos quieren ofrecer respuestas rápidas. La prevención tarda años en mostrar resultados. En cambio, las medidas de fuerza generan impactos visibles en el corto plazo”, explicó.
Sin embargo, considera que una estrategia basada exclusivamente en encarcelamientos y despliegues militares corre el riesgo de ignorar factores estructurales como educación, empleo y oportunidades para los jóvenes.
“No basta con llenar cárceles. Si no se trabaja en prevenir nuevas dinámicas de violencia, los problemas pueden reaparecer en el futuro”, advirtió.
Crimen organizado: un desafío cada vez más complejo
Los especialistas coinciden en que Centroamérica enfrenta amenazas criminales distintas a las de hace dos décadas.
El crimen organizado opera cada vez más como una red transnacional que conecta estructuras criminales de América del Sur, Centroamérica y Norteamérica.
Para el analista político Renzo Rosal, esta transformación obliga a replantear las estrategias estatales.
“Ya no estamos únicamente frente al narcotráfico. Hay fenómenos vinculados como trata de personas, contrabando, lavado de dinero y otras expresiones de criminalidad compleja que requieren respuestas mucho más sofisticadas”, afirmó a Expediente Público.
La investigación de Expediente Abierto concluye que los desafíos actuales exigen una mayor coordinación regional, intercambio de información y fortalecimiento institucional.
Las recomendaciones de Expediente Abierto
Ante este panorama, el informe plantea cinco recomendaciones. La primera consiste en fortalecer la planificación presupuestaria para que los recursos estén vinculados a objetivos específicos y resultados verificables.
La segunda apuesta por mejorar los mecanismos de monitoreo y evaluación, permitiendo identificar qué programas funcionan y cuáles requieren ajustes.
También propone fortalecer la cooperación entre gobiernos, academia, sociedad civil y organismos internacionales para generar mejores diagnósticos sobre la evolución del crimen organizado.
Otra recomendación es impulsar una discusión regional sobre el papel de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interna. Los investigadores consideran necesario avanzar hacia reformas que definan con mayor claridad las funciones militares dentro de marcos democráticos y de rendición de cuentas.
Finalmente, el estudio subraya la necesidad de invertir en inteligencia, tecnología, profesionalización policial y acceso a información pública.
“La región necesita comprender que no basta con gastar más. Lo importante es gastar mejor”, resume uno de los investigadores del estudio.
