La aplicación gubernamental para el bitcoin inició en medio de problemas técnicos de descarga. Los cajeros habilitados no funcionaron y eran custodiados por militares. 

El Salvador adopta el bitcoin entre protestas y pérdida de valor de la criptomoneda

*La aplicación gubernamental para el bitcoin inició en medio de problemas técnicos de descarga. Los cajeros habilitados no funcionaron y eran custodiados por militares. 

**La entrada en vigencia de la Ley Bitcoin provocó las manifestaciones más nutridas que se han producido en El Salvador desde que Nayib Bukele tomó el poder en junio 2019. 


EXPEDIENTE PÚBLICO 

El Salvador adoptó desde este 7 de septiembre la moneda virtual bitcoin de curso legal para transacciones comerciales, en medio de fallas técnicas de la billetera electrónica gubernamental y protestas contra la implementación de esa ley que ha generado advertencias sobre sus efectos tanto a nivel nacional como desde organismos financieros internacionales. 

El propio presidente Nayib Bukele, impulsaba desde la medianoche del lunes pasado la entrada en vigencia del bitcoin y exhortaba a bajar en los celulares y computadoras la aplicación “Chivo” (Bueno o bonito en el argot salvadoreño), pero conforme pasaron las horas fue evidente una serie de errores técnicos y se suspendió la descarga hasta casi el mediodía del martes. 

Al mismo tiempo, Bukele anunciaba la compra de bitcoins con fondos estatales, lo que generó críticas dado que la criptomoneda ha tenido un comportamiento típico de su volatilidad. El mandatario reveló la compra de 550 bitcoins (equivalentes a unos 26 millones de dólares) 

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El bitcoin había caído entre 8 y 17 por ciento hasta el mediodía del martes, lo que implicaría pérdidas en la inversión gubernamental. 

“Entre ayer por la tarde que el Gobierno de El Salvador anunció la compra de bitcoin y este momento, el precio ha caído un poco más de 5%. Aproximadamente US$1 millón menos. ¿Por qué importa? Porque los precios en El Salvador se mantienen en dólares, entonces estas caídas son menor poder de compra. Aparte de que seguimos sin saber cómo se va a registrar esto en la contabilidad fiscal. Y no tenemos manera de rastrear cuánto valor van perdiendo o ganando los bitcoin públicos, y se puede prestar a muchas malversaciones de fondos”, denunció la economista Tatiana Marroquín, fuerte crítica de la Ley Bitcoin. 

“Todo lo que baja así de rápido, también tiene las posibilidades de subir así de rápido. El problema está en que las transacciones de compra y venta de la gente común necesitan un poco de estabilidad en el valor. Porque la mayoría de salvadoreños no estamos jugando”, agregó Marroquín. 

El economista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), Ricardo Castañeda, señaló que esa compra de bitcoins por parte del Gobierno afectará a las personas más pobres. 

“¿Por qué es tan relevante la compra de bitcoins por parte del gobierno salvadoreño? Porque lo hace con recursos públicos. Y dada las características del sistema tributario salvadoreño, proporcionalmente, afecta más a las personas más pobres”, dijo Castaneda. 

Algunos negocios de San Salvador, la capital, ya estaban habilitados para recibir pagos en bitcoin, especialmente restaurantes y anunciaron promociones. 

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“Hay muchos comercios que ya están listos para las transacciones en bitcoin, muchos restaurantes tendrán disponible el pago con esta criptomoneda», dijo por mañana en una entrevista televisiva el asesor jurídico de la Presidencia, Javier Gómez Argueta, convertido en un vocero de la Ley Bitcoin en los últimos días. 

Jornada de protestas 

Cuatro diferentes manifestaciones -con cientos de personas- se produjeron en San Salvador, la capital, este martes contra la entrada en vigencia del bitcoin y los cuatro diputados del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN, de izquierda), entraron a la sesión parlamentaria con camisetas en las que publicitaban el rechazo a la criptomoneda. 

