Juicios Nicaragua opositores Félix Maradiaga Arturo Cruz Juan Sebastián Chamorro

Régimen de Nicaragua condena a los exprecandidatos Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro y cinco líderes opositores más

*Después de siete días de juicios, siete de los principales líderes opositores fueron declarados culpables al igual que ha ocurrido estas semanas con los que adversan contra el presidente Daniel Ortega en Nicaragua.

**Siguen denunciando violaciones de los jueces y fiscales del régimen. En el juicio contra la presa política Evelyn Pinto no permitieron el ingreso de sus familiares ni del abogado de su elección.

*** Régimen condenó a ocho años de prisión a la abogada María Oviedo y a 13 años al exbanquero Luis Rivas.


Expediente Público

Siete de los principales líderes opositores, entre ellos tres precandidatos presidenciales, fueron declarados culpables en Nicaragua después de siete días de juicios en la Dirección de Auxilio Judicial, mejor conocida como “El nuevo Chipote”, ubicado al sur de la capital de ese país centroamericano. El Ministerio Público solicitó una condena de de ocho a 13 años para cuatro de los reos de conciencia.

El juicio contra los precandidatos presidenciales Juan Sebastián Chamorro, Arturo Cruz Sequeira y Félix Maradiaga es hasta ahora el más extenso que se ha desarrollado en “El nuevo Chipote”, desde que el Ministerio Público reactivó los procesos penales contra los presos políticos el pasado 1 de febrero.  

Durante las audiencias en las que también fueron enjuiciadas las opositoras Tamara Dávila y Violeta Granera; el expresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), José Adán Aguerri y el exdiplomático, José Pallais, al menos 27 policías testificaron en contra de los presos políticos.  

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Los juicios, que arrancaron oficialmente el pasado 15 de febrero y se extendieron hasta entrada la noche de este miércoles, se realizaron a puerta cerrada, igual como ocurrió en los anteriores procesos en contra presos políticos.

El Ministerio Público solicitó una pena privativa de libertad de 13 años para Chamorro, Maradiaga, Aguerri y Pallais.

Para el también exaspirante presidencial Arturo Cruz Sequeira la Fiscalía pidió una pena de nueve años y ocho años de prisión para las opositoras Granera y Dávila.

Los siete presos políticos llevados a audiencia llevan detenidos entre 262 y 255 días, es decir más de ocho meses en los que han sido sometidos a diferentes torturas, según denuncias de organismos de derechos humanos y de sus mismos familiares.

La salud de los presos en todo este tiempo ha desmejorado considerablemente. Violeta Granera ha perdido varias piezas dentales, además de bajar su peso corporal por la dificultad que enfrenta para ingerir alimentos.  

Los familiares de Tamara Dávila siguen denunciando que no se le ha permitido una frazada para cubrirse de las bajas temperaturas en la celda donde está encerrada.

Al precandidato presidencial Juan Sebastián Chamorro quien lleva 260 días detenido, no se la ha permitido “ni una carta, ni una llamada, ni una foto”, denunció su esposa Victoria Cárdenas.

Cárdenas, en una publicación desde sus redes sociales, denunció que es una situación “arbitraria, ilegal, dolorosa”, mientras la vida del opositor detenido el 8 de junio de 2021 “corre riesgo cada día que pasa en esa celda”. Chamorro fue declarado culpable el mismo día de su cumpleaños.

Del mismo modo se han violentado los derechos en contra de Aguerri y Maradiaga. Solo Cruz Sequeira y Pallais fueron beneficiados del cambio de medida cautelar de prisión preventiva a arresto domiciliario, pero siguen siendo sometidos a tortura cuando se les obliga a usar el uniforme azul característico de los presos en las audiencias frente al juez. 

Juicio a opositora Evelyn Pinto  

La opositora de 62 años, Evelyn Pinto, también fue llevada a juicio este 22 de febrero. La defensora de derechos humanos cumplió 109 días desde que fue detenida el pasado 6 de noviembre, tras ser acusada por el delito de “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional”. 

A Pinto, una sobreviviente de cáncer, el régimen también la acusa de violar la Ley Especial de Ciberdelitos. 

