Universidades Nicaragua

Ortega lanza operativo político para tomar el control de universidades de Nicaragua

*Asamblea Nacional de forma “urgente” aprobó un decreto despojando de su personería jurídica a cinco universidades y otras organizaciones sin fines de lucro, en total 16 en un solo día.

**El diputado Filiberto Rodríguez es el promotor de esas iniciativas a través de las cuales desde 2018 se viene atacando a las organizaciones en Nicaragua.

***La consumación del acto se llevó a cabo en el segundo día de juicios programados contra los presos políticos.

Expediente Público


Usando a la Asamblea Nacional y al Consejo Nacional de Universidades de Nicaragua, el presidente Daniel Ortega ha puesto en marcha un operativo político para tomar el control de diferentes universidades de ese país. El 13 de diciembre se canceló la personería jurídica de la Universidad Hispanoamericana (UHISPAM) y ayer le tocó el turno a otros cinco centros de estudios superiores, entre ellos la Universidad Politécnica de Nicaragua (Upoli), principal bastión de la lucha universitaria durante las protestas cívicas de 2018.

En el segundo día de juicios exprés contra los presos políticos, el régimen propinó otra estocada a las universidades de Nicaragua al cancelar la personería jurídica de varios centros de estudio. Los diputados sandinistas, con el apoyo de las demás bancadas, también despojaron de su personería jurídica a la Universidad Nicaragüense de Estudios Humanísticos (UNEH), Universidad Católica Agropecuaria del Trópico Seco (Ucatse), Universidad Popular de Nicaragua (Uponic) y Universidad Paulo Freire (UPF).

En total fueron 16 las asociaciones sin fines de lucro que fueron despojadas este 2 de febrero de 2022 por el régimen de su personería jurídica, la mayoría dedicadas a la educación y vinculadas a la iglesia católica.

El decreto de cancelación de personerías jurídicas fue presentado por el diputado sandinista Filiberto Rodríguez, presidente de la Comisión de Paz, Defensa y Gobernación y Derechos Humanos de la Asamblea Nacional, y con la venia de la Junta Directiva fue atendido con “trámite de urgencia” por los legisladores, pese a que no estaba en el orden del día.

“Este va a ser un proceso que va a continuar en la Asamblea Nacional, y nadie debe asustarse, porque es un proceso normal”, advirtió el diputado Rodríguez, cuya iniciativa fue apoyada con 75 votos.

El departamento de Registro y Control de Asociaciones civiles sin Fines de Lucro del Ministerio de Gobernación, procederá a la cancelación de la inscripción respectiva de cada una de las asociaciones en un plazo no mayor de 72 horas.

El artículo 2 del decreto que ilegaliza a las asociaciones establece que los bienes de las instituciones que fueron despojadas pasarán a ser “propiedad del Estado”.

Los legisladores también arrebataron la personería jurídica a la Asociación Instituto Agropecuario de la Diócesis de Estelí, Asociación de colegios parroquiales de la Diócesis de Estelí, Cáritas diocesana de Estelí y Familia Padre Fabretto.

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Además, fueron canceladas la Asociación Comisión de Justicia de la Diócesis de Estelí, Asociación Centro Cultural Católico del Norte de la Diócesis de Estelí, Michelangelo Foundation, Asociación Pro Desarrollo de Estelí y Asociación de Fomento Creación de Empresarios Graduados.

Los diputados aprobaron el decreto bajo el argumento que cada una de las organizaciones no reportaron los estados financieros y sus juntas directivas, transgrediendo supuestamente la Ley contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.

Miles de estudiantes afectados

El modelo autoritario de Daniel Ortega y Rosario Murillo alcanzó a las universidades, principalmente a aquellas que desde 2018 sirvieron de refugio o de trinchera para miles de estudiantes que protestaron contra el régimen del país centroamericano.

Desde entonces, el régimen ha disminuido de 200 millones de córdobas a solo un millón de córdobas (unos US$28 mil) el subsidio estatal proveniente del 6% que recibía la jesuita Universidad Centroamericana (UCA), recinto que estuvo en el corazón de las protestas, provocando una reducción en las becas que entregaban a estudiantes de escasos recursos.

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En diciembre de 2021, la persecución contra las casas de estudios superiores siguió con la Universidad Hispanoamericana (Uhispam), ligada al empresario Leonardo Torres.

A la Uhispam, una universidad fundada en octubre del 2000 y que desde entonces había graduado a 6,150 profesionales, también se le canceló la personería jurídica.

Durante las protestas de 2018, la Upoli se convirtió en uno de los bastiones más importantes de la lucha cívica, cuando miles de ciudadanos salieron a las calles a exigir la salida de Ortega y Murillo.