Las cuatro manifestantes convergieron en la Asamblea Legislativa poco antes de la sesión plenaria que precisamente descartó varias iniciativas opositoras para derogar la ley.  Ha sido la manifestación más nutrida contra el presidente Bukele desde que tomó posesión en junio de 2019. 

“Hemos visto las dificultades en el tema de las aplicaciones, ya de la primera compra de bitcoins que se hizo, ya hubo una caída. Habíamos advertido de la volatilidad de esa moneda, es dinero que ya se invirtió y que es de todos los salvadoreños, ya tuvimos algunas pérdidas en los bajones que ha pegado”, afirmó Jaime Guevara, diputado del FMLN quien recibió a los manifestantes en la entrada de la Asamblea Legislativa. 

Los manifestantes denunciaban en sus pancartas y mantas al bitcoin, denunciaban la aplicación Chivo como “una estafa” y advertían del alto costo de la vida en El Salvador. 

Un pelotón de policías antimotines resguardaban los alrededores del parlamento.  

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Millonario gasto 

El Gobierno salvadoreño ha destinado $203.3 millones para poner en circulación el bitcoin. 

“Es un pecado social destinar US $203.3 millones para poner en circulación un criptoactivo especulativo sin valor intrínseco, que creará una burbuja financiera con consecuencias desastrosas en la condiciones de vida de la población salvadoreña”, dijo en un video conferencia el economista Óscar Cabrera, expresidente del Banco Central de Reserva. 

Varios organismos internacionales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI) han advertido de consecuencias negativas del bitcoin en la economía salvadoreña y en la ya precaria situación fiscal del país, pero el Gobierno ha desestimado las críticas. 

El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), que ha sido la única entidad internacional que asesora el proyecto, ha señalado siete desafíos para el mismo. 

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Preocupaciones por el impacto de la volatilidad 

El precio del bitcoin suele ser bastante volatil. Como muestra, el día que empezó a usarse en El Salvador, comenzó arriba de 51 mil dólares por bitcoin, pero conforme fue pasando las horasla cotización llegó a caer hasta un 17%. A media tarde, la caída era de casi el 10%. 

Óscar Cabrera, expresidente del Banco Central de Reserva explica que “la volatilidad del precio del bitcoin afectará a la formación de los precios de los bienes y servicios, del proceso productivo, de las exportaciones e importaciones y no se diga las remesas familiares y sobre todo la inversión extranjera directa”. 

“Esa elevada volatilidad que un mes puede perder un 50% y al siguiente mes puede subir un 40% también va a afectar la tasa de inflación dado que va a haber muchos cambios en los precios de los bienes y servicios que forman la canasta de mercado en los precios también de las materias primas que se cotizan en dólares y no en Bitcoin”, explicó Cabrera. 

El economista recordó las advertencias de organismos internacionales “que están hablando de una desintermediación y una escasez de dólares le economía y obviamente esto va a tener un impacto directo  en los insumos que importamos en los alimentos y en los precios del petróleo y sus derivados”. 

“Obviamente va a afectar el saldo el salario de los trabajadores la bitcoinización, puede implicar también hagamos cambios en el poder adquisitivo de los hogares salvadoreñoz dado que es obligación de mantener los precios de los bienes y servicios tanto en Bitcoin como en dólares”, advierte Cabrera. 

Problemas fiscales 

El ICEFI ha señalado además, que existen otros riesgos y preocupaciones relacionados con el bitcoin debido a una administración tributaria débil que no tiene las facultades, ni capacidades para controlar y fiscalizar el pago de impuestos con la criptomoneda. 

“La generalidad de la Ley también deja por fuera medidas preventivas en materia de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, por lo que las facilidades que ofrece el uso del bitcoin, representan a su vez riesgos de que nuestro país se convierta en un centro facilitador de estos ilícitos. Adicionalmente, al establecer el no pago de impuestos sobre las ganancias por las transacciones de bitcoin, El Salvador puede convertirse en un paraíso fiscal virtual y seguir retrocediendo en materia de justicia fiscal”, según la economista Lourdes Molina del ICEFI.