La opositora, que se ha caracterizado por defender los derechos de la niñez, las mujeres y los pueblos indígenas, fue llevada a los juzgados de Managua para la realización del juicio.  Recibió su primera visita hasta el pasado 21 de diciembre, después que fue trasladada al Sistema Penitenciario de Mujeres “La Esperanza”.  

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Pinto además de ser sobreviviente de cáncer es paciente con insuficiencia renal crónica y padece de hipertensión, por lo que debe llevar un tratamiento riguroso.  

La Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) denunció que el juicio se realizó a puerta cerradas y no se permitió el ingreso de su abogado defensor, ni de un familiar de la presa política.  

“En efecto, le fue negada la entrada al abogado y a su familiar a la audiencia, el juicio estaba programado en el complejo judicial central, no en “El nuevo Chipote”. Todos estos juicios son arbitrarios e ilegales, plagados de nulidades procesales colosales e ilegalidades de todo tipo”, dijo a Expediente Público Juan Diego Barberena, miembro del Consejo Político de la UNAB.  

El Cenidh confirmó que entre los presos políticos que fueron encarceladas durante la cacería que inició el régimen en mayo de 2021, existen 12 personas que son mayores de 60 años, que se acercan a la tercera edad, cuyas vidas corren peligro.  

El régimen, sin embargo, cambió la medida cautelar de prisión preventiva a arresto domiciliar solo a los presos políticos: Francisco Aguirre Sacasa, de 77 años; Arturo Cruz, de 68; y José Pallais Arana, de 68; acusados de “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional”.  

La vida del preso de conciencia, Edgard Parrales, exembajador de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos (OEA), sigue en “peligro”, afirmó el Cenidh. 

El exdiplomático detenido el 22 de noviembre de 2021 se encuentra “preso de manera doblemente ilegal”, señaló el organismo de derechos humanos.  

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A Parrales, le aplicaron la Ley 1060, Reforma y Adición al Código Procesal Penal que estableció 90 días de detención judicial, pero ese plazo ya se venció, denunció el Cenidh.  

“Al no haberle realizado la audiencia preliminar, deben liberarlo de inmediato (…) Su abogado defensor interpuso recurso de amparo que debe ser tramitado de inmediato, además, está suficientemente demostrado que su vida corre peligro”, denunció el Cenidh.  

Violaciones al debido proceso  

El Mecanismo para el reconocimiento de personas presas políticas sostiene en su informe de enero de 2022, que las encarcelaciones en el contexto de las protestas ciudadanas desde abril 2018 han estado marcadas por violaciones a los derechos humanos e infinidad de irregularidades en su proceso.  

Esta organización denunció que en algunos casos hubo uso desproporcionado de la fuerza durante la captura, se han registran detenciones por parapolicías y en otros casos sin orden judicial.  

También hay casos de desaparición forzada por ocultamiento de paradero, incumplimiento de los plazos de acusación y presentación, recursos de exhibición personal declarados sin lugar, negación de información a familiares y defensores, sustracción natural del juez y aplicación desigual de la ley. 

La justicia orteguista siguió emitiendo condenas en contra de los presos políticos. La abogada María Oviedo, integrante del equipo jurídico de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) fue sentenciada a ocho años de prisión.

Al exbanquero Luis Rivas Anduray la justicia del régimen le impuso una condena de 13 años, después de ser encontrado culpable en un juicio a puerta cerrada. Rivas Anduray fue detenido el 15 de junio de 2021.

Régimen no acata resolución de Corte-IDH 

El 22 de noviembre de 2021, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) a través de una resolución, demandó al Estado de Nicaragua la “libertad e integridad personal” de cada uno de los opositores.  

La Corte-IDH además requirió al Estado para que “garantice el acceso de los abogados de confianza de los beneficiarios de las medidas provisionales a la totalidad del expediente seguido en 
su contra y al sistema de información judicial en línea”. 

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Berta Valle, esposa de Maradiaga denunció que fue hasta el primer día de juicio que el opositor conoció a su abogado defensor, el cuarto luego que los tres primeros decidieron exiliarse por las amenazas recibidas. 

Los presos políticos también gozan de medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que fueron otorgadas en diferentes periodos debido a la situación de extrema gravedad en la que se encuentran. 

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