Como una medida represiva los diputados retiraron la personería jurídica a la Upoli que tiene recintos en Managua, Rivas, Boaco y Estelí, donde se atiende a más de 8 mil estudiantes y unos 2,500 son becados.

“Ahorita lo principal es ver cómo van a quedar los estudiantes que son los usuarios, lo otro lo voy a ver en su momento, no tengo ni idea de las razones, pero la prioridad es ver ahorita cómo se atiende lo de los muchachos”, dijo a Expediente Público Fanor Avendaño, representante legal de la UNEH, también intervenida.

La UNEH, tiene dos sedes regionales, una ubicada en Jinotepe y la otra en Masaya, donde atendía a 1,200 estudiantes.

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“Yo siempre he dicho que en políticas no hay sorpresas, sino sorprendidos, por lo tanto, no me sorprende, pero tengo que tomarlo con la seriedad y con la madurez del caso. Los estudiantes son nuestra prioridad, vamos a avocarnos inclusive al CNU a ver qué respuesta le dan”, confirmó Avendaño.

CNU sale en defensa de estudiantes

Dos horas más tarde, el Consejo Nacional de Universidades (CNU) emitió un comunicado anunciando que a partir del 2 de febrero “garantizará la continuidad académica y responsabilidades educativas pendientes de solución de lo que fueron estas instituciones de educación superior, con consecuencia de las cancelaciones de sus respectivas personerías jurídicas por el incumplimiento de sus obligaciones y la continua transgresión a las normas legales establecidas”.

El CNU, sin embargo, no explicó el trámite que se les dará a los miles de estudiantes que asistían a esas universidades.

El 27 de enero de 2022, el CNU publicó un comunicado informando la aprobación de una moratoria de 12 meses para la autorización de nuevos proyectos de universidades y centros de educación técnico superior.

“El CNU evaluará y publicará su continuidad o su cancelación, de acuerdo a las necesidades del desarrollo que Nicaragua requiere”, señala el documento. Según el CNU, se ha autorizado hasta la fecha, el funcionamiento de 59 instituciones de educación superior en el país “legalmente constituidas”.

Organismos de derechos humanos: es violatorio

El abogado Gonzalo Carrión, defensor del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, explicó a Expediente Público que el régimen pretende imponer un “modelo de enseñanza y de pensamiento único”.

“Son decisiones inconstitucionales, violatorias del orden constitucional que establece que Nicaragua es una sociedad plural y con participación de iniciativas, incluyendo las privadas”, señaló Carrión.

El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) condenó la situación y afirmó que el régimen a través del Ministerio de Gobernación está aplicando una “estrategia de exterminio generalizado”.

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“Para Cenidh esta es una provocación, un ataque directo y cobarde en contra de la juventud, la misma que se levantó exigiendo justicia, democracia y derechos humanos en abril de 2018”, señaló el organismo que en diciembre de 2018 también perdió su personería jurídica.

Antes de la arremetida contra las universidades el legislativo aprobó cancelar la personalidad jurídica a la Asociación de Cantautores Nicaragüenses, fundada en 1992 por el cantautor nicaragüense Luis Enrique Mejía Godoy; y la Asociación de Ortodoncistas de Nicaragua (AONIC).

Juicios siguen a puerta cerrada

La acción del régimen se ejecutó en el segundo día de los juicios programados contra los presos políticos que permanecen en la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), una cárcel conocida como “El nuevo Chipote”.

El 2 de febrero le correspondió el turno a la opositora Ana Margarita Vijil, integrante de la Unión Democrática Renovadora (Unamos), quien es acusada del supuesto delito de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional.

La opositora fue detenida el 13 de junio de 2021 de forma violenta al mismo tiempo que la exguerrillera Dora María Téllez.

Vijil es abogada, cientista política, activista y defensora de derechos humanos y según han denunciado sus familiares, sufre torturas en la cárcel.

El Cenidh denunció que en el segundo día de juicios contra opositores al régimen de Ortega, también fue notoria la exagerada presencia policial en las afueras del complejo carcelario, y que solo se permitió el ingreso de alimentos para las abogadas defensoras.

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En Nicaragua hay más de 170 presos políticos, y este 1 de febrero el Ministerio Público reactivó los procesos judiciales en contra de las personas detenidos desde mayo de 2021 y que están en “El nuevo Chipote” y bajo arresto domiciliar.

El 1 de febrero, después que los juicios estuvieron suspendidos durante semanas desde noviembre del año pasado, en un solo día se condenó a los presos políticos Yader Parajón y Yaser Muhamar Vado.

El Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más señaló que el resultado es “absolutamente arbitrario, inconstitucional, intimidatorio y nulo”. Este 3 de febrero, la “farsa judicial” como la han denominado los organismos de derechos humanos, continuará con el juicio en contra de la exguerrillera Dora María Téllez.  

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